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viernes, 1 de noviembre de 2024 | Última actualización: 11:28

Los populares de l'Alcora denuncia que el Equipo de Gobierno eleva al pleno un paquete de facturas impagadas

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El tripartito que gobierna en l'Alcora elevará al pleno ordinario del mes de abril el tercer paquete de facturas sin consignar que autorizó en el ejercicio 2015 y que no fueron abonadas en tiempo y forma. Por tercera vez consecutiva, Víctor García, alcalde de Compromís, presenta una operación para saldar, en esta ocasión, 160.000 euros en compras y servicios que ejecutadas en 2015 no fueron saldadas durante el pasado ejercicio.

La operación se debatirá en el pleno del lunes 25 de abril, apenas un mes después de que el pasado marzo se presentara otro paquete. En aquella ocasión por 132.292,50 euros. El anterior, el primero de 2016, se tramitó en febrero, y sumó 221.000 euros, ha recordado la concejala del Partido Popular, Merche Mallol.

El gobierno compuesto por Compromís, PSPV y el Grupo de No Adscritos actúa a razón de reconocimiento extrajudicial de créditos por mes. "Enero fue la excepción. A partir de febrero, no hay mes que no se debata en pleno un paquete de facturas que el tripartito ha sido incapaz de pagar en tiempo y forma", ha declarado la regidora.

Para Mallol, "resulta sorprendente que quienes venían a aplicar un nuevo modelo político a la gestión de lo público, funcionen a golpe de compra aunque no paguen en plazo". Ocurrió, tal y como ha relatado la regidora, "con la compra de las butacas del despacho de la alcaldía, que García renovó pese a no tener un euro con el que pagarlas". Y desde entonces, "cada mes nos acompañan facturas pendientes de pago", ha señalado la edil. "Confiamos en que esta no sea la práctica habitual de este gobierno que se erigió en garante de la justicia".

En conjunto, l'Alcora abonará en solo cuatro meses más de 500.000 euros de servicios, compras y recursos que, como las butacas del despacho del alcalde, "se autorizaron sin que se abonara el importe en el periodo establecido". Una forma de gestionar que, en opinión de Mallol, "demuestra la descoordinación e imprevisión del tripartito, la cual afecta directamente a quien presta un servicio o realiza un suministro al consistorio y que esperando cobrar en los plazos establecidos por ley, no recibe importe alguno".