Castellón Información
La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués ha acordado hoy en la junta de portavoces, la unión de los dos textos que el Partido Popular y el PSOE habían elevado al pleno municipal para exigir el pago de la deuda de Villa Elisa.
Finalmente, como ha informado Marqués, la propuesta será una declaración institucional con el respaldo de todos los grupos con representación municipal.
Marqués ha señalado que "tras la reunión que mantuvimos a principios del pasado mes de marzo en Valencia con el secretario autonómico de la conselleria de cultura no hemos vuelto a saber nada de lo que se habló en aquel encuentro en el que se nos prometió que se iba a estudiar la manera de hacer efectiva la deuda que la Generalitat tiene contraída con el municipio desde hace ahora diez años. Por eso no queremos que se quede otra vez en palabras sino que se tomen decisiones y si otros ayuntamientos con problemáticas parecidas han tenido un plan de pagos para ir amortizando la deuda por parte del gobierno autonómico, nosotros también queremos que se comprometa el pago a nuestro ayuntamiento, que para eso adelantamos casi un millón y medio de euros que supone una gran inversión para nuestras cuentas".
Las dos mociones que se habían presentado eran coincidentes en el fondo, con lo cual, han valorado muy positivamente redactar definitivamente un único texto que recogiera todas las sensibilidades y uniera fuerzas frente a la Generalitat que adeuda en estos momentos a Benicàssim un total de 1.452.602 euros. Ante este consenso, el resto de grupos políticos han decidido sumarse a la declaración institucional.
La alcaldesa ha repasado la cronología del proyecto de Villa Elisa “el contrato con la empresa está rescindido, pero ahora queda la deuda y reemprender la rehabilitación de la obra. La deuda pendiente asciende a 1,4 millones de euros que fueron adelantados por el Ayuntamiento. La generalitat paralizó los pagos cuando apenas había llegado a pagar 62.000 euros”.
El texto conjunto, recoge la exigencia a la Generalitat del reconocimiento de la deuda pendiente y que lo haga con la voluntad de abonarla en el plazo de un año. Si transcurrido este tiempo, no se ha hablado de la posibilidad de su devolución o de la elaboración de un plan de pagos plurianual, el Ayuntamiento iniciará el trámite judicial para reclamar la deuda.
Además la declaración institucional recoge también la exigencia de que se retomen la obras o que, en el caso de no querer hacerlo, el ayuntamiento pueda dar por rescindido el contrato y que se el municipio pueda buscar alternativas para la rehabilitación de la villa y su gestión cultural y patrimonial.
