Mercedes Ventura. Diputada autonómica de Ciudadanos por Castellón.
Durante el mes de abril el Consell ha publicado la crónica de una muerte anunciada a la concertada. Era de esperar, ya que lo iban anunciando en diferentes medios, con frases como “los conciertos seguirán existiendo, y en la medida en que haya infraestructuras públicas se irán eliminando” (El Meridiano de l’Horta), entre otras célebres que se pueden ver en la hemeroteca. Efectivamente, el Gobierno del Botánico no ha engañado a nadie, ha cumplido con sus postulados de ir dinamitando la concertada poco a poco, solo hay que mirar el arreglo escolar y la Orden 7/2016 de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes que fue publicada la semana pasada. Estos dos documentos reflejan una clara coacción a la libertad de elección de centro por parte de los padres o tutores. Me gustaría recordarles a los miembros del Gobierno que la libertad de elección no es un privilegio, es un derecho recogido desde leyes internacionales, como puede ser el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (art.13) a leyes nacionales, como la Constitución Española (art. 27) y las diferentes leyes educativas, entre otras.
Es evidente que no podemos hablar de libertad, si no hay capacidad de elección y que ésta tampoco puede existir, si no hay pluralidad de centros con distintos proyectos educativos. Es en este punto, donde coge protagonismo la educación concertada y si hacemos memoria, me gustaría que recordaran quién aprobó la Ley Orgánica reguladora de los Derechos de Educación en 1985, donde se garantizaba el pluralismo educativo y la equidad en España. Entiendo que el PSOE ahora está casado con Compromís y tiene de pareja de baile a Podemos, pero debería ser congruente con sus políticas e historia pasada. En este sentido, se debería valorar el gran trabajo social y educativo que ha hecho la concertada durante muchos años y pensar que si existe demanda social sobre estos centros es porque ofrecen una calidad educativa. Es más, no es ético atacar a la concertada como se está haciendo, indicando que genera guetos o que es la concertada la que elige a las mejores familias. Señores, por ahí no vamos bien.
Si ustedes utilizan esta vara de medir, no es de extrañar que hayan eliminado unidades en la educación concertada como por ejemplo, en los colegios Obispo Pont (Vila-real) y Europa (Valencia), que están haciendo una gran labor social desde hace muchos años. Estos dos centros atienden a un elevado porcentaje de alumnado inmigrante y con una clara desventaja social, así como ofrecen programas de compensatoria para poder dar respuesta a las posibles diferencias que puedan surgir de la desventaja que supone su condición inicial. Lamentablemente, estos colegios están dentro de las 11 unidades que ha suprimido el Gobierno. Aún más, si tenemos en cuenta que tienen una sola línea y eliminamos la de educación infantil, la estamos abocando a su desaparición. Creo que antes de tomar estas decisiones, la mano ejecutora del arreglo escolar podría salir de su despacho y acercarse a estos centros para conocer de primera mano la gran labor social que realizan y así poder valorar. Aunque hagamos esta propuesta extensible a todos los centros concertados, el Gobierno tienen una estrategia a seguir y la concertada no está en sus planes.
Esta estrategia parte por no ofrecer nuevas unidades a la concertada y eliminar unidades de Infantil o primer curso de Primaria para, año tras año, poder eliminar progresivamente el resto de las etapas educativas, hasta la extinción total de la concertada. Puede resultar un dato alarmante, pues lo es, pero peor es pensar en la gran cantidad de trabajadores que se van al paro, y si estos recortes siguen, podemos hablar de miles de empleados en los próximos años. Me gustaría saber qué solución va a dar el Consell a este problema que ha generado, que no contribuye a crear empleo.
Sinceramente, ver para creer, que siendo partidos que apuestan por la libertad, diálogo y consenso no nos han preguntado al resto de los partidos políticos y a la ciudadanía qué modelo educativo valenciano deseamos. Esta conducta me recuerda a la vieja política donde por decreto ley, sin previo diálogo, se aprueban las diferentes medidas o, como se diría en la calle, me recuerda a las políticas de Juan Palomo “yo me lo guiso, yo me lo como”.
