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El Pleno Extraordinario de la Diputación de Castellón ha aprobado hoy una modificación de crédito de 2.320.000 euros en inversiones para dar respuesta a necesidades prioritarias que le habían planteado los municipios de la provincia con el principal objetivo de consolidar población en los municipios del interior como parte de su campaña 'Repoblem'. Así, son 1.503.657 euros los que el Gobierno Provincial destinará a este objetivo prioritario de ayudar a los pueblos a mejorar sus opciones de consolidar población. En respuesta a ello, el portavoz socialista y alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado que llevará a los tribunales las bases que regulan los POYS para que Moliner no discrimine a ningún municipio atendiendo “a criterios políticos”
El diputado de Hacienda, Salvador Aguilella, ha explicado que “estamos haciendo de la Diputación la Administración que todos los castellonenses quieren: más eficaz en su gestión, que reduce la deuda hasta en un 68% y que invierte más, hasta un 10% más de lo que inicialmente habíamos previsto. Y el objetivo clave de esas inversiones es responder a los Ayuntamientos con el objetivo final de mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos y hacerlos los mejores lugares donde nuestros jóvenes y mayores decidan quedarse para desarrollar su vida personal y profesional”.
Con ello, al margen de iniciativas provinciales como la Ruta Arqueológica Provincial, Castelló Ruta de Sabor o cuestiones sociales como un programa piloto de atención temprana con El CAU, esta inversión dará respuesta a cuestiones prioritarias demandadas por los municipios tan diversas como mejoras en la seguridad vial, rehabilitación histórica, adecuación de instalaciones deportivas o reparación de daños ocasionados por lluvias torrenciales. Destaca además la atención a una reivindicación realizada en el último Pleno, con la colaboración en cerca de 6.000 euros con los ayuntamientos de Villamalur y Vallibona en la financiación del transporte colectivo estival de viajeros.
Comprometido con la recuperación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural e histórico de la provincia, el Gobierno Provincial confirma la inversión de 12.500 euros en la segunda fase del Palau Condes de Ariza de Betxí. También invertirá 30.000 euros en la dinamización cultural del Palau Sanjoans de Cinctorres y 30.000 euros en actividades culturales que dinamicen el Castillo de Peñíscola. Además, dota de presupuesto a la Ruta Arqueológica Provincial dirigida a poner en valor los recursos arqueológicos que la Diputación está recuperando en los distintos yacimientos de la provincia.La reparación de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales y aquéllas inversiones dirigidas a mejorar el abastecimiento de agua en casos determinantes centra también parte de las inversiones aprobadas hoy en la modificación de crédito. Así, el Gobierno Provincial colaborará con el Ayuntamiento de Fuente la Reina con una inversión de 50.153 euros en reparar daños importantes en el municipio, así como con Tales, con 20.671 euros, Azuébar con 2.679 euros y Arañuel con 37.658.
La Diputación invertirá además 150.000 euros en la construcción del depósito de agua de Ares y 100.000 euros en el de Tírig. “Son obras poco vistosas pero que resuelven importantes problemas de los ayuntamientos a la hora de propiciar una mejor calidad de vida a sus vecinos”, ha concluido Aguilella.
Por su parte, el PSPV-PSOE ha anunciado, en contraposición a la aprobación de la inyección por parte del Gobierno provincial, que recurrirá en los tribunales las bases que regulan los Planes Provinciales de Cooperación y Obras y Servicios (POYS) de la Diputación para 2016 tras desestimarse en el pleno con los votos del Partido Popular. El recurso de reposición, presentado por el Grupo Municipal Socialista, solicitaba la inclusión de los municipios de más de 20.000 habitantes como potenciales receptores de esta subvención. Al respecto, los socialistas solicitarán la rectificación de las bases al considerar que discrimina a los más de 400.000 vecinos de las ocho localidades con más población de la provincia, ya que algunos ayuntamientos no pueden pedir la subvención y otros no pueden decidir dónde la invierten.
El portavoz socialista en la Diputación, José Benlloch, ha explicado que "ha quedado sobradamente demostrado el criterio partidista y político que ha guiado a Javier Moliner a dejar fuera de las ayudas a los habitantes de los municipios de más de 20.000 habitantes, ya que no se incumple ninguna ley si se permite a estas localidades solicitar la subvención, tal y como defiende el PP". El dirigente socialista ha denunciado que "mientras las diputaciones de tres provincias cercanas como son Alicante (PP), Valencia (PSPV) o Tarragona (CDC) no hacen distinciones entre sus vecinos e incluyen en el plan a todos sus vecinos, en Castellón este año, después de que el PP perdiera las elecciones de 2015 en los ocho municipios de más de 20.000 habitantes, es el primer año que se da esta situación".
Al respecto, Benlloch asegura que el PSPV continuará defendiendo "los intereses de todos los vecinos de la provincia con el objetivo de evitar este agravio entre unos ciudadanos y otros motivado por criterios políticos". El recurso que presentará el Grupo Socialista expone que las bases presentadas "vulneran los principios de igualdad entre las personas que contempla la Constitución Española" y también "incumplen los principios de libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación" del artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones de 38/2003 de 17 de noviembre. José Benlloch recuerda que el PP basa su defensa en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, argumentando que la Diputación debe de trabajar para los municipios de menos de 20.000 habitantes, "pero lo que hace, exactamente esta normativa --explica el portavoz socialista-- es imponer una obligación a la Diputación para que preste determinados servicios a localidades menores de 20.000 habitantes, pero en ningún momento excluye a ningún municipio ni a ningún vecino de poder optar a las subvenciones que otorgue la institución provincial, ya que el resto de competencias de la Diputación no pueden estar sujetas al límite poblacional y ésta debe prestar sus servicios en igualdad de condiciones para todos sus ciudadanos", mantiene Benlloch.
