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El tripartito que gobierna en Burriana conoció el 5 de noviembre y 11 de diciembre de 2015 el fallo de dos sentencias que le obligaban a pagar 1.062.3.801 euros por la expropiación de unos terrenos. Cuatro meses más tarde, el 7 de abril de 2016, la misma coalición de gobierno decidió gastar 974.006,07 euros en "proyectos personalistas" en lugar de "pagar las sentencias que habían dictado los tribunales".
El grupo municipal del Partido Popular en Burriana ha puesto de manifiesto estos hechos para reprobar la "irresponsabilidad" de una amalgama de partidos "que antes de saldar las deudas del consistorio cuando tienen fondos, deciden concertar un préstamo e incrementar la deuda solo porque no quieren renunciar a su cuota de protagonismo y lucimiento personal. Eso sí, a costa de todos los vecinos de Burriana".
"Sabían que debían pagar estas sentencias. Eran conocedores de las mismas desde el pasado 5 de noviembre y 11 de diciembre, con un auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y una sentencia de la Sección Sexta de esta misma sala, respectivamente. Por tanto, no entendemos cómo, este pasado abril, con los fondos disponibles, ignoraron la sentencia para, ahora, incrementar la deuda a todos los vecinos".
Fuster ha reconocido que "hubiéramos entendido que los 974.006 euros que en ese pleno se aprobaron hubieran ido destinados a bajar impuestos, atender la emergencia social y generar empleo. No criticaríamos ahora esta intervención". Sin embargo, "lamentablemente hoy se constata que fue una irresponsabilidad generar esta situación puesto que no solo no dedicaron ni un solo euro a políticas sociales, sino que los malgastaron en proyectos innecesarios".
Esta medida ha provocado que ahora el tripartito anuncie el incremento de la deuda municipal. "Van a concertar un préstamo de un millón de euros para pagar un Justiprecio que podríamos haber saldado el pasado abril". Sin embargo, "en lugar de hacerlo, ahora vamos a generar una carga más sobre Burriana que veremos qué consecuencias provoca sobre la sostenibilidad económica y el control de la regla del gasto, esa que la concejala de Hacienda, Cristina Rius, dice que 'se nos obliga desde arriba'", ha explicado Fuster.
Cabe señalar que Fuster ya advirtió de esta situación en pleno. "Les reclamamos que realizaran una gestión responsable de los fondos de todos los vecinos, que no gastaran a manos llenas y que, sobre todo, invirtieran en los ciudadanos, generando ahorros en las economías domésticas". Sin embargo, "tememos que la nueva política social que el gurú del PSPV en la provincia de Castellón, José Benlloch, ha impuesto a Vila-real, incrementando el 9,5% del IBI a los vecinos, se traslade ahora hasta nuestra ciudad y provoque más gasto a los vecinos por la incapacidad del tripartito. La misma que ya va a provocar más deuda a todos los contribuyentes".
