Castellón Información
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se han reunido esta semana en Valencia para buscar nuevas formas de optimización de los recursos patrimoniales de ambos organismos. Según fuentes municipales, concretamente se ha abordado la situación del edificio de la Generalitat ubicado en la plaza Borrull, que durante años albergó la antigua Audiencia Provincial. Tras el traslado de la sede judicial a la Ciudad de la Justicia del Pau Gumbau en el año 2006, el edificio quedó en desuso y en estos diez años las instalaciones se han deteriorado a pasos agigantados. El objetivo de ambas instituciones es volver a poner en valor esta edificación, ubicada de forma estratégica en el centro de la ciudad, junto a un aparcamiento subterráneo y una vía principal de acceso como es la avenida Hermanos Bou.
De esta manera, durante la reunión, se ha puesto de manifiesto una visión conjunta de todo el patrimonio público propiedad tanto de la Generalitat como del ayuntamiento, con el objetivo de buscar nuevas formas de aprovechamiento de los inmuebles disponibles que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Para ello, se ha acordado crear una comisión mixta que estudie la cesión del edificio al ayuntamiento, con el objetivo de concentrar en estas instalaciones todas las dependencias municipales existentes, que ahora mismo se hayan distribuidas entre varios edificios repartidos por la ciudad, por los que el ayuntamiento debe pagar un alquiler.
Por su parte, la alcaldesa ha mostrado su satisfacción por la predisposición de la conselleria a estudiar esta posible cesión y ha destacado que “trasladar las dependencias municipales al Edificio de Borrull supondría una gran mejora del servicio que ofrecemos a los ciudadanos, ya que centralizaríamos todas las gestiones en un único punto”. Así mismo, aunque la rehabilitación y adecuación de este inmueble requiera realizar una inversión, Marco ha destacado que “a largo plazo también comportará el ahorro de numerosos alquileres que ahora mismo se están pagando para poder albergar los diferentes servicios administrativos”.
Asimismo, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha subrayado la “excelente sintonía” con el Ayuntamiento de Castellón para estudiar conjuntamente una cuestión “que debería ser obligatoria para todas las administraciones públicas, como es la optimización del patrimonio adscrito a todas las instituciones mediante, en su caso, la colaboración y los acuerdos”. “Hay que sacar el máximo provecho a todo el patrimonio de las instituciones, que es de los valencianos. Los responsables públicos gestionamos ese patrimonio por delegación de los ciudadanos y nuestra obligación es optimizar su utilización. Hay que pensar en los valencianos, no en las administraciones”, ha recalcado Soler.
"Cambio drástico" en la gestión del patrimonio público respecto al anterior Consell
El responsable de Hacienda ha afirmado que se ha producido un "cambio drástico" en la gestión del patrimonio público con el fin de “introducir criterios de racionalización”, frente a la política del anterior Consell, que utilizó los bienes de la Generalitat para “falsear las cuentas”, en lo que supuso “el mayor fraude presupuestario en la historia de la Generalitat”. “En los presupuestos de 2015 había 1.800 millones en ingresos falsos, de los que 400 eran por venta de inmuebles; solo se vendieron bienes por 300.000 euros. Esos mismos inmuebles sirvieron para cuadrar los últimos tres presupuestos, 1.200 millones falsos que llevaron a los recortes y a los copagos del PP”, se lamentó Soler, quien ironizó: “Sin duda el mayor pelotazo inmobiliario se dio en los despachos del Consell del PP”.
Para finalizar, el titular de Hacienda contrapuso esa situación con la política del actual Consell, en la que “ya no se utiliza el patrimonio para hacer presupuestos fraudulentos, sino que se analiza y se busca el mejor aprovechamiento, con el fin de obtener un ahorro de decenas de miles de euros en alquileres y una mejora sensible en la prestación de los servicios a los ciudadanos, que ven cómo los servicios administrativos pueden concentrarse en una sede, evitándoles desplazamientos y pérdidas de tiempo”.
