El TSJ de Castilla-La Mancha rechaza los recursos de casación interpuestos por el gobierno autonómico y confirma la sentencia por la que los afectados deberán cobrar 60 millones de euros más, ya que los expropiados por la construcción del aeropuerto de Ciudad Real tienen que cobrar su suelo a 12 euros el m2 y no los 0,6 euros la tierra secano o los 1,2 por las de regadío, por haber valorado el suelo como rústico y no industrial. El portavoz de Compromís, Carles Mulet, afirma que esta resolución es sobre un caso idéntico a lo que pasó con el aeropuerto de Castellón.
El aeropuerto de Ciudad Real siempre ha tenido una historia paralela con el de Castellón, y hay que recordar cómo desde hace una década los propietarios del suelo de Vilanova d'Alcolea y Benlloch también vienen reclamando, porqué aquí también se les pagó entre 1,9 y 2,5 euros el metro cuadrado al calificarlo también como rústico y no industrial, el coste actual fue de 11 millones de euros; por ese motivo, según Mulet, se tendría que reabrir el caso de las expropiaciones de Castellón, al tener ya jurisprudencia de un caso idéntico donde se da la razón a los vecinos.
Según el portavoz ecosocialista “que ahora algún propietario pudiera cobrar hasta 10 veces más por su suelo, quien acabaría pagándolo, como en el caso de Ciudad Real, sería la administración, pero hay que recordar que estamos hablando de gente a la cual se le quitó la propiedad de un terreno, por un precio de mercado que no era obviamente el que tenía; ahora nadie sabe el valor real que pueda tener el terreno donde se ubica el aeropuerto, cuando están desnortados intentando deshacerse de él, pero hay que recordar que junto a él hay una zona también afectada para destinarla potencialmente como industrial o comercial, sea como fuere, el precio no era ni es ahora, de 1,9 o 2,5 euros m2, y ni los libios ni nadie ha sacar beneficio a costa de los propietarios del suelo".
Mulet recuerda que el TSJ valenciano no dio la razón a los propietarios por un caso idéntico, y por lo tanto, ahora se tendría que revisar la situación castellonense en base a lo que ha dictaminado el TSJ manchego, "puesto que el caso es idéntico".
