En el 2019, se han liquidado más de 600 millones de euros a grandes patrimonios, un 75% más que en el ejercicio anterior
Castellón Información
La Agencia Tributaria ha incrementado sensiblemente el resultado de sus actuaciones de control sobre los grandes patrimonios de personas físicas en 2019, de tal forma que el pasado año logró liquidar deuda por un importe de 608 millones de euros, un 75% más que en el ejercicio anterior, elevando también (+78%) el número de expedientes finalizados (880), de forma que en dos años se acumula ya un incremento del 156% en los expedientes cerrados sobre este colectivo de grandes fortunas. La evolución del cumplimiento voluntario del colectivo de contribuyentes con mayores fortunas también muestra un potente efecto inducido de las actuaciones de control, dado que en 2019 sus bases imponibles en IRPF han crecido un 16% interanual y sus cuotas un 13%.
Crecen las actuaciones inspectoras
Estos resultados forman parte de un nuevo modelo de medición de la actividad de comprobación que efectúa la Agencia, un modelo que, desde hace dos años, supera la tradicional división entre control intensivo y extensivo para situar el análisis en el ámbito de la tipología de las actuaciones, dando así prioridad a la selección de riesgos fiscales y a la utilización de un procedimiento u otro (intensivo o extensivo) por criterios de eficiencia. En su segundo año en vigor, por tanto, este nuevo modelo de medición permite ya realizar comparaciones interanuales para cada uno de los nuevos epígrafes de actuaciones. En conjunto, la Agencia realizó más de 1.664.000 actuaciones de control sobre tributos internos en 2019, lo que supone un 5,6% más que el año anterior, de las cuales más de 1.613.000 (+5,3%) son actuaciones de comprobación y más de 51.000 son actuaciones de investigación y de carácter auxiliar (14,6% más). De esa cifra global de comprobaciones, 29.631 actuaciones nominales (+7,3%) se dirigieron a grandes empresas, patrimonios de personas físicas, abusos societarios y economía sumergida, consumiendo este tipo de actuaciones un elevado número de recursos, caracterizados, además, por su alta cualificación. En concreto, la Agencia realizó 20.144 actuaciones sobre grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales (un 8,6% más), 2.447 comprobaciones en materia de análisis patrimonial y societario (+1,2%) y 5.241 en relación con la ocultación de actividad y el abuso de formas societarias (4,7% más).
Catálogo de 570 proveedores de grandes fortunas
Paralelamente al incremento de liquidaciones sobre grandes fortunas implementado por los distintos ámbitos territoriales del control inspector de la Agencia, en su primer año completo de funcionamiento, la nueva Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes está desarrollando una serie de proyectos para seguir reforzando y actualizando los sistemas de control sobre el colectivo. Ejemplo de ello es la creación de un catálogo de más de 570 proveedores de bienes y servicios de lujo que la Unidad ha considerado que pueden asociarse a contribuyentes con muy alta capacidad económica (clubes privados; gestores de inversión de grandes patrimonios; joyerías, galerías de arte y casas de subastas; centros de ocio, etc).
A partir del análisis de estos proveedores, la Unidad obtiene información que está resultando muy útil para detectar los destinatarios directos de esos bienes y servicios de lujo y, una vez detectados, aflorar irregularidades fiscales de grandes fortunas y también patrimonios directamente ocultos detrás de sociedades instrumentales, a efectos tanto de regularizar los incumplimientos como de asegurar el cobro de las deudas por parte del Área de Recaudación.
El control a partir de información de cuentas en el exterior
En los últimos años, las distintas administraciones tributarias han visto reforzada su capacidad de acción sobre las rentas no declaradas a partir de las sucesivas directivas europeas de intercambio automático de información (‘DAC’), los mecanismos estandarizados a nivel OCDE y otros acuerdos. Tras la necesaria labor de depuración y consolidación de la información, la Agencia Tributaria puede comenzar a ofrecer resultados cuantitativos de la consiguiente labor de control. En este sentido, el control inspector sobre contribuyentes de los que se ha recibido información sobre cuentas financieras en el exterior a través de la directiva europea ‘DAC2’, el estándar CRS de la OCDE y el acuerdo ‘Fatca’ con EEUU ha permitido liquidar en tres años más de 435 millones de euros a 1.200 contribuyentes, de los cuales 293 millones se han concentrado en 2019. De manera complementaria, el pasado año se han impulsado los controles extensivos sobre rentas comunicadas a través de una directiva europea anterior, la denominada ‘DAC1’, información que la Agencia venía utilizando hasta ahora especialmente para fomentar el cumplimiento en periodo voluntario de declaración de IRPF a través de los ‘avisos’ en datos fiscales. En esta otra fase, la de la comprobación gestora, las actuaciones realizadas han generado liquidaciones de la Agencia y declaraciones extemporáneas de los contribuyentes por un importe conjunto de más de 55 millones de euros a través de más de 26.000 expedientes.
Tarjetas ‘offshore’
Por otra parte, la información recabada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sobre utilización de tarjetas emitidas en el exterior (‘tarjetas offshore’) ha permitido a las distintas dependencias territoriales de la Agencia liquidar deuda por importe de 58 millones de euros en 2019 y un total de 79 millones desde 2018. Además, el año pasado se han dado de alta expedientes que afectan a 57 contribuyentes con tarjetas ‘offshore’ y que ofrecerán resultados adicionales en el futuro. También dentro de las actuaciones más relevantes un año más se encuentran las que se realizaron en el ámbito de la fiscalidad internacional, y muy especialmente aquellas que contaron con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. En 2019, la ONFI participó en 76 comprobaciones inspectoras finalizadas, que dieron lugar a ajustes en base imponible estimados en 1.840 millones de euros. A su vez, la ONFI ha participado en la gestión de 25 Acuerdos Previos de Valoración (APA) con resultado estimatorio que suponen garantizar a futuro bases imponibles por un importe de más de 2.100 millones de euros.
Lucha contra la economía sumergida
La Agencia, al mismo tiempo, ha seguido manteniendo una intensa actividad de control para aflorar la actividad económica oculta. En 2019, realizó 2.927 actuaciones inspectoras bajo distintos programas de comprobación (las ya mencionadas 1.799 en el ámbito del control de actividades económicas y el resto en otros programas) en las que descubrió ventas ocultas, regularizando cuotas por un importe de 674 millones de euros. En esta lucha contra la economía sumergida continúan jugando un papel esencial las Unidades de Auditoría Informática (UAI), que en 2019 participaron en 2.181 entradas y registros (13,9% más), con volcados informáticos que facilitan el descubrimiento de rentas ocultas, permiten mejorar la obtención de pruebas y reducen la duración de las comprobaciones. Las actuaciones de estas características dieron como resultado en 2019 la regularización de cuotas y sanciones por importe de 302 millones de euros a través de 5.466 actas de inspección a contribuyentes que previamente han sido objeto de intervenciones con las UAI.
Esta actividad afecta a actuaciones atomizadas por todo el territorio nacional, incluyendo entre ellas las que se realizan en el seno de las grandes macrooperaciones coordinadas con entradas y registros que se vienen desarrollando para el descubrimiento de actividad económica oculta y la detección de software de ocultación de ventas en sectores concretos de actividad. Como consecuencia de estas macrooperaciones desarrolladas en los últimos años, en 2019 la Agencia liquidó cuotas tributarias por importe de 76 millones de euros, elevando el balance global de este tipo de actuaciones hasta los 267 millones de euros liquidados a través de más de 1.200 expedientes del Área de Inspección. Todas estas actuaciones de comprobación inspectora en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida se complementan con el plan de visitas. En 2019 la Agencia realizó más de 30.700 actuaciones presenciales (‘peinados’) destinadas al control in situ en sectores y ámbitos de riesgo fiscal.
Afloramiento de alquileres sumergidos
Otro capítulo de especial relevancia en el terreno de la lucha contra la actividad no declarada es el control de alquileres sumergidos, donde sigue destacando el efecto inducido que está suponiendo el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del Impuesto sobre la Renta.
En cuatro años, estos avisos han generado un incremento de más de 228.000 declarantes (el 40% del incremento total de declarantes de rendimientos inmobiliarios en el periodo), con una mayor base imponible declarada de más de 2.600 millones de euros (que explicaría el 47% del aumento total de los rendimientos inmobiliarios del periodo).
Resultados del Área de Recaudación
Dentro del área de Recaudación, se han seguido impulsando las actuaciones más cualificadas para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias. En este sentido, se realizaron 23.552 derivaciones de responsabilidad, más del doble que el año anterior. Paralelamente, el importe de las deudas de deudores principales exigidas a terceros se ha duplicado también, hasta alcanzar los 2.280 millones de euros. A su vez, en 2019 se tramitaron 611 expedientes (un 74% más) de prohibición de disponer de inmuebles de sociedades cuyas participaciones o acciones han sido mayoritariamente embargadas por pertenecer a un deudor, y se realizaron 1.614 requerimientos de información o embargo a autoridades extranjeras para el cobro de deudas, un 78% más que en 2018.
Por otra parte, durante el pasado año también se desarrollaron las habituales labores de control de impuestos especiales y medioambientales, control aduanero y en materia de contrabando, narcotráfico, blanqueo y otros delitos económicos. Al mismo tiempo, se ha mantenido la actividad habitual de colaboración con la justicia y con otras administraciones en el ámbito nacional e internacional, y se ha impulsado la prevención del fraude mediante las herramientas de información y asistencia y los foros cooperativos en los que participa la Agencia Tributaria.
