Bajo el lema 'La muerte tiene un precio', han exigido una PAV más mediterránea y mejores condiciones para el sector vinícola
Castellón Información
Una representación de agricultores de La Unió de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, junto a los de varias comunidades autónomas convocados por su organización estatal Unión de Uniones, se ha concentrado hoy a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid para reclamar un futuro digno para el campo valenciano, por una PAC más mediterránea y exigir medidas para el sector vitivinícola.
Durante la concentración, se ha dejado a las puertas del ministerio, símbolo de la agonía del campo, unas cajas de uvas verdes, así como unas cepas secas y restos de olivo. Igualmente, se ha procedido a serrar dos olivos centenarios secos y se ha hecho al ritmo de la banda sonora de “La Muerte Tenía Un Precio”, para demostrar todas las consecuencias del abandono de las explotaciones por la crisis.
La Unió reclama la puesta en marcha de la vendimia en verde para controlar la oferta de uva, ahora que está la vendimia a la vuelta de la esquina y que es mucho más efectivo que la destilación en crisis. Igualmente, propone, como ya hiciera en otras ocasiones, reasignar fondos del PASVE de un ejercicio para el siguiente y que las medidas incluidas en este plan recaigan en el viticultor profesional.
La organización agraria, tras varias peticiones de medidas extraordinarias para el sector del vino, ha decidido dar un paso más y presentarse en las puertas del Ministerio, convocando esta concentración que, posteriormente, coincidiría con la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura de las CCAA y el ministro para negociar la PAC. En este sentido, La Unió señala que la aprobación de la PAC en sus términos actuales podría suponer la pérdida de aproximadamente unos 138 millones de euros para los agricultores y ganaderos valencianos hasta el año 2027.
Además de este recorte, conllevará una pérdida de competitividad de las explotaciones en la Comunitat Valenciana y menores rentas para los productores, aparte de no garantizar que se tengan en cuenta las peculiaridades de la agricultura mediterránea como había afirmado reiteradamente el ministro de Agricultura, Luis Planas, ni que las importaciones cumplan con los estándares productivos que la Unión Europea exige a sus propios productores.
La Unió considera que, tal y como se ha planteado el acuerdo, con los nuevos topes del 25% para ecoesquemas y el 35% del segundo pilar a fines ambientales, se refuerza mucho más de lo que se debería la ambición verde de la PAC, lo que supone mayores exigencias para los productores y, por lo tanto, significan unos costes de producción más altos. En este sentido, desde la organización se recuerda que la PAC ya era, antes del acuerdo, la política europea que más contribución presupuestaria realiza al objetivo climático.
También señala, además, que en la vigente PAC los mecanismos de regulación del mercado han funcionado de manera muy deficiente en los casos de distorsiones de los mercados y que no han dado respuesta eficaz a las graves crisis que han sufrido, y aún sufren, muchos sectores. La Comisión Europea no ha sido capaz de establecer ninguna medida de distorsión de mercado en los diferentes sectores agrarios valencianos en crisis, a pesar de tener dinero para ello. En este sentido, y a modo de ejemplo, cabe recordar la desastrosa campaña citrícola de hace tres años, las reiteradas crisis del sector de la fruta, la viña, aceite de oliva, frutos secos y ganadería.
La organización valora que la pérdida de competitividad derivada de los mayores estándares ambientales y de todo tipo a los que se condiciona la producción europea, sitúa a los agricultores y ganaderos en situación de desventaja frente a otras potencias agrícolas de terceros países, cuya competencia desleal se favorece desde la propia Unión Europea a través de tratado y acuerdos de libre comercio, sin respetar los principios de reciprocidad ni exigir a las mercancías importadas nuestras mismas normas.
Carles Peris, secretario general de La Unió, ha indicado que “las rentas de los profesionales del sector agrario deberían provenir prioritariamente, no de las ayudas, sino del mercado; pero es que encima las recortan las pocas que recibimos, nos imponen condiciones que aumentan nuestros costes, desmantelan los mecanismos de regulación de los mercados y nos ponen, por si todo lo demás no fuera ya suficiente, a competir en inferioridad con terceros países”.
