Una vez que se haya aprobado con carácter definitivo el expediente de derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos, la solicitud de certificados u otro tipo de documentos no estará gravada por tasa alguna.
Las certificaciones de actividades, las tributarias o los certificados de empadronamiento o bienes, que tenían un coste de 10,30 euros, pasarán a ser gratuitos. También lo serán los informes de kilometraje para ayudas de transporte escolar, que tenían un coste de 6,18 euros, además de la expedición de copias de documentos obrantes en expedientes tramitados por el consistorio.
Asimismo, cualesquiera otros certificados e informes a favor del interesado que requirieran actividad administrativa municipal no comprendidos en los citados anteriormente, y que tienen un coste de 10,30 euros, también serán gratuitos una vez se apruebe con carácter definitivo la derogación de la ordenanza.
El alcalde del Ayuntamiento de Almassora, Vicente Casanova, elevará al próximo pleno ordinario de la corporación la supresión de la tasa por expedición de documentos administrativos aprobada provisionalmente el 3 de noviembre de 2008 y que entró en vigor el 1 de enero de 2009. La medida es la primera que Casanova adopta en el marco de su plan para de reducción de la presión fiscal al ciudadano que, tal y como anunció hace escasos 10 días, no solo pretende quedar congelada en el caso de impuestos por tercer año consecutivo, sino que en lo relativo a tasas, prevé la eliminación de algunas y la drástica reducción de otras.
El primer edil del Ayuntamiento de Almassora se ha marcado como objetivo el apoyo a las economías domésticas después de haber liquidado la sentencia por la anulación del Plan Especial de Reserva de Suelo (PERS) de la avenida Generalitat. Una indemnización millonaria, 8.194.375,15 euros, “que una vez hemos pagado, en tiempo y forma, el pasado 17 de julio, tal y como nos ha marcado el TSJ-CV en su auto, y una vez conocemos cuál es el estado de nuestra economía, nos permite emprender medidas que repercutan positivamente sobre las familias”, ha considerado el alcalde.
“Hubiera sido una irresponsabilidad por nuestra parte comprometernos a suprimir tasas o estudiar la reducción de impuestos sin conocer el importe final que debíamos abonar por esta sentencia”. Así las cosas, “una vez no solo hemos conocido el importe sino que, además, hemos sido capaces de hacer frente a la suma, estamos en disposición de aplicar las medidas que espera cualquier contribuyente en un estado de crisis como el actual”.
Y la primera se adopta a la semana siguiente de pagar la sentencia. El primer edil ha anunciado que en el próximo pleno de la corporación, que tendrá lugar el 9 de agosto, la alcaldía elevará al debate el expediente de derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos.
Su entrada en vigor, el 1 de enero de 2009, quedará anulada, previsiblemente, este mismo ejercicio, toda vez que el pleno apruebe con carácter provisional la medida. Cumplido este trámite, el expediente de derogación deberá exponerse al público para su aprobación definitiva que, se adoptaría de forma inmediata siempre que no se recibieran alegaciones y, en este caso, requiriera de un acuerdo de pleno posterior.
Así las cosas, Casanova confía en que durante el otoño la ordenanza haya sido suprimida y los vecinos se beneficien de esta primera medida económica. Una iniciativa “que adoptamos en una situación socioeconómica que nos obliga, como principal objetivo, a reducir las cargas sobre los contribuyentes al tiempo que a promover la búsqueda de respuestas, sobre todo en materia de empleo y emergencia social”. En opinión del alcalde, “no es el momento de grandes proyectos ni infraestructuras. Es el momento de reducir la carga fiscal sobre el contribuyente, que asumiremos por tercer año consecutivo, y de eliminar tasas o reducirlas, así como estudiar la rebaja de impuestos, como nos hemos comprometido a hacer con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)”.
