Castellón Información
El Ayuntamiento de Almassora dio licencia de obras para ampliar el instituto Álvaro Falomir en 2010 sin haber cedido previalmente el solar a la Generalitat Valenciana. Así lo ha trasladado la jefa de servicio de la Dirección Territorial de Educación, María José Palmer, al equipo de gobierno. Palmer ha exigido el traspaso de la titularidad del terreno en el que estaba ubicado el antiguo colegio Errando Vilar para poder iniciar los trámites de la ampliación del IES.
El encuentro entre Palmer, la primera teniente de alcalde, Merche Galí; la concejala de Urbanismo, Carmina Martinavarro; y los técnicos de las dos administraciones evidenció que el Ayuntamiento de Almassora concedió licencia para ejecutar las obras sin que se hubiera producido la cesión de los 5.648,64 metros cuadrados de la parcela que ocupaba el colegio Errando Vilar.
En este sentido, “lo primero que nos exige la Conselleria de Educación es que cedamos la parcela de la parte posterior del instituto donde está proyectada la ampliación”, según Martinavarro. Es el espacio que antaño ocupó el colegio Errando Vilar, derrumbado en abril de 2015, tres semanas después de que un menor se precipitara entre las ruinas. De hecho, los 36.990 euros del coste de la demolición corrieron a cargo del Ayuntamiento de Almassora porque la Conselleria de Educación se desentendió en aquel entonces de los trabajos al defender que la parcela no constaba en su inventario. El consistorio no demostró lo contrario ante el gabinete autonómico en su día y acarreó con los costes.
En la actualidad, los servicios técnicos municipales tampoco han encontrado en los archivos ningún documento que certifique la cesión de los terrenos. Únicamente consta el acuerdo de la junta de gobierno del 27 de febrero de 2010 para conceder licencia de obras a la Generalitat Valenciana para la ampliación del IES sobre la base de un proyecto básico. Tres meses después el Consell adjudicó la redacción del proyecto y dirección de obra por 192.780,03 euros, una iniciativa que no se materializó en la ampliación real.
Ahora los servicios territoriales valoran la posibilidad de que la Conselleria de Educación modifique ese proyecto inicial si no se ajusta a las necesidades actuales. La intención es que el centro no se masifique, sino que sirva para acabar con los más de 15 años de actividad en aulas prefabricadas y tenga capacidad suficiente para albergar, además, a las primeras promociones del colegio Santa Quitèria, que también funciona en barracones desde 2010.
Por este motivo, los servicios urbanísticos han comenzado los trámites para transferir la titularidad de la parcela situada en la parte trasera de los bloques del instituto, un proceso que tiene que certificar que el solar se adecúa a las pretensiones de la Generalitat Valenciana, ya que de lo contrario ésta no aceptaría la cesión.
