“Hemos reunido en 6 meses 8,3 millones de euros que pondrán fin a 10 años de demagogia”. Vicente Casanova, alcalde de Almassora, ha valorado el acuerdo que ayer adoptaba el pleno de la corporación con el único apoyo del equipo de gobierno del PP y que permitirá realizar una modificación de créditos que pondrá fin a un litigio abierto en los tribunales en el mandato 1999-2003.
“Las indemnizaciones que ahora pagaremos son la consecuencia de la imposibilidad de devolver unos terrenos cuya aprobación provisional fue respaldada el 17 de febrero de 1997 por la corporación, es decir, por los dos grupos políticos que ayer decidieron no respaldar el pago de la sentencia”, ha explicado Casanova, para añadir que “de ser por ellos, los afectados no cobrarían y, lo más grave, el Ayuntamiento de Almassora incumpliría el auto de 17 de enero de 2013 por el cual se obliga al municipio a abonar la suma a los afectados en el plazo de seis meses”.
El desarrollo de este sector, que ha permitido que Almassora cuente con una piscina climatizada, una residencia de la tercera edad y un instituto, el IES Vila-Roja, amén de una de las vías de acceso principales a la población, la avenida Generalitat, se tramitó a través de un Plan Especial de Reserva de Suelo planificado por los servicios técnicos municipales de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas por la Generalitat Valenciana. “Finalmente, los propietarios, decidieron recurrir ante la Justicia el desarrollo de este programa y los tribunales les dieron la razón”.
En este procedimiento, “hemos escuchado de todo”. “El PSPV llegó a afirmar que me reclamaría responsabilidades penales por el pago de esta sentencia y el Bloc, por su parte, reivindicó que se negociara con los afectados antes de seguir la vía judicial”. Pero, tal y como ha indicado Casanova, “lo más curioso de este caso es que el primer recurso ante el Tribunal Supremo fue presentado por los dos grupos que ahora no han querido respaldar la modificación de créditos que permitirá liquidar las indemnizaciones”. “Resulta paradójico que quienes nos han reclamado negociar de formar reiterada con los afectados, no utilizaran esta fórmula para resolver un litigio que ellos mismos decidieron abrir con la presentación del primer recurso en el año 2002”.
El pago del primer importe de las indemnizaciones se produjo en el año 2004, ya durante la etapa de gobierno de Vicente Casanova. El Partido Popular accedió a la alcaldía en 2003 y un año después abonó la primera suma por sentencia firme a los afectados, un importe de 2,1 millones de euros. “Si tan claro tenían que los afectados debían cobrar, nos preguntamos primero por qué recurrieron la sentencia y, segundo, por qué no se sentaron con los afectados, como nos han venido reclamando, para anular el procedimiento judicial”.
La postura del PP sobre este particular “siempre ha sido clara: Somos gestores municipales, administramos los bienes de un pueblo, de todos sus ciudadanos, y como tal, tenemos la obligación de agotar la vía judicial hasta donde nos permita la ley en defensa de los intereses comunes”.
De los 32 millones a los 7,9
El litigio que Almassora prevé cerrar el próximo julio, se ha extendido por más de una década. “Muchos años en los que hemos tenido que escuchar absolutas barbaridades”. “Utilizando la más burda demagogia, el PSPV habló de 32 millones, para luego rebajarlos a 24 y a 17 millones, tal y como se publicó en su boletín Arguments Socialistes, de mayo de 2011”. A las puertas de las elecciones, “el PSPV daba por firme una sentencia que no lo era, y alarmaba a la población con una cifra que provocaría la ruina municipal, la quiebra y la mayor vergüenza, tal y como señalaban en su publicación”.
Sin embargo, la cifra que los socialistas situaban en 17 millones finalmente se ha reducido a 7,9 millones de euros (7.857.328,83 euros de principal y 480.688,18 euros de intereses a 17 de julio de 2013), “menos de la mitad”. “Y ahora nos preguntamos qué constituye la mayor vergüenza, como ellos mismos declaraban”.
Por su parte, el que fuera socio de gobierno del PSPV, el Bloc, que “tanto nos ha reclamado negociar con los propietarios, nos preguntamos por qué ellos no lo hicieron cuando tenían responsabilidades de gobierno, si es que tenían clara la cifra que habían de pagar”. “Y no solo eso, sino que ahora, además, en el momento de aprobar el pago de la misma, deciden no respaldar una modificación que completará los fondos para saldar la deuda con los afectados”.
“Ha quedado evidenciado que Almassora, de ser por ellos, no solo no pagaría a los propietarios, sino que además, y es lo más grave, incumpliría una sentencia judicial dictada por el TSJ que nos obliga a abonar el importe de las indemnizaciones el próximo 17 de julio”, ha lamentado el alcalde de Almassora.
