El Gobierno municipal de Castellón afirma que ha frenado la escalada tributaria del PP que fue lesiva para la ciudadanía
Castellón Información
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, refrenda la voluntad del Gobierno municipal de mantener para 2019 el modelo de fiscalidad municipal de manera que la carga económica para la ciudadanía se distribuya según criterios de justicia y progresividad fiscal. Desde el primer momento, recuerda, este ha sido el objetivo: pagar de acuerdo con la capacidad económica de las personas, dentro de la rigidez de las leyes estatales.
"El Ayuntamiento es sensible a la realidad económica de las familias castellonenses y por eso ha hecho todos los esfuerzos para corregir las subidas que había impulsado el gobierno de derechas", indica. "La política fiscal del anterior Gobierno local fue lesiva para la gran mayoría y desde 2015 estamos trabajando para reducir el efecto sobre las economías domésticas".
Marco pone en valor los esfuerzos realizados en los últimos tres años y recuerda que el Pacte del Grau acordó el año pasado un paquete de medidas que profundizaban en este cambio para equilibrar los distintos impuestos y tasas. Se redujeron en más de 900 millones el valor catastral de los inmuebles de la ciudad, primera reducción de ese valor en décadas.
Por segundo año consecutivo se bajó el tipo aplicable del IBI urbana, y también el IBI rústico, bajó un 7% el impuesto de obras y construcciones, se mantuvo la reducción del 50% de la ocupación de vía pública para mesas y sillas y se aumentaron al máximo legal todas las bonificaciones que permite la legislación en los principales tributos de carácter local.
"La justicia social es un referente de las políticas de cambio del Gobierno municipal y vamos a trabajar en esa línea en todas y cada una de las áreas municipales. Estamos comprometidos con la idea de que debe pagar más el que más tiene y, sobre todo, gestionamos el dinero público con austeridad, para que se destine a mejorar la calidad de vida y el bienestar", afirma.
El Ayuntamiento de Castellón aprobó para 2018 la congelación de la tasa de basuras con carácter general y lo hizo asumiendo con fondos propios los 675.000 euros de incremento de costes del servicio. Un coste que entre el 2013 y el 2015 aumentó en 2,6 millones, pero que el anterior gobierno municipal no asumió con fondos propios ni lo repercutió en el recibo de basuras.
