Begoña Carrasco García. Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón
El centro de la ciudad de Castellón ha activado esta semana 14 nuevas videocámaras. La capital de la Plana, hoy más que nunca, convertida en un gran plató de Gran Hermano. Se trata del nuevo sistema de control de tráfico del casco histórico, un circuito con el que el consistorio afirma que va a “pacificar” el tránsito de vehículos. En la práctica, un nuevo sistema de reconocimiento de matrículas que multará automáticamente a todos aquellos conductores que osen circular por algunas de las vías prohibidas. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 200 euros.
¿De verdad que esto es necesario ahora? ¿Justo ahora? La sensibilidad del equipo de gobierno socialista de Amparo Marco brilla de nuevo manifiestamente por su ausencia. El centro de Castellón se muere. Hace años que el censo de negocios de comercio y hostelería, además de otras muchas actividades, va a la baja. Cada vez es más difícil acceder hasta el corazón de la ciudad, y esa falta de clientes se traduce en una alta tasa de cierres que han convertido las calles de Castellón en un desierto de bajos y entresuelos vacíos.
Si la situación ya era complicada, mucho peor es ahora. En plena pandemia, con todos los negocios de hostelería cerrados, con tiendas bajando la persiana a las 18.00 horas, y con los castellonenses confinados en sus casas, como recomiendan las autoridades sanitarias.
¿Acaso no es ya la situación lo suficientemente difícil como para complicarlo todo todavía más? A la vista de los gestos, los socialistas piensan que no. Por eso, la medida ha entrado en vigor en el peor momento posible, sin consenso de ningún tipo. De hecho, ha pillado por sorpresa a todos, tanto a residentes como a visitantes.
Está claro que el objeto de la medida es simplemente recaudatorio. En 20 días de prueba, se han detectado hasta 48.000 infracciones. Eso se hubiera traducido en 9,6 millones de euros en multas. Esa es la verdadera razón de ponerlo en marcha ahora. Amparo Marco ya tiene la manera de cuadrar el presupuesto de la ciudad, ese que, por cierto, tampoco llega nunca. De ahí que no se haya puesto en marcha ninguna campaña de divulgación, no se haya consensuado la medida ni con comerciantes, ni vecinos, ni consumidores, o que los paneles informativos que alertan de que se está entrando en un área restringida sean ilegibles mientras se conduce. Todos a pasar por caja. Todos a pagar.
No es el momento. Desde el PP pedimos que se suspenda la entrada en vigor del sistema. Y que se consensue. Menos recaudar y más ayudar. Un respeto para los castellonenses, sufridores de una gestión que, una vez más, nos va a costar a todos muy cara.
