Castellón Información
La Guardia Civil en la denominada Operación “ANDROS”, realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Castellón, al objeto de verificar el cumplimiento de la normativa que regula la pesquería de atún rojo en el mar Mediterráneo y la aplicación del plan para su recuperación, a principios del mes de abril, se iniciaron controles sobre pesqueros de la provincia dedicados a la captura de Atún Rojo (Thunnus thynnus), estableciéndose cupos de capturas por temporada, y autorizando a diversos pesqueros profesionales a nivel nacional.
Teniendo conocimiento que un pesquero de los autorizados con base en el Puerto de Castellón, en plena temporada para el desarrollo de esta pesquería, solo había declarado un 36 % de su cuota. Los guardias civiles iniciaron una investigación, donde pudieron verificar como la tripulación de este, realizaba prácticamente a diario descargas de especimenes de Atún Rojo, sin llevar a cabo el preaviso de capturas, ni su inscripción en el diario electrónico de a bordo, eludiendo su paso por la lonja para su subastado y control sanitario.
Estos posteriormente comercializaban los atunes enteros, a mayorista de distribución de pescado fresco de Vinaròs, el que tras su manipulación en un almacén clandestino, continuaba con su distribución a otros mayoristas de Cataluña, todo ello sin el preceptivo etiquetado y acompañamiento documental exigido por la normativa. La tripulación de esta embarcación, también llevaba a cabo la distribución y comercialización, sin ningún tipo de garantía sanitaria, de una porción de las capturas diarias de estos especimenes, y sus partes, tras su evisceración, en establecimientos de restauración de la provincia.
Tras el seguimiento continuado de las actividades desarrolladas, se procedió a la intervención en un solo día de un total de 800 kg de atún rojo, en el almacén clandestino de Vinaròs, así como lomos y ventrescas, en los diversos establecimientos inspeccionados en los que se observaron actividades de comercialización, los que tuvieron que ser destruidos a no reunir garantías sanitarias para su consumo. El valor aproximado en el mercado ilegal de lo intervenido en ese día, asciende a unos 16.000 euros, si bien se están ampliando las investigaciones al detectarse que el volumen de negocio podría haber superado los 200.000 euros en los dos últimos meses.
De las actuaciones se confeccionaron informes denuncia, que han sido puestos en conocimiento de la Sección de Pesca Marítima del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente); del Servicio de Pesca Marítima de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural; y de los Servicios de Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalidad Valenciana.
