Federico Félix. Presidente de la Fundación Pro AVE y Vicepresidente de FERRMED.
Es bien conocido el trato discriminatorio de que ha venido siendo objeto la Comunidad Valenciana por parte de los distintos gobiernos de España. Desde el serio déficit de financiación de la Generalitat hasta la discriminación en materia de inversiones del gobierno central en el territorio valenciano. Pero lo que resulta más sangrante es la seria marginación de que es objeto esta Comunidad en materia ferroviaria. Una marginación que, tanto desde la razón económica como del interés nacional, resulta incomprensible. Sólo desde la irresponsabilidad pública se entiende tal proceder.
La Comunidad Valenciana está siendo objeto de serios agravios en proyectos de fundamental importancia para nuestro futuro. En primer lugar, la sistemática posposición de la conexión en alta velocidad entre Alicante y Valencia. El problema es grave, pues se trata de conectar dos de las principales áreas urbanas de España, y lo único que hay que hacer es finalizar un tramo de unos veinte kilómetros entre La Encina y Xàtiva y ejecutar ciertas obras de electrificación. Sólo requiere una asignación presupuestaria de unos 25 millones y un endeudamiento de Adif de alrededor de 125 millones. Esta es una vieja reivindicación de la sociedad civil valenciana, a la que el ministerio de Fomento ha respondido con promesas siempre incumplidas.
El segundo gran agravio en materia ferroviaria que sufre esta Comunidad es la siempre prometida y nunca ejecutada conexión en alta velocidad entre Castellón y Valencia. Se trata de un tramo relativamente corto que no sólo uniría a Valencia con el área urbana de Castellón-Villarreal, sino que conectaría a esta con el centro de España, con el que mantiene una fuerte relación económica y turística. Al igual que ocurre con la conexión entre Alicante y Valencia, el problema no son sólo las dilaciones y promesas incumplidas, sino la ausencia de información sobre el estado del proyecto.
Pero además de la frustración que esto genera, y la sensación de burla que producen las dilaciones y la falta de explicaciones, está el agravio comparativo con otras regiones. Resulta inconcebible que Madrid, Cataluña, Andalucía y Castilla-la Mancha tengan todas sus principales ciudades conectadas en alta velocidad, y Galicia y Castilla-León una buena parte de ellas, y en la Comunidad Valenciana, la cuarta región en importancia, aún no se visualice el tan necesario AVE Regional que una las capitales de provincia. Siendo que, gracias a la densidad demográfica, relieve, escasa inversión necesaria y dinámica turística, está es una de las pocas regiones donde el AVE Regional puede ser rentable, tanto económica como socialmente. Todo lo cual no sólo pone de relieve el poco respeto que el gobierno central siente por esta región, sino también la escasa importancia que la racionalidad económica tiene en la toma de decisiones en materia ferroviaria.
Pero donde más se evidencian estas carencias es en el Corredor Mediterráneo y en la línea Zaragoza-Sagunto. En estos casos, además, es el interés nacional el gran perjudicado. La modernización de la línea Zaragoza-Sagunto, reivindicada reiteradamente por los gobiernos y el mundo empresarial aragonés y valenciano, constituye una inversión moderada (inicialmente de entorno a 50 millones) para su uso en el tráfico de mercancías entre el Valle del Ebro y el puerto de Valencia. Sagunto. No sólo supone mejorar la conectividad entre dos importantes ejes de desarrollo español (el Mediterráneo y el del Valle del Ebro), sino un salto en la competitividad de importantes actividades industriales, como la automovilística, y el refuerzo de la posición de España en los mercados internacionales.
Pero el proyecto de mayor impacto es el del Corredor Mediterráneo para el tráfico de mercancías en ancho europeo. Aunque el proyecto original, al que no renunciamos y que entendemos que por su mayor coste y tiempo de implantación, en tiempos de recortes como los actuales, no pueda ser una realidad a corto plazo, el retraso e incertidumbre sobre la implantación del tercer carril, que siendo una solución provisional, por su coste y rapidez de ejecución se nos prometió que ya estaría terminado, lo que permitiría disponer ya de una salida a Europa por ferrocarril, constituye un serio quebranto para la economía valenciana y nacional, al ser este estratégico para conectar en tiempo récord la economía del Arco Mediterráneo con Europa. Con este proyecto se conseguirá, en primer lugar, reducir los tiempos y coste del transporte de mercancías entre las regiones más exportadoras de España y su mercado natural, mejorando la competitividad de nuestros productos de exportación, tanto agrarios como industriales y en segundo término, se lograría canalizar, a través de nuestros puertos, una parte del tráfico de mercancías entre Asia y el centro y norte de Europa, con el consiguiente impacto en el valor añadido, el empleo y la generación de nuevas actividades, algo fundamental para nuestro país en el momento actual. Desgraciadamente, esto no parece preocupar al gobierno de España, a pesar de las declaraciones en sentido contrario de sus máximos representantes.
Dada la trascendencia de estos proyectos para el futuro de la Comunidad Valenciana y España, así como la modesta inversión que su implantación requiere, estamos legitimados para exigir su rápida ejecución, haciendo de ellos una prioridad de nuestra reivindicación como colectivo, mediante la acción conjunta y coordinada de sociedad civil, responsables públicos y actores políticos.
