El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, se reúne hoy con la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, en el Ayuntamiento de la capital de la Plana, para determinar qué posición se toma con respecto a la pasarela del TRAM por el paseo de coches del Parque Ribalta. La sentencia del Supremo, que declara ‘ilegal’ esta plataforma, ha colmado de satisfacción a los grupos de la oposición, y de inquietud a los ciudadanos de la ciudad. ¿Aceptarían los ciudadanos que se demoliera la plataforma del Tram en el paseo de coches del Parque Ribalta?. Esta es solo una de las sentencias que se han dictado contra el urbanismo Castellonense una vez consolidado el proyecto y su desarrollo.
Esperanza Molina/Castellón Información
La última sentencia del Tribunal Supremo, que respalda la decisión del TSJ de prohibir la construcción de la plataforma del Tram, a su paso por el Andén de Coches del Parque Ribalta, años después de su inauguración, caía como un jarro de agua fría en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón. Las alternativas son difíciles, sobre todo, porque se haga lo que se haga, no se hará correctamente y lleva un trasfondo político que está reñido con los intereses de los ciudadanos.
El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, está buscando soluciones jurídicas para poder mantener la plataforma y el paso del Tram. La consellera de infraestructura, Isabel Bonig, dicen otras fuentes, sería partidaria de buscar una alternativa para el paso del Tram. Ambos, Bataller y Bonig, se van a reunir mañana a primera hora en Castellón para consensuar una opción.
Pero lo que más duele en la calle son las contradicciones de los partidos políticos, la politización del tema, los retrasos en las sentencias judiciales, y posiblemente, también, la falta de interés que traslucía el recurso de casación que presentó la consellería contra la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2012.
Contradicciones de los partidos políticos
Con respecto a las contradicciones de los partidos políticos, las hemerotecas guardan tanto las propuestas del Castelló Centre de Futur, exposición sobre el futuro urbanístico de Castellón que se realizó a finales de la década de los 80, cuando era alcalde Daniel Gozalbo, que llegó a proponer toda una pasarela subterránea por debajo del Parque Ribalta, y el centro de la ciudad, con parkings subterráneos conectados a este paso en túnel.
También se pueden encontrar las propuestas presentadas en su día por el que fuera portavoz socialista Juan María Calles, cuando apostaba por un medio de transporte denominado tranvía, que no Tram, que en el fondo no se distanciaba de lo que finalmente llevó a cabo el equipo de Gobierno del PP.
Si en el fondo todos los grupos políticos presentaron soluciones semejantes ¿por qué no son capaces de ponerse de acuerdo entre los partidos para que no sea el ciudadano el que sufra las consecuencias.
La política se traslada a los juzgados
Por otra parte, la politización de los temas de ciudad ha llevado a los partidos políticos a defender sus temas en los juzgados y no en los foros políticos donde representan a los ciudadanos, sin barajar las consecuencias de sus actuaciones, en uno y otro caso.
El grupo Popular fue acusado en su momento de ‘prepotencia’ por la oposición, porque decían que aprobaba sin consensuar proyectos importantes para la ciudad, con la coletilla añadida de: “si no están de acuerdo vayan a los tribunales”.
Ahora, esa coletilla se ha coinvertido en el demonio que persigue tanto al grupo Popular que aprobó los proyectos, como a los políticos de la oposición, que reclamaron sobre proyectos sin medir las consecuencias.
Las consecuencias llegan ahora, después de años de pasarela consensuada y aceptada por la ciudad, y con una sentencia que no hace sino ratificar la anterior que prohibía su construcción. Exactamente ¿a qué obliga la sentencia?, a no construir lo que ya está más que inaugurado, o a demoler lo inaugurado porque con años de retraso se prohibió que se hubiera hecho?
Se haga lo que se haga, el coste económico suma ya 4.000 euros que va a tener que pagar la Conselleria por las costas de la sentencia, que afectarán a todos los ciudadanos con sus impuestos.
Defender con convencimiento
La primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia, dictada en el verano del 2012, cuando ya estaba terminada y súper inaugurada la plataforma, ponía de relieve un análisis metódico del Parque Ribalta por pare del Tribunal, atendiendo a todo tipo de informes técnicos adjuntados por la denuncia de la oposición. El Tribunal no tiene por qué conocer ni el Parque Ribalta, ni como estaba antes, ni la inseguridad ciudadana que obligaba a los coches de policía a internarse por la noche para vigilarlo…
Su papel era analizar los informes que se le adjuntaban, y la normativa jurídica que podía afectar al parque. Y según el contenido de la sentencia, no era difícil augurar cuál sería su resultado. Mientras los denunciantes aportaban todo tipo de documentación e informes técnicos, la Consellería pecaba de parquedad.
En esta ocasión, El Supremo se acoge a la documentación que le plantea el TSJ, y lo que hace es respaldar la sentencia sin atender el recurso de casación de la Conselleria, que tampoco se lució mucho en sus argumentos. En conclusión, la plataforma no debería haberse realizado.
El problema ahora es que la Plataforma presta servicio a Castellón desde hace 4 años. Se invirtió una gran cantidad de dinero en una obra, que la misma oposición reconoce, con la boca pequeña, que revitaliza y embellece el parque.
La oposición dice que no pedirá la ejecución de la sentencia, pero públicamente acusa al equipo de Gobierno de intentar justificarse sin ejecutarla… el concejal socialista que en su día planteó la denuncia, como portavoz del Psoe, es ahora un concejal no adscrito con el que no se hablan sus ex compañeros del Psoe.
¿Estarían los ciudadanos de acuerdo en que se demoliera la pasarela del Tram?. ¿A quién le costaría más votos? ¿a los que la hicieron o a los que ahora animan a que se demuela?.
Sentencias tardías de imposible cumplimiento
Esta no es la primera vez que una reclamación urbanística se sentencia años después de que se haya completado el proceso.
Solo por citar algunos casos. La torre de la calle Herrrero, que sobrepasaba las alturas permitidas en la ciudad, fue denunciada por un vecino. El último recurso y decisión judicial tardó más de diez años. Para entonces la finca estaba terminada y habitada. El denunciante ya había renunciado al tema… Pero el juez declaró que la torre era ilegal y que debía demolerse… No se ejecutó la sentencia.
Un tema similar ocurrió con la reparcelación del Peri 18 de Castellón. Cuando se planificó el desarrollo urbanístico, los terrenos eran huertos de naranjos. Uno de los propietarios recurrió judicialmente y llegó hasta las últimas consecuencias. Al cabo de más de diez años el juez declaraba ilegal la planificación por un ‘defecto de forma’. La sentencia pedía por tanto, que se devolviera el Peri 18 a su estado antes de la reparcelación. Para entonces el Peri 18 estaba ya consolidado y allí vivían miles de familias.
