Castellón Información
El equipo de gobierno de la Vall d'Uixó ha llegado a un acuerdo por unanimidad con los tres sindicatos con representación en el Ayuntamiento (CCOO, UGT y USO) para devolver en enero de 2016 el 25% de la paga extra de navidad que el Gobierno central suprimió en 2012 a los funcionarios.
El concejal de Personal y Hacienda, Javier Ferreres, ha señalado que es “un hecho histórico, porque hacía muchos años que no se llegaba por unanimidad a ningún acuerdo en materia de personal”. Así, ha manifestado que el equipo de gobierno progresista va a seguir “esta línea de diálogo” con los trabajadores.
Para el edil, la devolución de la paga extra ha sido aprobada por el Gobierno de España “de forma electoralista, por las fechas en las que se ha producido a las puertas de unas elecciones generales, y haciendo imposiciones de tipo presupuestario a los ayuntamientos que podrían haber impedido llevar a cabo muchas de estas medidas”.
En este sentido, Ferreres ha remarcado que este reintegro de la paga extra “no es una mejora”, sino restablecer unos derechos que el Partido Popular recortó en 2012 a los trabajadores del sector público.
Así, en la mesa general de negociación se acordó por unanimidad que el personal laboral del Ayuntamiento recibirá este año el 25% de la paga extra que los funcionarios ya recuperaron. En enero de 2016 tanto a los funcionarios como al personal laboral se les abonará otro 25%.
Además, en el caso de que el Gobierno central “finalmente apruebe que la devolución del 50% restante se tiene que hacer durante el próximo ejercicio, hemos pactado que la abonaremos en enero del 2017”, tal y como ha explicado el concejal de Personal.
En este sentido, ha afirmado que “junto a los técnicos de Hacienda y Personal hemos estudiado de manera conjunta la viabilidad de esta propuesta realista, para que no se vea afectado el presupuesto municipal, ya que la situación económica que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento no es fácil”. Por ello, ha agradecido a los sindicatos “la predisposición al diálogo y que hayan sido capaces de entender cuál es la realidad del consistorio”.
“Queremos que pasen a la historia las sentencias judiciales en contra del Ayuntamiento por la mala política de personal del anterior equipo de gobierno”, ha asegurado Ferreres, quien se ha encontrado “sentencias que podrían costarnos 1,4 millones de euros e incluso multiplicarse por dos, porque el PP ha hecho infinitos despropósitos en personal”.
