El importe de la nómina de marzo correspondiente a personas beneficiarias de toda la Comunitat Valenciana asciende a 23,38 millones. Durante el mes de marzo se recibieron 525 nuevas solicitudes y se realizaron 583 valoraciones. Esta agilización en la resolución de expedientes y en la incorporación, por tanto, de nuevas personas beneficiarias al sistema responde al plan de impulso diseñado por la Conselleria con el objetivo de reducir el número de personas pendientes de ser atendidas.
Castellón Información
El sistema de atención a la dependencia atiende actualmente a 8.917 personas de la provincia de Castellón a través de algún tipo de servicio o prestación económica, según se desprende del informe que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas elabora todos los meses y que se publica desde julio de 2017 en su página web.
Esta agilización en la resolución de expedientes y en la incorporación, por tanto, de nuevas personas beneficiarias al sistema responde al plan de impulso diseñado por la Conselleria con el objetivo de reducir el número de personas pendientes de ser atendidas.
Respecto al número de solicitudes presentadas en la provincia, se desprende del informe que durante el mes de marzo se registraron un total de 525 nuevas solicitudes.
Por otra parte, el nuevo sistema de valoraciones implantado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha permitido incrementar también el número de valoraciones. Así, durante el mes pasado se llevaron a cabo 583 valoraciones en la provincia.
Asimismo y respecto al coste de las prestaciones económicas, el importe de la nómina de marzo correspondiente a personas beneficiarias de toda la Comunitat Valenciana asciende a 23,38 millones.
Las 8.917 personas de la provincia de Castellón en situación de dependencia incluidas en el sistema reciben atención especializada a través de servicios residenciales o de día o una prestación económica por cuidador o cuidadora del entorno familiar, tal y como la persona solicitante y su familia y la o el profesional del trabajo social acuerdan como mejor recurso para la situación personal del la persona demandante.
