Modernizar los servicios públicos de empleo de forma que se responda mejor a sus necesidades y promover a evaluación de las mismas.
“Resulta fundamental adecuar el funcionamiento de las estructuras públicas que gestionan la oferta y demanda de empleo, en el marco de la eficiencia de los recursos disponibles pero subrayando la necesidad de obtener la máxima eficacia en el cumplimiento de los objetivos de los que trae causa su propia existencia” ha destacado el coordinado de Comunicación de Partido Popular de la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, respecto a las ocho medidas de las 100 de la EEEJ planteadas por el gobierno de España con el objeto de adaptar la administración a la búsqueda de empleo.
“Las medidas contemplan modernizar los servicios públicos de empleo para adecuarse a los nuevos tiempos, y poner mecanismos de evaluación y control para seguir mejorando. Velar por la consecución de los mismos a través de una comisión de seguimiento, así como facilitar herramientas, coordinar actuaciones y eliminar barreras. Consiguiendo el mejor servicio de atención personalizada y adaptada” ha destacado Barrachina.
Ocho medidas para mejorar la gestión de la oferta y demanda de empleo
- Modernizar los servicios públicos de empleo, así como propiciar nuevos modelos de gestión que incorporen la flexibilidad, la especialización, la innovación, la transparencia y la proximidad a los ciudadanos, de forma que se responda mejor a sus necesidades.
- Promover la evaluación de las políticas de empleo por parte de las Administraciones Públicas. Este ámbito de trabajo incluirá medidas para garantizar la evaluación de resultados de las actuaciones realizadas directamente por la Administración o por las entidades con las ésta haya podido conveniar para la realización de las mismas.
- Esta evaluación de impacto contemplará el análisis de la situación sobre la que se opera (evaluación ex-ante), durante la implantación de la política (evaluación intermedia) y después (evaluación ex-post) con el objetivo de garantizar la máxima eficiencia y el máximo retorno social y económico de la inversión realizada. De este modo, se podrá detectar si las políticas y medidas diseñadas están alineadas con las necesidades del mercado de trabajo en cada momento, y se podrá evaluar si tales medidas están alcanzando los resultados esperados.
- Crear una Comisión Interministerial para el desarrollo y seguimiento de la Estrategia. Está prevista la creación de una Comisión Interministerial que vele por la consecución de los objetivos marcados en la Estrategia, así como por el cumplimiento de las medidas propuestas. Esta comisión informará a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos con una periodicidad, al menos, semestral.
- Facilitar las herramientas y organizar foros de intercambio en materia de buenas prácticas con Administraciones Públicas de otros países que hayan puesto en marcha programas, líneas de actuación y medidas con objetivos coincidentes con los planteados en la presente Estrategia.
- Coordinar, desde el punto de vista sinérgico, las actuaciones derivadas de la implantación y desarrollo de la Estrategia con otros planes de la Administración General del Estado que incluyen medidas que incidan en los emprendedores y el empleo juvenil.
- Avanzar en otorgar mayor libertad de acceso y ejercicio en las actividades profesionales, eliminando barreras injustificadas en la prestación de servicios profesionales, lo que podría contribuir a facilitar el acceso y mejorar la competencia.
- Promover políticas de seguimiento y control en la contratación que velen por el cumplimiento de la normativa laboral y de la Seguridad Social de las personas jóvenes, con especial atención al uso correcto del sistema de becas y de prácticas en empresas. Asimismo, reforzar el control sobre el posible cobro indebido de prestaciones o el fraude a la Seguridad Social.
- En el marco de la formación de los empleados de los servicios públicos de empleo, asegurar que puedan ofrecer una atención personalizada y adaptada a la diversidad de las personas desempleadas.
