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La Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha señalado que "la supresión de unidades concertadas en Bachillerato no atiende a cuestiones legales y técnicas, sino a criterios ideológicos".
La portavoz de Educación del GPP ha manifestado su preocupación por la coacción a la que Conselleria ha sometido a los centros concertados tras conocerse la supresión de aulas en bachillerato. "Estamos muy preocupados ya que la eliminación de unidades ha sido más evidente en los centros que no han escogido niveles avanzados de valenciano. Es obvio que están coaccionando y todo el proceso ha estado condicionado por un chantaje manifiesto y una amenaza que finalmente ha sido ejecutada".
Beatriz Gascó ha advertido que "el próximo curso, sin negociaciones de proyectos lingüísticos de por medio, la supresión de unidades será mucho más elevada. Por lo tanto, y tal y como anunciaban en su programa electoral, este es el primer paso para acabar con los conciertos sobre todo de bachillerato. Marzà no va a frenar y ya ha advertido que estamos ante un proceso sin retorno". Las familias que este año no están afectadas seguramente lo estarán el próximo curso.
Asimismo, Gascó ha denunciado que "el proceso ha sido opaco para las familias y son muchas las dudas que las personas afectadas tienen sobre el futuro académico de sus hijos. Se trata de cientos de alumnos de 4º de la ESO de los centros afectados que pasan el año que viene a Bachiller. ¿Cómo se va a decidir los alumnos que puedan permanecer en el centro de forma gratuita y los que tendrán que pagar por seguir asistiendo a su misma escuela? Es un proceso carente de transparencia porque va a ser el programa informático, Itaca, quien establezca la puntuación de cada familia y, por tanto, los padres no saben en qué situación están respecto a las demás familias. Estamos ante un proceso de selección teledirigido por Marzà que genera inseguridad e indefensión en las familias". Por no hablar de que el proceso carece de informes que recomienden las supresiones.
Gascó ha manifestado que "la falta de información en las familias generará suspicacias entre ellas al no disponer de criterios claros de quienes son las que van a permanecer en el concierto y quienes van a tener que pagar. El Conseller parece empeñado en aplicar la estrategia del divide y vencerás porque su táctica está siendo abrir una guerra entre las familias".
La portavoz popular ha explicado también el problema que se genera con los itinerarios. "Si un centro tenía dos unidades de bachillerato, uno de ciencias y otro de letras, y ahora se le suprime el concierto a uno de los dos, las optativas se reducirán lo que irá en detrimento de la calidad de la enseñanza concertada", un nuevo agravio más.
Para Gascó, "lo más sorprendente de esta esperpéntica situación es que se suprimen aulas de centros con gran demanda, vulnerando una vez más el derecho constitucional de las familias a escoger el tipo de enseñanza que quieren, las observaciones del Sindic de Greuges que obligaba a tener en cuenta la demanda social, y la ley orgánica de educación que recoge explícitamente la importancia de atender la demanda de las familias".
"Es evidente que Marzà no atiende a cuestiones legales sino a criterios ideológicos, puesto que no estamos ante una cuestión ni económica pues sí tiene dinero para otras cosas como dar ayudas a los amigos o crear una policía lingüística y, además, cuenta con 600 millones de euros más en su presupuesto. Es una cuestión de estrategia política para eliminar poco a poco un modelo educativo que le impide seguir adelante con la imposición de modelo de escuela única".
Por último, Beatriz Gascó ha indicado que "Marzà debe dar la cara ante las familias que no van a poder seguir estudiando en el centro en el que llevan haciéndolo sus hijos 16 años y decirles a las familias qué opciones les van a dar y cómo deberán hacer frente a un coste que no van a poder asumir".
