Los dueños de terrenos afectados han empezado a cobrar los primeros plazos de unos acuerdos que contemplan en quitas en las cantidades a percibir y un máximo de cuatro anualidades.
El Ayuntamiento de Vila-real ha comenzado a pagar esta misma semana los primeros plazos de los acuerdos alcanzados con los propietarios para hacer frente a la deuda procedente de sentencias y procedimientos urbanísticos derivados de la anterior legislatura. Gracias a estos acuerdos, los propietarios de los terrenos afectados por estos procedimientos podrán cobrar en un plazo de entre tres y cuatro años, un total de 3,5 millones de euros. En total, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha llegado a acuerdos, “que consisten siempre en quitas y esperas y en ayuda al interés general de la ciudad”, con los propietarios de hasta ocho procedimientos urbanísticos distintos pendientes de resolución desde hace años. A todos ellos, Benlloch ha querido reiterar su agradecimiento “por el esfuerzo realizado y el compromiso con su ciudad”.
Dos de los acuerdos alcanzados y cuyos propietarios ya han recibido los primeros cheques corresponden a expropiaciones de la urbanización del Madrigal, en ambos casos con sentencia firme, por los que el consistorio abonará en dos años 192.217 y 285.355 euros, respectivamente. Además del Madrigal, los convenios urbanísticos firmados por el alcalde resuelven también el conflicto con varios de los propietarios expropiados en otros dos procedimientos, como son la avenida Europa, con los que se ha llegado a un acuerdo de pago de 239.208 euros en tres anualidades, y el colegio Angelina Abad, por el que se abonarán un total de 394.400 euros.
En el caso de acuerdos por derechos de expropiaciones de reserva de aprovechamiento de interés general, se ha podido cerrar el acuerdo en otros dos casos, en los que, además del pago de las cantidades acordadas en de dos a cuatro anualidades, se incluye el compromiso de cesión del solar para un uso público de interés general. Las cantidades acordadas en este tipo de procesos son de 328.325 y 285.503 euros.
“Un último tipo de conflictos con los propietarios heredados de ese modelo del Partido Popular de coger la tierra a sus duelos y no pagarles ni un euro y a los que estamos dando solución en la medida en que podemos, son las ocupaciones directas”, señala Benlloch. En este tipo de expedientes, se han alcanzado acuerdos con algunos de los propietarios del terreno donde se edificó el colegio José Soriano, así como en el Molí la Vila. Ambos casos cuentan con sentencia judicial de primera instancia y en ambos el convenio contempla el pago de 900.000 euros en cuatro anualidades.
El abono de las primeras cantidades llega después de que el pasado pleno extraordinario aprobase la modificación de los porcentajes de deuda por estos conceptos durante los próximos años y supone el compromiso de pago de algo más de 3,5 millones euros en un máximo de cuatro anualidades por parte del consistorio y la asunción por parte de los propietarios que han aceptado voluntariamente el acuerdo de la reducción de un porcentaje de las cantidades y el cobro en varios plazos. “Los acuerdos a los que hemos llegado con los propietarios son claros, transparentes y públicos”, incide el alcalde, quien detalla que “se ha firmado convenio sólo en aquellos casos en los que los propietarios han estado dispuestos a quitar un porcentaje y cobrar la deuda en varios años”.
Benlloch señala que se seguirá trabajando en esta línea, con la idea de poder llegar a acuerdos en el máximo número de casos posible y reducir conflictividad en el consistorio, “siempre en función de las reglas de gasto impuestas por el Gobierno y el porcentaje autorizado de endeudamiento que tenemos los ayuntamientos”. “Aquí hay dos modelos de gestión: el del PP que cogía los terrenos a sus propietarios sin pagarles para construir con dinero que tampoco era suyo, y el de este equipo de gobierno, que escuchamos e intentamos llegar a acuerdos que sean beneficiosos tanto para el Ayuntamiento como para los propietarios. Nos gustaría poder resolver mañana mismo esta enorme bola urbanística heredada del anterior gobierno, pero debemos ceñirnos a las posibilidades y a lo que la normativa nos permite”, concluye Benlloch.
