El alcalde valora las imputaciones de Fabra y Martínez por el sistema de cobro de las corridas de toros, a raíz del recurso presentado por el Ayuntamiento para que la Diputación “le devolviera a Vila-real los 20.000 euros que nos había quitado”.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha valorado esta mañana la reciente imputación del expresidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, y el diputado provincial y alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, en relación al método de cobro de las entradas de toros de la Beneficencia, una causa que deriva del recurso presentado por el Ayuntamiento de Vila-real en julio de 2012, que llevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a obligar a la Diputación a devolver los 19.850 euros cobrados por unas entradas de toros de los años 2010 y 2011 que nunca llegaron a adquirirse. “Una vez más, hemos demostrado nuestro compromiso con la transparencia y contra la corrupción, ya que el Ayuntamiento de Vila-real ha sido el único que ha dado la cara y se ha enfrentado a estas irregularidades en los tribunales para reclamar lo que les correspondía a los vila-realenses”, señala el primer edil.
“La Diputación, en la que es responsable también el portavoz del PP local, Héctor Folgado, nos quitó el dinero de unas entradas que nunca se adquirieron y no tuvimos más remedio que acudir a los tribunales para reclamar lo que era nuestro. El 22 de mayo de 2013 tres jueces del TSJCV, por unanimidad, nos dieron la razón”, recuerda Benlloch. La sentencia, además de obligar a la Diputación a devolver los 19.850 euros compensados unilateralmente del cobro de multas, que tiene asumido en Vila-real la corporación provincial, observaba indicios de delito en esa actuación “fuera por malversación de caudales público y/o por prevaricación”, por lo que acordaba acuerda su remisión a la Fiscalía. “Fueron, pues, tres jueces y ahora ha sido el fiscal el que ha motivado la imputación de Fabra y Martínez, no el Ayuntamiento de Vila-real. Nuestro papel ha sido siempre el de velar por los intereses de los vila-realenses y reclamar lo que es nuestro y eso ya lo conseguimos en una sentencia que, además, demuestra que teníamos razón y que lo que olía tan mal desde hace tiempo, poco a poco se va demostrando que era verdad, como también se demostrará en el caso de los expedientes de facturas falsas”, añade el alcalde.
A este respecto, Benlloch recuerda que todavía están pendientes de resolución en los tribunales los contenciosos de las facturas por valor de 600.000 euros anulados por el alcalde, tras la investigación administrativa que demostró que los trabajos facturados durante el anterior mandato no se habían realizado o no estaban acreditados, así como el expediente por el intento de cobro al Ayuntamiento por la colocación de una plataforma elevadora en una finca particular. En ambos casos, puntualiza el edil, la investigación se ha realizado “a pesar de todos los obstáculos y la nula colaboración del Partido Popular”. “Sin embargo, en este caso de las entradas de toros, hemos de agradecer al PP local su actuación, porque ha sido gracias a que se negaron a firmar esas facturas por lo que hemos podido tener el apoyo de la justicia y ahora el juzgado ha imputado a Fabra y Martínez, así como a todos aquellos que puedan haber colaborado en este sistema, para depurar responsabilidades sobre su gestión”. “En todo este proceso, el Ayuntamiento de Vila-real está a la disposición de la justicia para colaborar en todo aquello que se nos requiera”, concluye el alcalde.
Cronología del recurso por las entradas de toros de la Beneficencia
El consistorio de Vila-real presentó en enero de 2012 un recurso de reposición contra una decreto de Diputación por el cual la corporación provincial decidía cobrarse directamente del dinero que debía ingresar al Ayuntamiento por el servicio de recaudación de multas los 19.850 euros correspondientes a 250 entradas de la Beneficencia de 2010 y otras 250 entradas de 2011 que supuestamente Vila-real habría adquirido. Sin embargo, el expediente de investigación tramitado por el Ayuntamiento demostró que estas entradas nunca llegaron a comprarse, a través de las declaraciones recogidas por escrito tanto del exalcalde como de anteriores responsables municipales e incluso consta una respuesta plenaria del anterior portavoz del equipo de gobierno, el concejal del PP Ignasi Clausell, en la que asegura que las entradas de 2010 fueron devueltas.
Ante el silencio negativo de la corporación provincial a este recurso, el Ayuntamiento presentó en mayo de 2012 un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Diputación de Castellón de no devolver al municipio el dinero de las entradas.
En julio de 2012, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Castellón inadmitió a trámite el recurso del consistorio, fallo al cual el Ayuntamiento de Vila-real respondió con el recurso de apelación que el TSJCV estimó en mayo de 2013, revocando la sentencia de primera instancia y estimando el recurso contencioso-administrativo presentado por el consistorio en enero de 2012. En esa sentencia, los jueces observan “indicios de que la actuación sometida a revisión jurisdiccional pudiera constituir un ilícito penal, fuera por malversación de caudales públicos y/o por prevaricación, en la gestión por la Diputación Provincial de Castellón de fondos públicos (…)”, por lo que acuerdan “deducir testimonio de esta sentencia para su remisión a la Fiscalía a fin de que se depuren las responsabilidades penales a que hubiere lugar”. La querella presentada por el fiscal tras su investigación ha derivado finalmente en la imputación en el juzgado nº4 de Castellón.
