Jorge Fuentes. Embajador de España.
A medio y largo plazo la cuestión más importante que se plantea a España es la renovación económica y financiera que puede producirse sobre la base de los 140.000 millones de euros que la Unión Europea ha anunciado transferirá a nuestro país dentro del plan general de recuperación de los 27 socios muy afectados por las consecuencias económicas de la pandemia.
Es ridículo, aunque muy humano, que el presidente Sánchez esté intentando explotar la noticia como si él fuera el artífice de dicha concesión. En el fondo el reparto desde Bruselas se hizo partiendo de criterios demográficos objetivos y del grado de dureza con que la pandemia golpeó a cada uno de los países miembros de la Unión. Es bien sabido que, en este sentido, España se sitúa en segundo lugar, solo detrás de Italia.
Presumir hasta en ocho ocasiones de semejante éxito/fracaso es, cuando menos, prematuro ya que la UE no puede tomar la decisión definitiva hasta que los Tribunales Constitucionales de los 27 Estados miembros hayan aprobado tan importante cuestión que afecta a los bolsillos de sus contribuyentes.
Teniendo en cuenta los plazos administrativos y las medidas a cubrir tanto en la UE como en cada uno de los 27 países, es seguro que los fondos no llegarán a España y a los restantes miembros antes del otoño.
Hasta que ese momento llegue, más que sacar pecho, lo que hubiera sido conveniente hacer es crear una agencia independiente que pudiera decidir cómo distribuir esa importante cantidad. Todos celebraremos que ese maná llegue a España, pero no todos confiamos en que el gobierno sea capaz de distribuirlo convenientemente.
El mayor error sería utilizar esos fondos para tapar parches o subvencionar empresas deficitarias que solo pueden sobrevivir gracias a hipotéticas subvenciones como ha sido el caso de la insignificante y ruinosa "compañía" áerea Plus Ultra (con una flota de un solo un avión y con capital mayoritario venezolano), a la que el gobierno español ha regalado 53 millones de euros.
Antes de que lleguen los fondos a cada uno de los países, estaremos obligados a tomar una serie de medidas que en el caso español afectarán a tres sectores principales:
-Fiscal. Se nos exigirá subir determinados impuestos -IVA- y ajustar o suprimir otros -Patrimonio, Sucesiones, Donaciones figuras éstas que no existen en otros países de la Unión-. Respecto al IRPF, queda la duda de si teniendo en cuenta el nivel salarial y de desempleo de España, pagamos más o menos que la media europea. El debate se planteará también sobre si la subida de impuestos a los "ricos" recae finalmente sobre la clase media, los PYMES y los autónomos.
-Laboral. Una de las mayores irregularidades de nuestra economía es la bolsa quasi permanente de entre un 12 y un 25% de desempleo. La reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy apuntaba a corregir esa anomalía. La coalición de gobierno actual quiere modular tal reforma (PSOE) o simplemente suprimirla (UP). Teniendo en cuenta que Bruselas vio con buenos ojos la reforma de Rajoy es probable que la Vice Calviño triunfe en su batalla permanente con el grupo podemita. Y que se busquen fórmulas específicas para mejorar el empleo juvenil así como volver indefinidos los trabajos temporeros.
-Régimen de pensiones. Debido a la constante prolongación de la esperanza de vida hoy situada por encima de los ochenta años, la quiebra del actual sistema de pensiones es inevitable a corto plazo por lo que, para equilibrar el presupuesto nacional será necesario ya sea prolongar la vida laboral, estimular la creación de seguros privados o reducir el monto de las pensiones. Una de las tres medidas -o las tres a la vez- se presentan como inevitables ya que entre las pensiones y las compensaciones al desempleo se consume un buen 60% de nuestro presupuesto.
Lo complicado de esas tres medidas es que su aplicación en la forma que la UE requiere es muy impopular y conllevaría dificultades electorales del gobierno que las aplicara; de ahí su constante demora.
Pero como complemento a ellas, lo que es de suma urgencia es diseñar un plan que equilibre la estructura económica del país corrigiendo un modelo en que el turismo con sus muchas sombras (vulnerabilidad, fragilidad, estacionalidad) domine sobre el resto de los sectores productivos. De no conseguirlo, nuestra posición internacional seguirá alejándose de aquel soñado séptimo puesto en que estuvimos a punto de acceder al decimotercero en que nos encontramos ahora.
