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sábado, 13 de diciembre de 2025 | Última actualización: 10:52

Blanch exige a Moliner que se depuren responsabilidades respecto a la empresa pública Les Clapisses

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La dirección provincial del PSPV-PSOE en Castellón ha mostrado hoy su respaldo a la iniciativa tomada por el Ayuntamiento de la Tolodella que ha decidido vender su participación en la empresa pública Desarrollo Local Les Clapisses tras la sospecha de irregularidades, según una auditoría encargada por el nuevo equipo del gobierno del PSOE tras ganar el consistorio en mayo de 2015 para conocer la anterior gestión municipal en manos del PP.

Así lo ha manifestado el secretario de Acción Electoral y Comunicación del partido, Ernest Blanch, quien además ha exigido "depurar responsabilidades si ha habido malversación de fondos" al frente de la gestión de la citada compañía, que fue fundada en el año 2010 con fines sociales a partes iguales entre los ayuntamientos de la Tododella y Portell. Este último municipio sigue en manos de Partido Popular, cuya alcaldía ostenta Álvaro Ferrer, a su vez coordinador del partido conservador en Els Ports, mientras que la Tolodella está gobernada por el PSPV, con Ricardo Miravet como alcalde.

Blanch ha instado al PPCS, liderado por Javier Moliner, presidente de la Diputación, a "actuar con contundencia", mientras que ha destacado que la situación actual de la empresa pública Desarrollo Local Les Clapisses "no se hubiera conocido de no ser por el grupo socialista, quien ha actuado con responsabilidad y transparencia al encargar una auditoria externa para conocer la realidad de la gestión en una empresa pública que siempre ha registrado pérdidas en sus balances anuales".

La citada compañía pública dedica su actividad empresarial a la elaboración y comercialización de productos gourmet de trufa y en su origen ha tenido como principal objetivo el fomento de proyectos sociales, pero la entidad mercantil siempre ha tenido pérdidas. Entre 2010 y mayo de 2015, ambos consistorios habrían invertido unos 150.000 euros sin obtener rendimientos ni tampoco ofrecer ninguna prestación a la ciudadanía. Las deudas bancarias pueden superar los 300.000 euros.