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jueves, 21 de noviembre de 2024 | Última actualización: 22:28

Isabel Bonig asegura que con la Ley de Territorio "se ofrece un nuevo campo de actuación"

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La nueva normativa será clave para la recuperación del sector ya que introduce nuevas posibilidades de actuación a fin de impulsar esta actividad.

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente invita a la oposición a apoyar una ley fundamental para el desarrollo de la Comunitat.

Castellón Información

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asegurado hoy que el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje que se está debatiendo en las Cortes "clarificará las competencias entre Generalitat y ayuntamientos, dará flexibilidad y mejorará la seguridad jurídica".

Por todo ello, la Consellera ha mostrado su confianza en que los partidos de la oposición "tengan altura de miras y apoyen una Ley que es fundamental para el desarrollo del territorio de la Comunitat". De esta manera, Bonig espera que en la primera quincena de julio se pueda aprobar definitivamente esta Ley.

Bonig ha realizado estas declaraciones hoy en una jornada sobre la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, organizada por el Colegio de Arquitectos de Valencia, a quienes ha agradecido, tanto sus aportaciones a lo largo de todo el proceso de participación al que ha sido sometido este texto legislativo, como al esfuerzo que está realizando este colectivo en materia de formación para dar a conocer al sector las principales novedades que tanto van a incidir en el desarrollo de su actividad profesional.

La Consellera ha agradecido la participación que han tenido distintas asociaciones y colegios profesionales mediante la presentación de más de 1.200 alegaciones que han participado en una Ley que refunde cinco leyes y dos reglamentos.

Bonig ha comentado que se trata de una Ley "muy participada y consensuada y esperamos que la oposición sea consciente de la necesidad de un texto normativo que ha sido consensuado con Europa", puesto que entre el 70 y el 80% de las actividades que se realizan en nuestro territorio pasan por esta Ley.

Recuperación del sector

La Consellera ha explicado que la nueva Ley "será clave para la recuperación del sector ya que introduce nuevas posibilidades de actuación a fin de impulsar esta actividad, como la trasladar la figura del agente urbanizador, que tanto ha dinamizado la actividad de la urbanización, a la actividad de la edificación".

"Esto significa que la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje da entrada a la iniciativa privada de un tercero en la construcción y rehabilitación de edificios, de manera que podrán ser los propietarios mayoritarios del suelo los que asuman la condición de urbanizador, con las debidas garantías para el propietario y mediante un procedimiento de pública concurrencia", ha añadido.

"Se ofrece así un nuevo campo de actuación para empresas constructoras de pequeño tamaño que puede dinamizar, cuando exista la demanda para ello, la construcción y rehabilitación de la ciudad consolidada, con la consiguiente creación de puestos de trabajo", ha destacado la Consellera.

Reducción del 75% de artículos

La renovación de la legislación urbanística va dirigida a agilizar y simplificar la actividad en un marco legislativo claro, seguro y sostenible, así como favorecer la dinamización socioeconómica y la generación de empleo en el conjunto del territorio.

Para ello, la Ley simplifica y reduce la complejidad y dispersión de la normativa urbanística vigente. Así, sustituye y deroga cinco leyes y dos reglamentos, reduce en más del 75% el número total de artículos (de más de 1.200 a 269) en esta materia.

En concreto, la nueva ley refunde cinco leyes: la Ley Urbanística Valenciana, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley del Suelo No Urbanizable, y la Ley Reguladora de los Campos de Golf en la Comunitat Valenciana. De esta manera, la reforma legal reduce en un 77% el número de disposiciones normativas.

Según la consellera, estas medidas "reducirán extraordinariamente los plazos para las aprobaciones de los planes generales municipales de los 3 o 5 años actuales, a poco más de un año, y permitirá una interlocución única y accesible para el inversor, promotor, Ayuntamiento, o particulares".