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La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha anunciado que si finalmente el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sigue adelante con su intención de demandar al Estado por la financiación que recibe la Comunitat, “pediremos que esa demanda se extienda también al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero como autor material de ese modelo injusto con los valencianos”.
Isabel Bonig se ha expresado en estos términos tras mantener una reunión de trabajo con los parlamentarios valencianos en el Congreso y el Senado, con quienes ha abordado, además de la cuestión de la financiación autonómica, otros temas como el agua o la inversiones del Estado en nuestro territorio.
Bonig ha asegurado que plantear una demanda contra el Estado por la financiación “no es más que una cortina de humo para tratar de tapar las luchas internas y los conflictos constantes que se están sucediendo en el Consell entre los socialistas y Compromís”.
La dirigente popular ha recordado el Tribunal Constitucional ha rechazado sistemáticamente los recursos contra el sistema de financiación presentados en su mayoría por gobiernos socialistas, y ha lamentado que ni éstos ni Ximo Puig, en el caso de los socialistas valencianos, recurrieran cuando Zapatero decidió aprobar este modelo.
“No sólo no recurrieron en aquel momento –ha continuado- sino que miembros del actual Consell, que quiere recurrirlo ahora, como la consellera de Sanidad, Carmen Montón, votaron a favor de un sistema que marginaba a la Comunitat”.
“Ni Puig se fía de Oltra, ni Oltra se fía de Puig”
Por ello, ha pedido a Puig sensatez y que no haga el ridículo, “especialmente cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha anunciado que va a cambiar el modelo y que la Comunitat va a contar el próximo ejercicio con 1.600 millones de euros más”.
Según Bonig, sorprende que se haya encargado a Gabriela Bravo, quien calificó de “irresponsable” esa demanda, el estudio de las acciones legales, cuando compete a la Abogacía General de la Generalitat hacerlo.
“Esto es así porque no se ha nombrado todavía Abogado General de la Generalitat, y no se ha nombrado por las luchas internas en el Consell y porque Oltra ya ha dicho que quiere controlar esa figura y tiene bloqueado su nombramiento. Es decir, Ni Puig se fía de Oltra, ni Oltra se fía de Puig, y eso afecta a la acción de un Gobierno que debería centrarse ya en gobernar para los ciudadanos”.
“El PSOE representa el enfrentamiento en materia de agua”
Por otro lado, Isabel Bonig se ha referido a la intención del Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Paje, de impugnar el envío de 20 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura.
“Nosotros vamos a defender el Tajo-Segura y hemos presentado una PNL en defensa del trasvase porque García-Paje y su gobierno mienten y vuelven a abrir el enfrentamiento entre territorios cuando dicen que van a impugnar la orden del Ministerio de trasvasar 20 hectómetros cúbicos -13 para consumo humano y el resto para agricultura y otras actividades- y que se está quitando agua de la cabecera del Tajo y que no se paga. No se está quitando agua y el agua que llega a Alicante la pagan los regantes”.
La presidenta regional del PP ha señalado que los socialistas y la izquierda representan el enfrentamiento, frente a un PPCV que aboga por el pacto, el diálogo y el compromiso con los regantes y con los valencianos, “como demuestra el Memorándum del Tajo-Segura firmado entre cinco comunidades y el Gobierno de Mariano Rajoy para poner fin a la guerra del agua que abrió José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista”.
“Ante este ataque Ximo Puig dice con la boca pequeña que va a defender nuestros intereses, pero quienes llevan el tema del agua en el Consell es Compromís, y de ellos no sabemos nada. Si Puig dice que lo va a defender, ahí tiene nuestra PNL para apoyarla”, ha añadido.
Bonig ha puesto en duda ese compromiso del Presidente de la Generalitat con los regantes y con la Comunitat, “puesto que cuando era diputado, tanto él como su consellera Carmen Montón votaron en contra de la disposición adicional 15 de la Ley de Evaluación Ambiental que aprobó el Gobierno de España en 2013 que daba rango de ley al Memorandum del Tajo-Segura y que garantizaba el trasvase”.
