Nomedéu pedía cese de cargos públicos con la notificación judicial, Marco, cuando fueran a declarar y ahora PP y CS pedirán que se aplique
La vice alcaldesa, Ali Brancal, y la votación del Código ético, que va esta tarde a pleno, se topa con evidencias en las actas de la Comisión que lo aprobó. Carretas (IU), quería la cesión en cuanto se generara alarma social; Nomdedéu (Bloc Compromís), cuando el concejal afectado recibiera la notificación del juzgado; y Marco (PSOE), cuando el afectado fuera llamado a declarar. Todos acordaron que el cese fuera ejecutado por la Alcaldía. El PP ha puesto las actas sobre la mesa, Brancal está acorralada y Ciudadanos también pedirá que se aplique.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El Grupo Municipal Popular ha puesto sobre la mesa las actas de la Comisión que aprobó por unanimidad el Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castellón. Y la evidencia no deja lugar a las interpretaciones.
Todo hay que decirlo, cuando se convocó la Comisión Ética, propuesta por Izquierda Unida y Blog- Compromís, el PP era renuente, porque las propuestas que querían recoger en el acuerdo eran extremas. Pero ni el presidente de la Comisión, Juan José Pérez Macián, entonces concejal de Hacienda, ni Vicent Sales, concejal de Cultura, tuvieron margen de maniobra. Los grupos de la oposición: PSOE, Izquierda Unida y Grupo Socialista no dieron alternativa, querían ese Código con toda su dureza y aún más..
Para todos ellos, lo más importante era preservar el buen nombre de las instituciones, y desde este punto de vista, Enric Nomdedéu, fue uno de los que más presionaron (Acta del 15 de septiembre de 2014), no solo para el cese de delegaciones en caso de imputación (Que ahora se diría investigación): “El Sr. Nomdedéu explica que lo que a su grupo le gustaría, y de hecho es lo que han firmado ante notario, es la dimisión inmediata de cargos públicos ante cualquier imputación, peo ante la imposibilidad legal de forzarla, propone destituir de todo cargo representativo o competencias al imputado. De forma que si resultara des imputado se le pudieran devolver dichas competencias”.
Volvió a insistir en ello en la reunión del 20 de octubre de 2014, cuando según el Acta Oficial, “El Sr. Nomdedéu explica que su grupo lo que pretendía es la dimisión del imputado, pero como eso no se puede obligar, consideran que hay que asumir medidas que demuestren que desde el Ayuntamiento se está haciendo algo”.
Y de nada valió que los representantes del PP les recordaran que la figura del entonces ‘imputado’ se podían generar de muchas formas, por cualquier querella articular, por cualquier acusación… Y que insistieran en que se aplicara ese Código cuando el Juzgado decretara la apertura del Juicio Oral.
Tampoco es aplicable en este caso, lo que declara ahora el grupo Compromís, de que imputado formal no significa ‘investigado’. Porque también, a este respecto, la Comisión Ética valoró todos los detalles: el tipo de delitos por los que el cargo público fuera imputado (investigado), y en qué momento y quien debería aplicar el citado Código.
¿En qué momento se debe aplicar el Codigo Ético?
Este punto, que está recogido en las Actas de la Comisión Ética, es quizá el más interesante en cuanto a lo que se pedía y lo que ahora se afirma.
Según el acta del 17 de noviembre de 2014:
“La Sra Marco opina que el momento de tomar medidas sería el día en que se va a declarar al juzgado y al salir te dicen si estás imputado o no. El problema es que de hacerlo así se puede dar el caso que no sea tan rápida la decisión y, desde la declaración hasta la decisión del juez pase algún tiempo.”. Es decir, según lo que propuso el grupo Socialista en aquel momento, Tanto Ali Brancal como Enric Nomdedéu deberían haber cesado como cargos públicos cuando declararon y se les leyeron sus derechos el pasado 11 de julio.
La representante de Izquierda Unida, Carmen Carreras, fue la más tajante: “la Sra. Carreras recuerda que con estas medidas que se están acordando en esta Comisión se está tratando de evitar desconfianza de la ciudadanía hacia la política. Se trata de gestos que hay que hacer de cara a la ciudadanía, por eso opina, que hay que actuar de forma rápida en cuanto salta la alerta social”.
En la misma fecha y según recoge el acta, el posicionamiento de Enric Nomdedéu, entonces, concejal en la oposición como representante de Blog Compromís: “opina que el momento de tomar las medidas es en el momento de la notificación”. Dicho de otra manera, según opinaba Compromís en aquel momento, Brancal, afectada directamente por este Código Ético que se aprobó el 30 de abril de 2015 por unanimidad, debería de haber cesado cuando del Juzgado de Instrucción admitió a trámite la querella de Pérez Macián por ‘el caso de los sobres’, y recibió la notificación del juzgado para que acudiera a declarar.
Solo el PP solicitó que fuera cuando se abriera juicio oral.
Aunque ahora se quiera decir que deben ser imputados formales, el cambio de la nomenclatura de ‘imputado’ por investigado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no desvirtúa el contenido de lo que después sería el Código ético, ni de las pretensiones que tenían entonces los grupos de la oposición municipal. Tal como recoge el acta del 15 de noviembre de 2014: “El Sr. Nomdedéu piensa que la medida que se pretende tomar de delegación de funciones, de hacerla a la apertura de juicio oral se está retrasando mucho la acción preventiva”. Y añade posteriormente: “Debe primar la transparencia en la política por encima de todo”.
Quién debe de aplicar el cese de las funciones
También aquí la Comisión Ética debatió quién y cómo debe aplicar estos criterios. Y se trata de la autoridad municipal. El cese debe llegar desde Alcaldía.
Cabe tener en cuenta, por conocer todos los detalles, que los miembros de PSPV, EU y Compromís de aquella comisión centraron la mayor parte de sus argumentos en un caso real que tenían delante: la declaración como imputado del entonces alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, que en julio de 2015 fue exonerado por el juez. Las reclamaciones de la oposición se dirigían, sobre todo, a forzar su cese al frente del Ayuntamiento y, de ser posible, su dimisión.
Pero como eso no lo podían poner con nombres y apellidos porque presumían que no era un tema personal contra nadie en concreto, hacían referencias a los argos públicos, a los concejales, o en su caso, a la figura de la alcaldía.
En cualquier caso, se pidió informe técnico y los concejales de la oposición no acabaron de tenerlo claro. Según el acta del 20 de octubre, “es una cuestión que no debe ser llevada a decisión de la Junta de gobierno o al Pleno ni a ningún otro órgano colegiado. Se trata de una decisión personal del alcalde. Se trata de un pacto o acuerdo que se asume ente los miembros de esta Comisión, pero la decisión final la tendrá el alcalde, que podrá no cumplirlo. Desde esta comisión se adoptará el acuerdo de proponer estas medidas, pero será el acalde quien decida hacerlo o no”.
Ante este informe “Desde el Grupo Socialista, la Sra Puerta considera “la Comisión de Transparencia se ha creado para pactar cosas como esta que se está debatiendo. Será la figura del alcalde quien decida aceptar” (Acta del 20 de octubre de 2014.
En cuanto a qué tipo de delitos deberían ser lo que deberían provocar el cese en sus funciones del cargo público, en la Comisión ética se plantearon muchos escenarios, incluso aquellos que afectaban a familiares o al entorno personal del cargo. A propuesta de la secretaria, también se acotó este tema y la definición de los delitos de corrupción y su ámbito de aplicación.
El Código Ético se aprobó por unanimidad en el pleno el 30 de abril de 2014. Un mes después, se celebraron las elecciones municipales, el PP conseguía la lista más votada pero se quedaba fuera del Gobierno tras la firma del Pacto del Grao: PSOE y Compromís en un Gobierno en minoría con el apoyo desde la oposición de CseM.
Cuatro años después y, a consecuencia de la ‘querella de los sobres’ interpuesta por el concejal del GMP Pérez Macián, se iniciaba la instrucción judicial del caso. Ali Brancal y Enric Nomdedéu eran llamados a declarar en situación de ‘querellados’ por esa supuesta comisión de delitos tipificados como corrupción en aquel Código de Buen Gobierno.
Si se hubiera aplicado lo dicho por Nomdedéu cuando se gestaba el Código ético, ambos deberían de haber dimitido, no ya solo cesados en la primavera de este año: Ali Brancal como vice alcaldesa y Enric Nomdedéu como secretario autonómico para el Empleo.
No se dieron por aludidos, porque “la querella la había puesto un concejal del PP”.
Una vez que se sentaron a prestar declaración, acompañados por sus abogados, cambiaron su situación de ‘querellados’ por la de investigados (lo que antes se hubiera dicho ‘imputados’). La alcaldesa no recordó lo dicho en la Comisión ética. No cesó a la vice alcaldesa.
El GMP, por su parte, recordó entonces todo lo acontecido en el 2014, lo mismo que ha presentado hoy en rueda de prensa, recogido en las Actas de aquella Comisión.
El pleno que determina la aplicación el Código de Buen Gobierno se vota esta tarde. Compromís pide que se vote en contra. Donde dije Digo, digo Diego.
Ciudadanos: “La vice alcaldesa debe dimitir antes que la tiren”
Por parte de Ciudadanos, cuyos representantes también votaron (como el resto de la Corporación) el Código de Buen Gobierno, aprobado el 30 de abril de 2015, también votarán por la aplicación del Código.
La última carta de Compromís se ha centrado sobre ellos para tratar de convencerlos de sus argumentos.Tanto ayer como hoy ha habido reuniones de última hora para trasmitir la documentación que, según Compromís, debería convencerlos de que el Código de Buen Gobierno es extremo y no debe ser aplicado.
Desde Ciudadanos, el portavoz Adjunto, Vicente Vidal, reconocía ayer en la tertulia de Castellón Información que si, que el Código ético del Ayuntamiento es extremo, y que de haber estado en la Corporación ellos no lo hubieran respaldado.
Pero dicho eso, tras las últimas reuniones, Ciudadanos no se ha dejado convencer. Lo que se aprobó entonces es lo que han prometido o jurado ahora todos los concejales
“Hay lo que hay, no hay ninguna duda de ningún tipo de que la vice alcaldesa ostenta la situación de investigada. Los términos investigado o imputado tienen el mismo contenido jurídico; y dado, que en la situación actual han venido a pedirnos apoyo después de casi cuatro años sin contar con nosotros en el Ayuntamiento, entendemos que por dignidad la vice alcaldesa debe dimitir.
¿Por qué dimitir?, indicaba Vidal: “No es lo mismo irte que, que te echen, y el pleno de hoy va a votar eso. Ellos han comentado con su portavoz por delante que van a intentar convencernos… que el PSOE se abstendrá, el PP votará a favor… Y nosotros no podemos hacer una cosa distinta, porque, además, siguiendo el compromiso ético, nuestra carta ética dice en el punto primero que hay que separar de inmediato a cualquier cargo público de partido imputado por corrupción política hasta la resolución del proceso judicial. Es un compromiso por y para la regeneración democrática.
Lo siento, pero es lo que hay. Ya lo dijimos hace meses, esta es la crónica de una muerte anunciada”.
