La vicealcaldesa de Castellón afirma que no está afectada por el Códido de Buen Gobierno y no piensa delegar sus cargos
La vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, ha afirmado esta mañana a los medios de comunicación, que no se siente aludida por el informe de la secretaria municipal, ni por la aplicación del Código de Buen Gobierno, que su grupo promovió y votó en abril de 2015. Según Brancal, no está ‘imputada’, sino ‘investigada’, término que sustituye al anterior pero en situación similar. Ha dicho que lo suyo no tiene nada que ver con lo que le pasó a Bataller, y que “equipo de Gobierno dará una rueda de prensa”.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El informe técnico elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Castellón pone blanco sobre negro, al confirmar los casos en los que, según el Código de Buen Gobierno, un concejal debería de abandonar sus cargos de representación, aunque mantenga su acta de concejal. Fue lo que acordaron por unanimidad los concejales del Ayuntamiento de Castellón en abril de 2015.
Este sería el caso de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Castellón, Ali Brancal, que esta mañana no pudo (aunque lo intentó), eludir las preguntas de los medios de comunicación.
Las preguntas se produjeron al final de la presentación del proyecto de la plaza de Josefina López del Grao, tema en el que tanto el teniente de Alcalde, Rafa Simó, como Ali Brancal, concejal de Compromís, dijeron tener una implicación muy personal.
Pero después de las declaraciones bonitas, llegaron las preguntas difíciles.
La vicealcaldesa intentó escapare por la vía de “no quiero alimentar monstruos de otros partidos políticos”, y mencionó que el análisis realizado por el PP sobre el informe de la secretaria era solo una interpretación particular que no comparte y que deberá estudiar el equipo de Gobierno.
Pero la prensa no se quedó en esa declaración e insistió.
Salieron a relucir entonces otros detalles, entre ellos, que el Código actual fue impulsado por la concejal de Izquierda Unida, Carmen Carreras y el edil de Compromís, Enric Nomdedeu en 2013. La vicealcaldesa afirmó que tenían que estudiar el tema… y la respuesta. Y cuando se le preguntó si estaba imputada o no, sacó a relucir el cambio de denominación que recogió la Ley de enjuiciamiento Criminal en 2015, que modificaba la denominación de imputado a investigado, sobre las personas que se vieran afectadas en la instrucción de una causa judicial.
Según Brancal ella no está ‘imputada’ pero si ‘investigada’ (antes se decía imputada - en la 'querella de los sobres') porque como reconoció ella misma el Juzgado admitió a trámite la querella que presentó el PP contra ella, y de momento no se ha demostrado su culpabilidad….
Brancal también rechazó que su situación fuera parecida a la que atravesó el ex alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, en el 2013, cuando fue ‘imputado’ (ahora se hubiera dicho investigado) por la presunta comisión de un delito, del que posteriormente fue exonerado.
En cuanto a si se tratará el tema en Comisión, como indica el informe de la secretaria… “yo soy presidenta de esa comisión”, para terminar con: “estudiaremos el caso y convocaremos una rueda de prensa”.
La alcaldesa de Castellón estaba al lado, la prensa preguntó y Amparo Marco, no dijo ni que si ni que no, porque, como el informe de la secretaria, también su respuesta podría ser interpretable: “yo creo que la vicealcaldesa ha hablado claro ¿no? ¿alguna pregunta más?".
La ‘imputación’ de Alfonso Bataller se produjo a finales de abril de 2013. ¿Qué dijeron entonces los grupos municipales del Ayuntamiento?. Según recogió entonces Castellón Información:
“El portavoz de Compromís, Enric Nomdedéu, tras conocer la imputación del alcalde ha declarado: “Bataller siguiendo la doctrina Fabra sobre las imputaciones tiene que dimitir como alcalde de Castellón”. Y recuerda que si no dimite por iniciativa propia, tendría que ser el Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra quién le exigiera la renuncia.
Por su parte, el portavoz adjunto socialista en el ayuntamiento de Castellón, Pep Grau, insta al alcalde a “no dañar la imagen de la ciudad” y ha declarado: “El alcalde tiene que dar la cara y dar explicaciones creíbles a la ciudadanía de sus relaciones con el Bigotes, porque no podemos admitir que la sospecha de la corrupción se extienda hasta el ayuntamiento de Castellón”.
Unión Progreso y Democracia ha exigido también la dimisión del alcalde de Castellón tras conocer la noticia”.
La moción para defender la buena imagen de la ciudad
El 19 de abril de 2013, en pleno proceso, Carmen Carreras, concejal de EU y Enric Nomdedeu, concejal de Compromís presentaron una nmoción en la que solicitaban:
“Acordem la posada en marxa d’una comissio extraordinaria formada per les formacions polítiques representades al consistori, que treballe per impulsar un pacte contra la corrupción y pel bon govern. Haurá d’acordar un conjunt de mesures que aprofundisquen en la transparencia i la información, el bon govern iel desenvolupament de la democracia participativa en el món local. Tractant entre d’altres les mesures a adoptar en cas d’imputacions formal en causes de corrupción, la política salarial dels càrrecs electes de lliure designació, i les modificacions reglamentàries encaminades a permetre la participación de la societat civil a punt de precs i preguntes dels plenaris”.
Código de Buen Gobierno
La moción fue aprobada por unanimidad y como consecuencia de aquella Comisión se aprobó el Código de Buen Gobierno que, en su página 10 incorpora un anexo que se denomina: Annex I.- Mesures que s’adoptaran en el cas d’imputacions formals a membres de la Corporació Municipal”. Y en su página 11 apunta “El regidor será apartat de tota representació que exercisca en qualsevol òrgan col.legiat de govern o administración de l’Ajuntament, consultius, patronats municipals, administración dels ens, fundacions, siga quina siga la seua naturalesa en que l’ Ajuntament siga particip i del que formen part per designació del/de la portaveu del seu grupo municipal o per acord de de quasevol òrgan municipal”.
Y añade: “Si formen part de la Junta de Govern Local, exerceix la condició de tinent d’alcalde o regidor delegat/ada d’Area de Govern Local es procedirà a la revocació inmediata d’aquestes”.
Compromis y Compromiso
En esta tesitura, la única justificación de Ali Brancal para no dar cumplimiento a este acuerdo, podría ser el cambio de denominación de su estado, ‘imputada’ a 'investigada’ aunque en el fondo signifiquen lo mismo, o la alegación de que como la querella contra ella la ha interpuesto un político de sentido contrarío, podría tener una excusa para no cumplir el Código, pese a que aquel acuerdo no indicaba nada al respecto de quien hubiera interpuesto la acusación que da lugar al proceso.
En otro orden de cosas, también por la misma época, entre 2013 y 2015, tanto Ali Brancal como Enric Nomdedeu criticaron ampliamente al entonces alcalde Bataller y su grupo político, y afirmaron en varias ruedas de prensa, que ambos habían firmado un certificado ante notario, por el que se comprometían a renunciar no solo a sus cargos, sino a sus actas como concejales, en caso de resultar imputados (encausados) por un tema de corrupción si esperar a que se abriera o no juicio oral.
Este compromiso se asumió entonces, pero los concejales del Grupo no han certificado en ningún momento que lo hayan hecho en esta legislatura.
Y llama la atención porque la alcaldesa, Amparo Marco, cuando se le pregunta, siempre repite que todos los miembros de su candidatura firmaron un documento semejante antes de tomar posesión de sus actas de concejales.
Comunicado de Compromís
"Davant la publicació en els mitjans de comunicació de les falsedats sostingudes pel portaveu adjunt del grup municipal del Partit Popular, Juan José Pérez Macián, aquest grup municipal considera necessari aclarir el següent:
- El regidor popular Juan José Pérez Macián està, una vegada més, tergiversant i manipulant la realitat. En aquesta ocasió, està alterant l'informe de la Secretaria de l'Ajuntament, ja que el que diu aquest document és que el Codi de Bon Govern estableix mesures a adoptar només en cas de “imputació formal” a algun regidor. La vicealcaldessa Ali Brancal, a pesar les mentides del Partit Popular, no està ni ha estat mai imputada.
- El terme que s'expressa literalment en el document és el de “investigada”, que segons la LECRIM és aquella persona “respecte de la qual no existeixen suficients indicis perquè se li atribuïsca judicial i formalment la comissió d'un fet punible”, tal com arreplega l'informe de la secretària, que prossegueix dient que “mentre que amb el terme encausat es designarà a aquell a qui l'autoritat judicial, una vegada conclosa la instrucció de la causa, imputa formalment l'haver participat en la comissió d'un fet delictiu concret”. Finalment, en les seues conclusions, la secretària acaba dient que “a la vista de la documentació aportada pel Grup Municipal Popular d'aquest Ajuntament, apareix com investigada la sra. Dª Alicia Brancal Mas”.
- Per tant, la vicealcaldessa Ali Brancal no està ni ha estat, en cap cas, encausada a través de la imputació formal per part d'un jutge o fiscal. De fet, en el cas de la querella presentada pel portaveu adjunt del Partit Popular, la instrucció de la causa encara no ha acabat i se segueix investigant.
- Així doncs, atenent al moment processal de la causa no cap aplicar el Codi de Bon Govern en el cas d'Ali Brancal. No existeix en cap cas acusació contra ella, per tant la vicealcaldessa no està encausada. A més, està tot recorregut i, per tant, les diligències prèvies segueixen el seu curs i encara no han conclòs ni mínimament.
- Cal recordar que la causa a la qual ens referim es tracta d'una querella interposada per Juan José Pérez Macián contra la vicealcaldesa de Castelló, acusant-la d'haver introduït paperetes electorals en la correspondència del grup municipal de Compromís l'any 2014. Macián ha aportat a la causa uns sobres sobre els quals la pròpia jutge s'ha pronunciat en el seu auto dient que el regidor popular els ha tingut sota la seua custòdia durant quatre anys. Per tant no hi ha cap garantia que les proves aportades siguen vertaderes o hagen pogut ser creades, alterades o modificades pel propi querellant.
- Exigim al Partit Popular que deixe d'incórrer en calúmnies sobre la vicealcaldessa de Castelló i cesse en la seua obstinació de tergiversar i manipular la realitat amb finalitats electoralistes. La ciutat de Castelló mereix una oposició honesta que no mentisca a la ciutadania, com ho està fent reiteradament el regidor Juan José Pérez Macián i la resta del seu grup municipal".
