Carlos Fabra y Francisco Martínez, ex presidente y ex vicepresidente de la Diputación, han comparecido hoy en calidad de imputados, por el caso las entradas de la Corrida de la Beneficencia. El caso saltó el pasado verano, a raíz de la denuncia interpuesta por el Bloc de Villarreal, que acusaba a la Diputación de imponer ‘de forma fraudulenta’ a los ayuntamientos de la provincia la compra de entradas de este festejo. Carlos Fabra ha manifestado, que el procedimiento nunca tuvo ningún informe en contra de ‘ilegalidad’; y recordó que cuando se tomó ‘el acuerdo de compensación’ de las entradas que dio lugar a la denuncia “él ya no era presidente”, el cargo lo ocupaba Javier Moliner. En torno al tema ‘Gürtel’, Fabra ha dicho textualmente “si en algún sitio pinchó Gürtel fue en Castellón”, donde él mismo se opuso las propuestas que le realizaron.
Carlos Fabra ha vuelto a pasar por el juzgado como imputado, esta vez acompañado por el que fuera su ex presidente y presidente en funciones, Francisco Martínez.
Ambos están imputados por la fiscalía por ‘presunta ilegalidad’ en el procedimiento de reparto y venta de entradas de la Corrida de la Beneficencia a los Ayuntamientos. El procedimiento, que como reconoció, el propio Fabra, se llevaba haciendo “desde siempre”, nunca había originado protestas, estaba respaldado por toda la Corporación, nunca tuvo ningún informe técnico en contra, y proporcionaba fondos para atender parte de las demandas sociales.
La organización de un espectáculo taurino, con fines sociales, era una práctica común en numerosos puntos de España, y por parte de numerosas entidades, como la Asociación de la Prensa, en sus mejores tiempos, para recaudar fondos que luego se destinaban a fines sociales.
Pero el sistema empieza a ser cuestionado, cuando se decide ‘repartir’ las entradas entre los Ayuntamientos, para que sean ellos, los que afronten el pago de las mismas, y las repartan después en sus municipios.
Según declaró Carlos Fabra, en ningún momento tuvo sobre la mesa ningún informe de ‘ilegalidad’ sobre este sistema. “nunca- dijo- se presionó a ningún municipio ni a ningún político para que colaborara”. El ayuntamiento que quería podía decir que no, retirarlas y pagar su importe, o no retirarlas y mantenerse al margen.
Pero la polémica estalla cuando el Ayuntamiento de Villarreal, con gobierno liderado por el Psoe y en colaboración con el Bloc, decidió oponerse al procedimiento de las entradas y al pago de las mismas. Según el ‘Acuerdo de Compensación’, aprobado por unanimidad en la Diputación, y que afectaba a los importes de estas entradas, si un ayuntamiento no hacía frente al pago de un cargo pendiente con Diputación, el ayuntamiento pasa inmediatamente a ser ‘moroso’, y como tal la Diputación, como entidad pública, no puede abonar subvenciones ni otros conceptos sin saldar la deuda.
En algunos ayuntamientos, esta morosidad se traducía, según indicó en su momento el Bloc Compromís, que se cobrara recortando el dinero que previamente se había concedido a temas sociales. La contradicción era manifiesta: venta de entradas para fines sociales y recorte de fines sociales para pagar las entradas.
El Bloc- Compromís, denunció el tema ante la fiscalía, y fue este organismo el que decidió abrir una investigación de oficio e imputar a Carlos Fabra y Francisco Martínez, por considerar que su actuación al frente de la Diputación, podía ser constitutiva de delito.
Según apuntaron hoy Carlos Fabra y Francisco Martínez, el procedimiento de cobro se modificó mediante un ‘Acuerdo de Compensación’, aprobado el 27 de noviembre del 2011’, que tenía como fin, facilitar el trámite de cobro de las entradas a los ayuntamientos. Pero en ese momento, recordó Carlos Fabra, él ya no era presidente de la Diputación, cargo que ya ocupaba Javier Moliner.
Con ello, indicó Fabra, no pretende culpar a Moliner, con el que mantiene acuerdos en algunas cosas y desacuerdos en otras. Pero insistió en que él no es responsable de un procedimiento que antes no se había utilizado.
Moliner: La ordenanza tenía base legal, aprobada por unanimidad
Sobre este particular, Javier Moliner explicó ya en el pleno de la Diputación del 29 de enero de este año, que en la Diputación que gobernaba su antecesor, Carlos Fabra, el procedimiento de repartir las entradas entre los ayuntamientos, tenía base legal, ya que se basaba en una ordenanza que fue aprobada con el voto unánime la Corporación.
Dicho todo esto, Moliner, indicó también, durante la misma sesión, que aunque el procedimie
nto fuera legal, el método utilizado sí estaba sujeto a cuestionamiento. “a mí no me gustaba este procedimiento y por tanto, cuando asumí el cargo, inicié los trámites para modificarlo”.
El presidente de la Diputación, Javier Moliner, añadió entonces, que la Diputación se había puesto al servicio de la justicia para aportar lo que sea necesario y para cambiar lo que la justicia indique. Es más, indicó Moliner, durante todos estos años en que se llevó a cabo, no hubo un solo informe técnico en contra.
La oposición quiere que se investigue a los alcaldes
En el mismo pleno, la oposición acusó a Martínez y a Fabra, de haber mantenido una presión sin medida sobre los ayuntamientos, a los que condicionaban para recibir otras atenciones de la Diputación. En la misma sesión se llegó a pedir la imputación de los alcaldes que en su día compraron las entradas de la Beneficencia, y como se repartían estas entradas en los municipios.
"Gürtel pinchó de lleno en Castellón"
El ex presidente de la diputación Provincial, Carlos Fabra, fue preguntado por los periodistas, a su salida del juzgado, sobre su ‘presunta’ implicación en el caso Gürtel, en relación con los temas que también afectan a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
Según las declaraciones recogidas y emitidas por Onda Cero Castellón, Carlos Fabra no solo negó este hecho, sino que indicó tajantemente: “Si en algún sitio Gürtel pinchó fue en Castellón”.
Según las mismas declaraciones, Fabra admitió que recibió la visita de una persona (que no identificó), para proponerle la organización e diferentes eventos, sobre los que le presentaron presupuestos quince veces mayores de los que presentaban las empresas de Castellón. “Le dije que no volviera”.-EM
