El jefe del Consell asegura que “el malgasto y descontrol” que dejó el gobierno del Botànic obliga a realizar una auditoría ‘forensic’ para detectar posibles casos de fraude y gasto descontrolado
Se llevará a cabo una auditoría ‘operativa’ del conjunto del sector público instrumental para poner de manifiesto las duplicidades e ineficiencias de estas entidades
Avanza que el Consell aprobará un proyecto de Ley para eliminar seis ‘empresas fantasmas’ cuyas funciones ya vienen desempeñando una dirección general
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado una auditoría general de todo el sector público valenciano para poner fin al “malgasto y descontrol” que ha caracterizado la época del Gobierno del Botànic, según ponen de manifiesto todos los informes técnicos de la Sindicatura de Cuentas, de la Intervención general de la Generalitat y de la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público.
Carlos Mazón ha calificado de “crítica” la situación del conjunto de empresas, entidades y organismos públicos con la existencia de procedimientos de contratación irregulares, falta de control en el manejo de los recursos públicos, duplicidades en el gasto, además de retribuciones a directivos y trabajadores “colocados a dedo al margen de la ley y pagos a terceras personas sin control ni autorización”
El jefe del Consell ha explicado que esta auditoría implicará varias medidas como una auditoría ‘forensic’ para detectar de manera pormenorizada posibles casos de fraude y gasto descontrolado en determinadas entidades del sector público. Para ello, “vamos a poner a los mejores profesionales para conocer donde ha ido a parar cada euro y exigir si procede responsabilidades administrativas e incluso penales”, ha enfatizado el jefe del ejecutivo valenciano.
Asimismo, Mazón ha apuntado que se llevará a cabo una auditoría operativa del sector público instrumental que “ponga de manifiesto las duplicidades, ineficiencias y el rumbo del conjunto de entidades”.
En esta línea, el president ha avanzado que el Consell aprobará en breve el inicio del expediente para llevar a les Corts Valencianes un proyecto de Ley para “eliminar seis entidades ya creadas”, y que “el Botànic fue incapaz si quiera de poner en funcionamiento”. Unas entidades cuyas funciones ya vienen desempeñando distintas direcciones generales de la Generalitat y que el jefe del Consell ha calificado de “empresas fantasmas”.
Estas entidades son la Agencia Valenciana de la Energía cuyas funciones ya realiza la dirección general de Energía del IVACE; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, labor que desempeña la dirección general de las TIC; la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios que ya llevan a cabo las direcciones generales de Industria y Cadena Agroalimentaria, y de Producción Agrícola y Ganadera; la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular cuya función realiza la empresa pública VAERSA; la Agencia Valenciana Cambio Climático, labores ya desempeñadas por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental, y la Escuela Valenciana de Administración Pública, que desarrolla la dirección general de Función Pública.
Así, Carlos Mazón ha indicado que el objetivo de este Consell es “terminar con el gobierno más caro de la historia” y que la legalidad, el interés general, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y el control del gasto, “sean las bases fundamentales de una nueva etapa en el sector público valenciano”. “Se ha acabado malgastar el dinero público. Les vamos a contar toda la verdad a los valencianos”, ha enfatizado el president de la Generalitat.
En este sentido, ha subrayado que la Comunitat Valenciana cuenta el mayor déficit de España y la deuda pública en máximos históricos, y ha recordado que una de sus primeras medidas fue la reducción del número de altos cargos y asesores pasando de 116 a solo 63, lo que supone un ahorro de más de 20 millones de euros en esta legislatura.
Irregularidades en materia de contratación
Carlos Mazón ha explicado que según los informes técnicos, en materia de contratación “el 92% del sector público no realiza los procedimientos de contratación pública conforme marca la Ley”. Así, solo 4 de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat.
Además, en los últimos cuatro años, el conjunto del sector público del gobierno del Botànic adjudicó “a dedo” 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros, de los cuales 159 millones de euros corresponden a contratos menores y 554 millones de euros son de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación.
Para Carlos Mazón, estas cifras “reflejan la barra libre que caracterizó el gobierno de Ximo Puig y un pozo sin fondo de la contratación a dedo”, saltándose la mayor parte de las recomendaciones que realizaba la Sindicatura de Cuentas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación.
Gasto desmesurado en personal y descontrol en el área de tesorería
Asimismo, en materia de personal, según los datos de la Intervención de la Generalitat la plantilla del sector público se incrementó en un 35% durante el gobierno de Ximo Puig, mientras que el gasto en personal de las empresas públicas se disparó un 47%.
Solo en el ejercicio de 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos. Así, por ejemplo, la empresa pública encargada de la gestión de los servicios de emergencias, SGISE, "controlada por el PSPV, trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos a las puertas del 28-M. “
En el área de tesorería, en 22 de las 48 entidades que están sujetas a este tipo de verificación por parte de la Intervención General y las auditorías, se produjeron pagos “sin la autorización de la persona correspondiente o incluso pagos a cuenta bancarias no identificadas debidamente”, ha señalado Mazón.
Finalmente, el jefe del Consell ha explicado que el procedimiento administrativo de la auditoría operativa comenzará en el primer trimestre de 2024. El calendario de actuación se compondrá de dos informes intermedios y un informe final en el que se vaya detallando el trabajo realizado y las principales conclusiones.
