La portavoz del Partido Popular explica que de llevarse a cabo esta reforma del Código Penal se estaría participando activamente en el descrédito de dos instituciones del Estado
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, anuncia que su grupo ha registrado una iniciativa plenaria, en forma de Declaración Institucional, con la que pretende posicionar al Ayuntamiento de Castellón en contra de la iniciativa parlamentaria presentada por el gobierno de Pedro Sánchez que tiene por objeto modificar el delito de sedición.
“Abogamos por que se cumpla, acate y respete la Constitución Española. De llevarse a cabo esta reforma del Código Penal, el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España. La reforma del delito de sedición es solo una más de las concesiones a los socios independentistas de Pedro Sánchez”, señala la portavoz popular, Begoña Carrasco.
Y añade: “No sabemos si la alcaldesa socialista Amparo Marco también agachará la cabeza en un asunto tan importante como éste, para no llevarle la contraria a su jefe de filas. Los Ayuntamientos, como instituciones públicas que forman parte del Estado, deben pronunciarse públicamente. En Castellón los grupos políticos han de votar nuestra iniciativa plenaria y manifestar con total transparencia si apoyan reducir las penas establecidas en el Código Penal para el delito de sedición, o si bien, rechazan esta modificación. En el Partido Popular rechazamos cualquier acción que suponga debilitar al Estado”.
El Gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención reformar el delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma fue adelantada por el Ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del ‘Procés’, en aplicación de dicho artículo.
Para los populares las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la conveniencia política del presidente del Gobierno de España. Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos que se levantaron en contra de la unidad del país. En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos.
Con este anuncio, el Gobierno de España retoma un peligroso precedente; el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la Justicia al admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos que han cometido.
