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El Grupo Municipal Popular insta al bipartito a fijar las fechas para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y, de esta manera, comprometerse de verdad a cumplir con su anuncio en campaña electoral de aprobar el PGOU en esta legislatura.
La portavoz, Begoña Carrasco, recuerda a la alcaldesa que la legislatura pasada se la pasó diciendo que había que acabar con la inseguridad jurídica, pues bien, “han pasado dos años de la presente legislatura y como alcaldesa no ha sido capaz de acabar con esta incertidumbre. Es necesario un compromiso real y que los ciudadanos empiecen a ver avances respecto al PGOU, porque en estos dos años hemos asistido a una fuga de inversiones”.
"Hasta el momento, de la promesa electoral estrella de la alcaldesa, sólo hemos visto una declaración de buenas intenciones de cara a la ciudadanía, pero lo cierto es que llegamos a mitad de legislatura sin que nada se sepa del proyecto". Los populares cuestionan el interés desmedido que tuvo al principio el bipartito, al publicitar a bombo y platillo los cambios -que con la colaboración de los vecinos-, facilitarían la aprobación del documento urbanístico definitivo para la ciudad de Castellón. "Lo único que han hecho es replicar los foros ciudadanos sobre urbanismo, que ya existían con el gobierno popular y contratar a un especialista en planes urbanísticos que cuesta a las arcas municipales 70.000 euros”.
“No hay avances en la redacción del proyecto y la prueba de esta lentitud es que han pedido una prórroga, de 2 años más, de las normas urbanísticas transitorias”, afirma Carrasco y, también mantiene que “llevamos 2 años perdidos, con promesas y anuncios pero ningún avance del documento".
Los populares recuerdan el trabajo que se hizo en los Foros de Urbanismo del siglo XXI y, que después ha copiado el bipartito con otro nombre, dónde con el último gobierno popular participaron decenas de colectivos vecinales, los cuales elaboraron 300 propuestas para conseguir un Castellón mejor.
Desde el Grupo Municipal Popular advierten de la importancia de contar con un marco jurídico que garantice el desarrollo urbanístico y de confianza a los inversores.
