Garrido, atacada en bloque por su falta de gestión, pero saca adelante el Plan de la Vivienda Social
El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado por unanimidad solicitar la permanencia del CICU en la provincia, y reconocer la labor de la Policía Local. Por lo demás, más desacuerdos que otra cosa. La oposición, al completo ha reprobado la falta de gestión de Garrido que, pese a todo, ha sacado adelante su ‘Plan de la Vivienda’. El pleno no desveló tampoco cuantas multas se pusieron en el centro de la Castellón y según la alcaldesa, el Tram es el culpable de todos los males del comercio de Castelló.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Castellón ha sido más un ‘destarifo’ que otra cosa. Muchos puntos en el orden del día, pocos acuerdos entre gobierno y oposición. ‘Manual de resistencia en ataque y en defensa…’
Y como hechos más notables, por lo menos, visto desde fuera, la primera actuación de Paula Archelós como ‘independiente’. Vicent Vidal volvió a increpar desde la bancada, con llamadas de atención de la alcaldesa, que, en un momento dado volvió a estar a punto de perder los nervios y le pedía “Déjenme dirigir el pleno a mi”.
Y el remate de la alcaldesa, Amparo Marco, al final de la sesión para arropar bajo el ala a su concejal más joven, Jorge Ribes. Y es que, por toda conclusión, según la alcaldesa, la culpa de todos los males del Comercio de Castelló la tiene el Tram.
En lo que concierne a otros detalles, todos los grupos de la Oposición (Archelós incluida) han puesto en evidencia lo que han denominado una ausencia total de gestión por parte del departamento de la Vivienda de la ciudad. Comparativamente, afirmaban, la concejal que más dotación presupuestaria ha tenido en esta legislatura y menos ha gastado en su departamento.
Pero Garrido estaba más que contenta, porque pese a las duras críticas recibidas, sacaba adelante con el apoyo del Fadrell su Plan de Vivienda, y la creación de una Oficina de Vivienda para gestionar esta problemática. Y se bastó sola para defenderse pese a las acusaciones de haber montado un "nuevo chiringuito para “sus amiguetes de Andalucía”. Se aprobó por mayoría, con los votos de PSOE, Compromís y Podem y la abstención del resto.
Poco que contar en los aspectos económicos de la gestión municipal durante el primer trimestre, que pasaron como ‘Dación de Cuentas’ ni no como dictámenes. Todo esto con quejas por el PP, y una intervención de apenas 3 minutos del concejal del PP Juan Carlos Redondo.
No a los geolocalizadores para personas con alzéhimer
El equipo de gobierno rechazó la moción de VOX para elaborar un programa de información municipal y la implantación de dispositivos de geolocalización para personas con alzhéimer. ¿Por qué? Ah! por la gestión del PP cuando gobernaba.
Si salió adelante una moción conjunta para elevar a la Generalitat una propuesta de felicitación y reconocimiento al colectivo de Policía Local durante la pandemia, que se amplió a todos los dispositivos técnicos de prevención y seguridad, sanitarios incluidos.
¿Cuántas patrullas vigilan Castellón?
Y nuevo revés para la moción del PP para incrementar la vigilancia y dotar de los efectivos necesarios a la Policía Local. Sobre el particular, la oposición sacó a colación las denuncias de los vecinos de la Marjalería sobre el aumento de robos y asaltos a viviendas; y las denuncias realizadas por los sindicatos de Policía, sobre la falta de efectivos que, en muchos casos, reducen toda la cobertura de seguridad a solo dos patrullas para toda la ciudad.
El concejal de Seguridad lo desmintió todo. Volvió a tirar por aquello de: ‘Ustedes antes’ y afirmó que la dotación nunca ha bajado de las 5 patrullas, aunque es verdad de que se hacen muchas horas extra que se retribuyen con tiempo de descanso.
Declaraciones institucionales
Y así, sin más, llegaron las declaraciones institucionales que ya venían pactadas desde la Junta de Portavoces y, por tanto, llegaban por unanimidad.
Se aprobó, por tanto: Instar al Gobierno de España a que no implante peajes en la red de autovías estatales.
Las primeras sociedades musicales fueron valencianas
También hubo respaldo municipal para que el Ministerio rectifique en el BOE el origen de las sociedades musicales de la Comunitat. Y es que, como se recordará, el Boletín Oficial del Estado en una de sus exposiciones de motivos consideraba que el origen de las sociedades musicales procede de Cataluña. El texto fue protestado de forma unánime por todos los músicos de la Comunitat Valenciana y, a partir de ese momento, se han sucedido las quejas y, a partir de entonces, la petición para que el Gobierno corrija su afirmación ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos.
Salió adelante la declaración contra la exclusión financiera de las personas vulnerables y la instancia al Gobierno de España a resolver la problemática del Sector Pesquero en el Mediterráneo.
Y si, también el ayuntamiento de Castellón se ha sumado a la petición generalizada para pedir a la Generalitat y a la Conselleria de Sanidad que no desmantele el Centro de Información y Coordinación de Emergencias de Castellón (CICU).
Ribes sigue sin contestar cuantas multas se pusieron y cobraron en el centro de Castelló
A petición del Partido Popular, el concejal de Movilidad, Jorge Ribes, comparecía en el pleno para dar explicaciones de su gestión en lo que se refiere a las restricciones de tráfico en el centro de Castelló y las sanciones impuestas tras la instalación de las cámaras de control.
Antecedentes de las restricciones de tráfico en el centro
Por poner al lector en situación, las restricciones de tráfico en el centro de la ciudad vienen de antiguo, tanto que ya estaban recogidas en la exposición sobre el Urbanismo de la ciudad ‘Imagina’t Castelló, Castelló Centre de futur’, Eso es hace ahora 30 años. Pero es cierto que su implantación se realizó de forma progresiva y no siempre ausente de protestas iniciales.
En la última etapa del PP, el control del centro de Castelló se realizó mediante la instalación de bolardos hidráulicos que impedían el acceso no autorizado a los vehículos. Posteriormente y ya bajo el gobierno de Marco, el ayuntamiento elaboró una revisión del proyecto y sacó a concurso un nuevo proyecto para sustituir los bolardos por cámaras de vigilancias con reconocimiento de matrículas.
Es decir, la cosa tiene su historia. Pero el problema es que, de un día para otro el ayuntamiento puso en marcha las cámaras sin una campaña de información previa, en plena pandemia de la Covid, y en vísperas del Ciberataque. Los resultados fueron desastrosos.
En apenas unos meses se multiplicaron las denuncias y las multas, los comerciantes estallaron en protestas, los vecinos también, y con ellos, repartidores, suministradores, personal de servicios técnicos…
Según indica el informe técnico, se pudieron producir 7.000 denuncias. Según los comerciantes, entre el periodo de prueba previo y su entrada en vigor oficial, fueron más de 48.000. A raíz de 200 euros por multa, que cada uno saque sus cuentas.
Este informe técnico apuntaba que, muchos posibles beneficiarios de los permisos para poder transitar excepcionalmente por el centro no disponían la correspondiente autorización, porque no la habían gestionado previamente… como durante el tiempo sin bolardos no la necesitaron, cuando quisieron reaccionar ya era tarde.
Pero claro, con la Covid, el Ciberataque que paralizó toda la gestión municipal y sin alternativas para poder trabajar y acceder por urgencia o necesidad, las multa se multiplicaron. Algunos ciudadanos acumularon hasta 2000 euros solo para poder aparcar en sus garajes. Otros más de 4.000 por realizar el reparto en los comercios…
Además de que no se realizó una campaña informativa previa, se colapsó el sistema de gestión para poder autorizar los vehículos que tenían derecho a ello; y también se saturó el teléfono municipal.
Aunque en el pleno del ayuntamiento Ribes se negó a dar un paso atrás, pocos días después hubo de hacerlo. Los vecinos y comerciantes se comían al Ayuntamiento.
Bien, puestos en situación, el Partido Popular, además de atacar la gestión de Jorge Ribes y culpabilizar al equipo de gobierno de ‘la ruina’ de los comercios del centro’, ha efectuado una serie de preguntas concretas: cuantas multas se impusieron, cuanto dinero se recaudó con estas multas, cuando se van a devolver y si esta devolución es legal, la tiene que realizar el ayuntamiento, o la empresa que gestiona las cámaras. Conclusión del GMP: que se apaguen definitivamente las cámaras de centro.
Y el concejal de Movilidad hubo de intervenir en el pleno para explicar su gestión. Pero Jorge Ribes no respondió a ninguna de las preguntas planteadas. Eso si, culpó al PP de ser retrogrado en sus planteamientos, defendió la solución de las cámaras de seguridad y advirtió que antes del 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán tener aplicado un sistema de reducción de tráfico y emisiones en la zona centro.
Fue un debate que aclaraba poco o muy poco. El concejal había dado menos respuestas al PP que ofreció antes a los periodistas y en rueda de prensa.
Y será por eso, que su jefa de filas, la alcaldesa Amparo Marco, no quedó totalmente convencida o pensó que había que ‘arropar’ y guardar bajo el ala a su concejal, que Marco tomó la palabra.
En su participación, Marco habló de bolardos y de cámaras… acusó al PP, Manifestó su orgullo por la gestión de Ribes, pero, sobre todo, le echó la culpa de todos los males del comercio de Castelló al Tram. Increíble pero cierto, porque además dijo que hablaba por boca de los comerciantes.
