El equipo de Fadrell no respalda las medidas fiscales del PP para rebajar los impuestos en 10 millones de euros
Castelló ha aprobado por mayoría su II Plan de Empleo, con el voto positivo de PSOE, PP, Compromís, Podem y Archelós y la abstención de Ciudadanos y VOX. Pero ha suspendido en seguridad informática. Así lo evidenció la Sindicatura de cuentas aunque ahora se están realizando fuertes inversiones para solucionar el problema.
Pleno ordinario del ayuntamiento de Castelló correspondiente al mes de noviembre, con mucho debate y poca historia. Muchos de los puntos fueron aprobados por unanimidad.
II Plan de Empleo
Castelló sacaba adelante el II Plan de Empleo, no exento de críticas, pero con el apoyo tácito del Partido Popular al equipo de Gobierno. Porque… aunque se pueda hacer mejor, indicaba Juan Carlos Redondo, su grupo no podía permitirse rechazar el Plan de Empleo que, al fin y al cabo, es bueno para los ciudadanos.
Hubo debate, y en él, Luciano Ferrer de VOX cuestionó la falta de sensibilidad del gobierno municipal para con las empresas privadas, que son las que de verdad generan trabajo; y el principio sobre el que se basaba la propuesta de Fadrell, articulado con los criterios de la Agenda 2030, que tanto ha criticado esta agrupación.
Otro caso fue el de la representante de Ciudadanos (cuyo portavoz estaba ausente por enfermedad), Cielo Leyrós, que mezcló churras con merinas. Y es que Leyrós cuestionó las oportunidades de la política municipal del Fadrell, criticó su falta de escucha y diálogo, y de ahí saltó a la brecha digital, la falta de atención ciudadana o los sueldos de la población, especialmente los sanitarios y la pérdida de población de la capital de la Plana.
Lo tenía muy fácil la portavoz del gobierno, Patricia Puerta para defender la propuesta del II Plan de Empleo, pero será la fuerza de la costumbre, porque comenzó con un ataque directo al PP antes de esbozar de forma breve cómo se había elaborado este Plan.
Redondo le contestó con cierta ironía que, para haberle anunciado el apoyo de su grupo, la respuesta de Puerta no había sido la más positiva.
Pero Patricia Puerta siguió a lo suyo y llegó a reprochar a Ciudadanos y VOX que con el sueldo que les pagaba el ayuntamiento no se centraran en trabajar por la ciudad.
¡En fin!, patético.
Se aprobó con los votos del PSOE, Compromís, Podem, PP y Archelós. Ciudadanos y Vox se abstuvieron.
¿Debe el ayuntamiento personarse en el recurso contencioso presentado por la Host del Castell Vell?
Porque este era el punto que se votaba en el pleno y no otro.
Resulta que los nuevos estatutos del Patronato de Fiestas de Castelló no contemplan, dentro del apartado de ‘entes Vinculados’, a algunas asociaciones culturales como la ‘Hoz del Castell Vell’ o ‘Botafocs’. Este punto generó las alegaciones y propuestas de los colectivos aludidos. Pero, además, la Host del Castell Vell llegaba más lejos y presentaba un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Castelló.
Cuando se presenta un recurso o demanda contra la entidad municipal, el ayuntamiento debe aprobar su personación en el pleito. No hacerlo significaría desobedecer el mandamiento judicial para que la entidad demandada aporte toda la documentación sobre el hecho denunciado; y también quedarse fuera del proceso. Lógicamente, todos los grupos debían haber votado a favor.
Pero no fue así. Votaron a favor los tres partidos del gobierno y Ciudadanos; PP y Vox se pronunciaron en contra y Archelós se abstuvo.
En la explicación de voto que se produjo a continuación, VOX manifestó que al ayuntamiento le hubiera salido más barato admitir a estas asociaciones que pleitear con ellos en los tribunales.
Cielo Leyrós, lo tuvo mucho más claro. Sin entrar en el fondo de la cuestión y la idoneidad de los estatutos de fiestas, un proceso judicial es lo que es y el ayuntamiento tenía la obligación de personarse.
Sin embargo, el tema tocaba de lleno la sensibilidad del grupo Popular, que desde el principio se ha opuesto a esos nuevos estatutos municipales.
María España acusó al Patronato de Fiestas de haber excluido a colectivos que estaban ya considerados como entes vinculados; señaló también, que el Patronato había prometido a esta asociación demandante incluirla en los estatutos, pero sin cumplir su compromiso. Y todo ello, dijo, se queda reflejado en unos estatutos que se aprobaron sin consenso.
El concejal de Fiestas, Obrar Braina, salía al estrado en posición de ataque. “Nos personamos en el procedimiento porque judicialmente es obligado”, afirmó. Pero a continuación acusó a los populares de haber sido ellos los que excluyeran antes a la Host del Castell Vell de los antiguos estatutos del Patronato de Fiestas.
Como se trataba de explicación de voto no había lugar a réplica, María España no podía defenderse, pero si remitir un mensaje a los periodistas con la normativa del Patronato de Fiestas antes de que se modificaran los Estatutos. Y en esta normativa, la Host del Castell Vell figuraba como ente vinculado.
Frente a esa información, terminado el pleno, Omar Braina comentaba a los periodistas que los antiguos estatutos mostraban contradicciones. En los estatutos antiguos sí recogía a la Host del Castell Vell como ente vinculado en la Asamblea de Fiestas; pero en la definición de quienes eran los entes vinculados, no. Había por tanto una contradicción manifiesta.
En estos momentos, indicó Braina, lo que se estaba planteando era un debate para determinar la regulación de lo que es un ente vinculado, para poder concretar después quien puede o no pertenecer a este grupo del ‘món de la festa’.
Pero en el pleno, la alcaldesa volvió a tomar la palabra para acusar a María España de ser la Ayuso de Castelló e indicar que no podía responsabilizarla a ella, como alcaldesa, de todas las cosas.
Castelló suspende en ciberseguridad
En el apartado de ‘Dación de cuenta’, o lo que es lo mismo, la información a todos los grupos sobre las cuentas municipales, que no necesitan de la aprobación de los concejales, se había pedido debate por parte de la oposición.
Un debate limitado a dos concejales, Juan Carlos Redondo, por el Grupo Popular; y Mónica Barabás, por el gobierno municipal.
El meollo de la cuestión se centraba en el punto 12 del Orden del día: “Dación de Cuentas del informe Emitido por la Sindicatura de Cuentas, denominado informe de seguimiento de las recomendaciones realizadas en el informe de la auditoría de los controles básicos de ciberseguridad del Ayuntamiento de Castellón de la Plana del año 2019”.
Como recordará el lector, en marzo de 2021 se produjo un ciberataque de enorme envergadura al sistema informático del Ayuntamiento de Castelló en el que se vieron comprometidos datos privados de miles de ciudadanos.
Pero lo peor de todo, indicaba el concejal popular es que “el nuevo informe de seguimiento, el de julio de 2022 vuelve a pegarle un importante tirón de orejas al equipo de gobierno con afirmaciones tan contundentes, como que la revisión del cumplimiento de legalidad en materia relacionada con la seguridad de la información ha puesto de manifiesto, un insuficiente nivel de cumplimiento de la normativa, o que existen incumplimientos significativos, sobre los que se debe actuar para su pronta subsanación”.
Mónica Barabás lo primero que hizo fue acusar a los populares de haber forzado un debate cuando generalmente solo se pide explicación de voto. Visiblemente descolocada con la situación tiró de todo lo que pudo, culpar al PP, acusarlos de electoralistas y cuestionar las cifras de los informes de la Sindicatura que exponía Juan Carlos Redondo.
Si se sacó en claro, que el ayuntamiento estaba inmerso en un proceso de fuerte inversión para mejorar su sistema y su seguridad informática.
Más de lo mismo con los REX
Llegaron los temas económicos de las facturas que se pagarán con los informes técnicos desfavorables, lo que comúnmente se denominan REX o Reconocimientos extrajudiciales de Crédito. Y se repitieron las escenas ya conocidas de las críticas de la oposición de los gastos no previstos, los contratos caducados, contrataciones verbales, o los sobrecostes de los servicios que no estaban previamente consignados.
El problema de estos gastos es que, si el ayuntamiento no paga, puede ser acusado de ‘enriquecimiento ilícito’; pero como las facturas no son ‘formales’, los técnicos municipales tampoco pueden informarlas favorablemente. En cualquier caso, son pagos irregulares de facturas irregulares que, además, generan problemas para las empresas y proveedores de los servicios.
Se pagan, porque está demostrado que los servicios están prestados, pero se pagan tarde y a veces con un coste muy perjudicial para las empresas.
Pilar Escuder recordó al respecto, que muchos de esos contratos están en procedimiento de nueva adjudicación, y que el ayuntamiento tiene las manos atadas con otros temas.
Y eso la oposición lo entiende ¡claro que lo entiende!, pero después de todas las críticas feroces recibidas por el PP cuando estaba en el gobierno, ¿Cómo no recordarle ahora a PSOE y Compromís todo lo que les dijeron desde la oposición?
Rechazada la propuesta fiscal del PP para rebajar los impuestos
No era un tema nuevo, pero si la primera vez que se presentaba formalmente a pleno.
Aquí la historia es la siguiente, las instituciones están obligadas a pasar por el pleno las ordenanzas fiscales que regularán los impuestos que se cobrarán a los ciudadanos desde el uno de enero del ejercicio siguiente.
Durante toda la legislatura el Grupo Popular ha criticado la baja ejecución el presupuesto municipal de Castelló. Unas veces porque el presupuesto se aprueba demasiado tarde, como fue el caso de Castelló en 2020 y 2021 (entro en vigor en agosto). En otras, porque directamente se retrasan las inversiones o los cálculos de pago de los servicios.
El Ayuntamiento de Castelló prometió en primavera convocar una Comisión de Ordenanzas Fiscales para dialogar sobre los impuestos a aplicar en 2023. Esa comisión y su delegación estaban presididas en aquel momento por el concejal socialista David Donate.
Ya entonces, el Grupo Municipal Popular echó sus números y llegó a la conclusión de que se podían rebajar muchos de los porcentajes aplicados a tasas e impuestos municipales, que redundarían en una rebaja de impuestos de, en torno, a 10 millones de euros.
Pero la Comisión de Ordenanzas Fiscales dejó de convocarse cuando David Donate renunció a su cargo y a su acta de concejal. Desde entonces, indicaban los populares, no se ha vuelto a convocar.
A poco más de un mes de que acabe el año, esas ordenanzas fiscales de reducción de impuestos tienen ya el tiempo contado para ser aprobadas. Si, además, resulta que según los datos técnicos del ayuntamiento consultados por los populares, al ayuntamiento de Castelló le ‘sobrarían’ a día de hoy 111 millones de euros del dinero presupuestado este año, Castelló debería aplicar esa reducción de impuestos para que los ciudadanos paguen menos el año que viene. De ahí que, aunque esta reducción ya se ha anunciado una y mil veces desde primavera por los populares, se haya llevado hoy a pleno.
Pero curiosamente, los datos de los técnicos municipales sobre la ejecución del presupuesto municipal no parecen ser los mismos que manejan los concejales de la oposición y los del equipo de gobierno.
Por eso, cuando el PP ha defendido su propuesta, la concejal Mónica Barabás, que ahora lleva la delegación de Hacienda, haya negado la mayor.
Pero todo hay que decirlo, el PP llevaba ‘mejor atados’ sus argumentos que los de la concejal de Hacienda, que ha optado por acusar de mentirosos y manipuladores a los populares, o de afirmar sin cortarse lo más mínimo que "el PP no es de fiar".
Desde VOX se apoyaba la moción del PP, y su portavoz señalaba que el Ayuntamiento tiene margen para rebajar impuestos si se controlan ‘los gastos ideológicos’; mientras el portavoz de Ciudadanos ha abogado por lo mal que lo están pasando los ciudadanos y la necesidad de mejorar la calidad de vida de la ciudad.
Eso fue todo lo que se sacó en claro, aparte del rechazo de la moción del PP con los votos del equipo de Fadrell.
Las multas a las carpas de Gaiatas y entes festeros
En el último punto de Ruegos y Preguntas, María España denunció la multa que el ayuntamiento ha impuesto a varias Gaiatas de Castelló, Germandat dels Cavallers y Moros d’Alquería, por anclar las carpas al suelo en Magdalena, y que ha sido recurrida en los tribunales. El ayuntamiento dio permiso para las carpas con una ‘nueva indicación’ que prohibía el anclaje y solicitaba utilizar contrapesos apenas cuatro días antes de que empezara la Magdalena del 2022. Cuando ya no había posibilidad de respuestas.
Juan Carlos Redondo denunció la tardanza en los pagos a proveedores de las Fiestas de la Magdalena y de Sant Pere de Castelló que pone a estas empresas al límite del cierre.
