Las extrabajadoras de este servicio se han manifestado esta mañana frente al consistorio mientras se celebraba el pleno
Castellón Información
El concejal de Bienestar Social, Dependencia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, José Luis López, ha explicado esta mañana en el pleno, tras el ruego presentado por el grupo municipal popular en el que se le pedía que recapacitara y desestimara la idea de remunicipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio Educativo (SADE) porque "solo generará un empeoramiento de la calidad de los servicios prestados", que el consistorio no ha dejado desprotegido a ningún menor y que esta medida responde al nuevo marco legal.
López ha respondido al ruego formulado por el PP explicando que “hasta el 31 de diciembre, el SADE ha sido un servicio que ‘ha complementado’ la intervención municipal dirigida a personas menores de edad y sus núcleos familiares en situación de especial necesidad o situación de vulnerabilidad”. Y ha recordado que la contratación de este servicio, que comenzó en 2001, a una empresa externa se realizó en el año 2015 con un periodo de ejecución que no podía rebasar el 31 de diciembre de 2019, tal como constaba en el contrato.
Según se recoge en el informe técnico elaborado desde el Negociado de Familia e Infancia, así como el informe jurídico sobre este servicio, ha señalado el edil, “la regulación normativa sobre la forma de efectuar la atención psicosocial y socioeducativa con infancia en situación de riesgo y sus familias ha evolucionado atendiendo a los numerosos cambios normativos”. "La adaptación a esta nueva manera de realizar la intervención municipal con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, -marcada por la ley 26/2018 de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, y la ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana-, “ha conllevado un cambio en el enfoque de la atención directa a las familias al incrementarse las competencias municipales, y, con ello, el número de profesionales que se requiere en la intervención”.
Dicho informe, según ha manifestado el edil recuerda que “hasta 2019 hemos incrementado notablemente el número de profesionales que realizan la intervención social en estas situaciones de riesgo. Ahora, contamos con un mayor número de educadores sociales y se han incorporado dos psicólogas junto al ya existente. No solo eso, también hemos incorporado cuatro integradores sociales y está prevista la incorporación de un pedagogo y de más integradores sociales. Todos ellos, profesionales que cuentan con formación específica en intervención familiar” agregando que “este cambio de enfoque y el incremento de profesionales especializados, permite implantar una nueva metodología de actuación, con carácter interdisciplinario e integral, acorde además con las nuevas exigencias legales”.
Tanto es así, ha apuntado el concejal, que esta nueva normativa y este nuevo enfoque que han iniciado desde su concejalía, incorpora el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído en aquellos asuntos que le afecten.
Así, ha enumerado varios puntos que se citan en el informe y que a continuación se reproducen textualmente.
“En atención a la consideración del superior interés del niño, fruto de la modificación del sistema de protección de la Infancia y la Adolescencia, que exige una mayor cualificación de los profesionales que realizan ese acompañamiento y un mayor conocimiento de la historia social de los niños, niñas y adolescentes con los que se interviene, hecho (este) que no puede garantizarse desde una prestación externa como ha sido el SADE”.
“De lo anterior se desprende que la diversidad de vertientes disciplinarias que se han incorporado a la intervención familiar dirigida a paliar los indicadores registrados en la unidad de convivencia del niño, niña o adolescente en situación de riesgo, el incremento del número de profesionales y la mayor cualificación exigida, justifica que la atención psicosocial y socioeducativa se realice por profesionales municipales”.
“De la evaluación técnica de la prestación del SADE se extrae que el servicio ha complementado la intervención municipal, “sin embargo también ha conllevado que los adultos responsables de la ejecución de las tareas descritas en los programas de trabajo se desentiendan de su responsabilidad, delegándolas en el SADE y cronificando así la situación”.
Finalmente, López ha recordado que puesto que “esta corporación municipal dispone de equipos de intervención social multidisciplinares y que se ha puesto en marcha una nueva metodología acorde a las nuevas exigencias legales citadas, concluye el informe, “resulta innecesaria la contratación de la prestación del SADE (cuyo coste no justifica la rentabilidad social que ofrece el servicio … que se abordará por profesionales municipales desde una perspectiva interdisciplinar)”. Los servicios, además, se han incorporado a los proyectos de inclusión que se están desarrollando en los barrios con los proyectos de intervención comunitaria”.
Subrogación del personal solicitado por la empresa
Sobre la subrogación del personal solicitado por la empresa, el concejal de Bienestar Social ha destacado que “el informe jurídico establece que servicio SADE es una prestación de carácter complementaria y transitoria que se realizaba mediante personal que estaba supervisado, como no podía ser de otra manera, por responsables municipales. El contrato fijaba que su duración máxima, con prórrogas incluidas, alcanzaba hasta el 31 de diciembre de 2019. Por ello, ese día finalizó el contrato por terminación de su plazo de ejecución, tal y como le fue comunicado previamente a la empresa y como ella misma sabía”.
Dicho informe señala que “no procede la subrogación por esta corporación municipal de las trabajadoras incluidos en listado del SADE afectados por la subrogación, presentado por la empresa en fecha 30 de diciembre de 2019, al haberse producido la extinción del contrato una vez cumplido el plazo por el que fue adjudicado” (…) “atendiendo a que esta corporación municipal dispone de equipos de intervención social multidisciplinares y a la puesta en marcha de una nueva metodología de atención psicosocial y socioeducativa en familias con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo acorde a las nuevas exigencias legales, por lo que no se ha producido ni una transmisión patrimonial ni una asunción de plantilla propia del servicio ni le resulta de aplicación la cláusula de subrogación contenida en el convenio colectivo aplicable al sector”.
Además, ha continuado el edil, “este informe recalca que el personal integrado en los nuevos equipos de intervención social ha sido seleccionado mediante procedimientos de selección de personal que obedecen a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".
Por último, ha destacado que como ayuntamiento y responsables públicos, lamenta y muestra su solidaridad con las trabajadoras contratadas por la empresa y que se han visto perjudicadas por este nuevo enfoque que “responde al nuevo y actual marco legal” señalando que lamentan la situación que puedan estar viviendo, pero que el ayuntamiento debe velar por los derechos de los niños y el cumplimiento de la ley. Estas trabajadoras que perderán su empleo son Noelia Tena, Andrea Ibáñez, Teresa Orenga, Sonia Catalán, María Dolores Rodríguez y Alba Sánchez. Todas ellas se han manifestado esta mañana, mientras se celebraba el pleno en el consistorio para mostrar su rechazo a dicha decisión.
