Los técnicos advierten que podrían derivarse consecuencias administrativas e incluso penales
El Ayuntamiento de Castelló pagará los 52.786 euros que debe a siete pirotecnias que no pudieron disparar en la Magdalena de 2020, aunque con recriminaciones por parte de los servicios técnicos municipales El informe que acompaña al expediente indica que los contratos se gestionaron mal, algunos son irregulares, otros se justificaron a posteri y la gestión de esos pagos se ha realizado con un exceso de demora. Los técnicos advierten que podrían derivar en consecuencias administrativas o incluso, penales.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Como ya informó Castellón Información, el Consejo Rector de las Fiestas de Castelló se ha reunido de forma urgente, para autorizar el pago de las facturas pendientes desde 2020 de siete pirotecnias por un valor económico de 52.786 euros.
Un informe técnico 'demoledor'
Ahora bien, el informe técnico que acompaña a la autorización de pago es del todo demoledor para el Patronato de Fiestas.
De forma resumida, la situación que se denuncia vendría a ser la siguiente:
En 2019 el Patronato convocó el concurso para la contratación de las empresas de pirotecnia que debían disparar en la Magdalena de 2020, con la que también se celebraba el 75 Aniversario de las Fiestas.
Sin embargo, la coincidencia con las Fallas de Valencia y de otros municipios, provocó que no se pudiera completar el cupo programado, tal como exigía el sistema administrativo.
De esta forma, y con la inmediata cercanía de la semana de Fiestas, y ante la posibilidad de que no pudieran realizar todos los espectáculos, desde el Patronato se contactó directamente con las empresas para comprometer su participación en la Magdalena de Castelló.
Contratos privados y verbales
De esta forma, en muchos casos no había un documento previo de adjudicación o de gestión de contratación por las vías administrativas habituales.
La mala suerte quiso que, además, a cuatro días del inicio de las fiestas, se dictara un decreto por parte de la Generalitat Valenciana para suspender toda la actividad festera, tanto de Magdalena como de las fiestas de fallas en toda la Comunitat.
Esto implicaba, por tanto, que los contratos realizados, tanto los públicos (debidamente gestionados) como los ‘privados’ pendientes de formalizar, quedaran en el aire. Los primeros podían ser reconocidos, pero los segundos, no.
Cláusulas habituales de cancelación
Habitualmente, señalan los informes técnicos, cuando se realiza una contratación semejante, se incluyen cláusulas para determinar qué se debe hacer en caso de producirse la cancelación del evento por causas ajenas a la responsabilidad de las empresas. En la circunstancia de que la pirotecnia hubiera montado su espectáculo y no pudiera disparar, se intentaría acordar una nueva fecha. Y si no pudiera ser así, se pagaría a la empresa un 60% del coste acordado.
En caso de que no se hubiera llegado a montar el espectáculo, también se podría acordar una nueva fecha o, en su caso, la indemnización ascendería al 50% de lo acordado.
En lo que concierne a la Magdalena de 2020, la suspensión de la actividad pirotécnica por causas ajenas a las empresas, como fue la pandemia de la Covid, hubiera debido resolverse con la indemnización del 50%, en concepto de: “por los trabajos preparatorios de elaboración, fabricación, suministro, acopio, custodia y almacenamiento de material pirotécnico”.
Sin embargo, desde el aspecto administrativo esto no resultaba tan sencillo, sobre todo, porque en los decretos de suspensión de las fiestas no se contempló cláusula concreta en referencia con las obligaciones contraídas con las empresas de pirotecnia.
Contratos nulos
Tal como detalla el informe técnico, el régimen administrativo público, no reconoce la validez de ‘los contratos privados o verbales’. El pago de facturas contraídas por la administración necesita de informes previos de necesidad y justificación, que deben ser previos al gasto, pero que se justifiquen después de que se hayan ejecutado estos servicios. Aunque se trate de contratos menores, cuya tramitación administrativa es mucho menos compleja por su importe, se deberían haber cumplido unos requisitos de legalidad “que no se cumplieron”.
Dicho de otra manera, los contratos eran irregulares o administrativamente no existían y eran nulos de pleno derecho.
Es cierto, reconocen los técnicos, que pudieron darse causas de necesidad; que, al no haber podido sacar adelante el expediente para la contratación de las pirotecnias hubo que establecer contratos ‘directos’. Pero, aún en esta situación, había alternativas como la modificación de las bases que habían regido la contratación anterior, para adecuarlas a las nuevas circunstancias. Y en lo que concierne a esos acuerdos ‘verbales’ se deberían haber sustentado o justificado administrativamente, antes de la cercanía del periodo festero para poder justificar posteriormente su pago.
Con todos estos mimbres, el Patronato organizó unas Fiestas de la Magdalena con un programa de fiestas en el que incluía espectáculos pirotécnicos que después no se pudieron llevar a cabo. Si tuvo tiempo para hacer el programa, también debería haberlo tenido para cerrar las contrataciones de forma adecuada, antes de publicar el programa, pero no se hizo.
El resultado fue, que tras la anulación de las fiestas surgieron los problemas. Como es normal, las empresas solicitaron la indemnización del 50% que les correspondiera por el trabajo que ya habían hecho. Así lo solicitó la presidenta de la Asociación de Pirotécnicos y otros representantes del sector en una reunión mantenida el 7 de septiembre de 2020 con el Patronato Municipal de Fiestas. Pero al no existir contratos ‘legales’ en los que estuvieran incluidas las cláusulas de cancelación, todo lo acordado, administrativamente se quedaba en papel mojado.
El expediente estuvo paralizado casi dos años
Y por si todo ello no fuera suficiente, denuncian los técnicos, en las alternativas administrativas para poder pagar a estas empresas, el Patronato ha actuado tarde y con un exceso de demora. Es más, señala de forma literal: “Debe presumirse que el expediente administrativo estuvo paralizado entre el 2 de mayo de 2020 y el 20 de diciembre de 2021, al no incorporarse documentos durante este periodo”.
Los técnicos señalan, que queda fuera de toda duda que el Patronato de Fiestas “se obligó frente a los empresarios pirotécnicos”. Esto quedaría evidenciado en su inclusión en el Programa Oficial de Fiestas, en la tramitación administrativa de los disparos ante la Subdelegación del Gobierno. Pero tampoco puede obviarse que: “se incumplieron las normas en materia de contratación publica en lo referente a la no adjudicación de los contratos de espectáculos en plazo, sin que dicha adjudicación pueda ser sustituida por la emisión de documentos privados de formalización.
Por otra parte si los contratos eran nulos tampoco cabría plantear las consecuencias de una eventual cancelación de los espectáculos.
Soluciones para pagar a las pirotecnias
Las alternativas para poder pagar a las empresas adeudadas pasan por el ‘expediente de revisión de oficio’, o por la opción de “un supuesto de anulabilidad, susceptible por tanto de ser convalidada”. Los técnicos se pronuncian por esta segunda opción, dado que, pese a todas las irregularidades, es evidente que se pensaba regularizar el procedimiento, puesto que los espectáculos ya estaban oficial y públicamente programados.
En este punto, el informe admite también: “Por otro lado, a la vista de la demora en la tramitación de esas obligaciones, no es aventurado presumir, que ante una eventual reclamación judicial se habrían acabado estimando las pretensiones de abono (con el añadido de incorporar los correspondientes costes de demora)
Ahora bien, y como también avisan los técnicos; que se convaliden estos procedimientos no significa que desaparezcan las deficiencias técnicas advertidas y, particularmente, no corrige las eventuales responsabilidades que pudiera haber lugar”.
¿Qué responsabilidades se le podrían pedir al Patronato de Fiestas?
“A título meramente enunciativo, cabe señalar que, siguiendo a la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana, tales actuaciones podrían ser constitutivas de:
- Responsabilidad disciplinaria, en el caso de empleados públicos
- Responsabilidad por infracción de la norma de buen gobierno
- Responsabilidad contable, en el marco de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas
- Como última ratio, cabría plantearse incluso eventuales responsabilidades penales, si bien debe apuntarse, como expresamente recuerda la Agenda Antifraude que no toda omisión o irregularidad administrativa puede ser tildada de ilícito penal".
El Grupo Popular se abstiene para que las pirotecnias puedan cobrar
La concejala del Partido Popular y miembro del Consejo Rector de Fiestas, María España, se ha abstenido en la votación de urgencia convocada hoy por el Consejo Rector de Fiestas para que las 7 empresas pirotécnicas que llevaban sin cobrar desde el 2020 pudieran hacerlo.
“Es una abstención muy crítica, por supuesto que las empresas deben cobrar y hemos facilitado que así sea, igual que hacemos con las facturas irregulares que nos trae el equipo de gobierno en cada pleno, porque no se abonan en tiempo y forma”
Con todo, España ha manifestado que la gestión del equipo de gobierno y del Patronato de Fiestas “ha sido nefasta”, como se desprende del informe del secretario municipal.
“No podemos avalar una gestión municipal nefasta, que debería sonrojar al propio equipo de gobierno al tener a las empresas de pirotecnia sin cobrar durante dos años con la que está cayendo. Los impagos del tripartito PSOE, Compromís y Podemos son los que pueden arruinar empresas como la de las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) que estuvo 8 meses sin cobrar, sin olvidar que en agosto se tuvo que convocar un pleno extraordinario para que pudieran cobrar 21 proveedores del Ayuntamiento los 5,7 millones de euros de atrasos”, añade.
Y concluye: “El gobierno municipal escurre el bulto y traslada la responsabilidad de sus irregularidades en la gestión de las fiestas a los miembros del Consejo Rector de Fiestas. No se tomaron la molestia de consultar al Consejo Rector cuando decidieron eliminar de un plumazo la Junta de Fiestas”.
