En abril de 2017 se decepcionó la entrega, la instalación y la puesta en servicio, 5 meses después no estaban en servicio. El equipo de gobierno ha señalado: "Si el PP tiene pruebas de algún acto ilegal, que acuda directamente al juzgado"
Toledo, y Sales, concejales del PP, han denunciado una presunta prevaricación en lo que concierne a la sala de seguridad de la Policía Local. Según la documentación de que disponen, el ayuntamiento pagó 3 veces por el mismo servicio: las cámaras de videovigilancia. La recepción de ese contrato: cámaras, instalación y puesta en funcionamiento se firmó en abril de 2017, pero el 30 de septiembre, cuando se produjo el asalto a la asamblea, no funcionaban ni estaban instaladas. El equipo de Gobierno ha respondido: "Si el PP tiene pruebas de algún acto ilegal, que acuda directamente al juzgado"
EM/ Castellón Información
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha denunciado hoy que el equipo de gobierno de Amparo Marco “pagó tres veces” unas videocámaras que no funcionaron el día del asalto a la azotea del edificio del Palacio Municipal del consistorio “porque no estaban instaladas”.
Esta es una de las primeras conclusiones que el portavoz adjunto de los Populares, Sergio Toledo, y el concejal del PP Vicent Sales han dado a conocer hoy en rueda de prensa en relación con las investigaciones de la comisión que, a petición del PP, investiga desde hace un año los contratos de adjudicación y la ejecución de la nueva sala de emergencias de la Policía Local de Castellón. Una infraestructura que ha supuesto un desembolso global de cerca de 1,5 millones de euros.
Sales ha explicado que “el origen del primer contrato se remonta al expediente 30916/2016, relativo al informe de necesidad de equipamiento de la sala y que, en contra de la praxis habitual hasta la fecha en el ayuntamiento y de manera extraordinaria, se optó por externalizar la redacción del pliego de condiciones técnicas y se encargó a dedo a la empresa ALT 165, una firma que no tiene actividad y tiene su sede en San Lorenzo del Escorial, el mismo municipio de la Comunidad de Madrid que Eurocop, que es la empresa que finalmente acabó asumiendo la ejecución del contrato de renovación de la fallida sala de emergencias”.
El edil Popular ha recordado que “el equipamiento de la instalación fue adjudicado en diciembre de 2016 y uno de los lotes, el 4, incluía la instalación de 21 cámaras de seguridad en diferentes sedes municipales, como los exteriores y el interior del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Castellón, además del entorno de la plaza Mayor”, ha continuado Sales, que ha remarcado que “esas 21 cámaras se firmaron como recepcionadas e instaladas el 17 de abril de 2017 pero el 30 de septiembre de 2017, la víspera del referéndum ilegal de independencia promovido por la Generalitat de Cataluña se produjo el asalto a la azotea del palacio municipal, la versión oficial del equipo de gobierno de Amparo Marco fue que no se pudo identificar a los responsables porque las cámaras no funcionaban”. “Incluso el 2º Teniente de Alcalde de entonces, Antonio Lorenzo, afirmó en prensa que estaban viejas y obsoletas y que se desconectó el cable que permitía la grabación en un dispositivo central”, ha reseñado Sales, que ha recordado que “hablamos que las mismas cámaras, presuntamente de alta tecnología, por las que apenas cinco meses antes se habían pagado 136.000 euros más 28.560 euros de IVA. Una información que obtuvimos tras reclamar por la vía judicial al Tribunal Superior de Justicia el informe policial del asalto a la azotea, que demostraba que las cámaras que había instaladas en el momento del asalto eran las viejas, y no las nuevas que debería haber colocadas y en funcionamiento”.
“Y además, a pesar de la inversión que ya se había desembolsado por esas cámaras, el equipo de Amparo Marco procedió a la formalización de un segundo contrato a dedo el 21 de noviembre de 2017 con el objeto de sustituir esas cámaras por otras más modernas y, no contentos con eso, el 28 de noviembre de 2017 procedieron a la formalización de un tercer contrato con ese mismo objeto”, ha indicado Sales.
En ese sentido, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, ha aseverado que “estos hechos demuestran que el equipo de gobierno de Amparo Marco pagó por unas cámaras de videovigilancia que el día del asalto a la azotea no funcionaron porque no estaban instaladas y que se acabaron pagando no dos veces, sino tres”. El edil Popular ha valorado además que “hoy, a fecha 18 de noviembre de 2020, es un hecho que el objeto del contrato, como es la renovación de la sala de emergencias de la Policía Local, no se ha cumplido mientras hay 800.000 euros ya gastados en ella, a los que se suman otros miles de euros en contratos menores cuyo objeto ya estaba contemplado en el contrato inicial y otros 600.000 euros que también iban a ir a parar a la empresa Eurocop y que ahora mismo están bloqueados por los tribunales competentes”.
Por ello, ha pedido a Amparo Marco que “resuelva todas las dudas que tiene encima de la mesa en torno a esta sala y, ya que hasta la fecha no se nos ha respondido en la comisión de investigación a la pregunta clave, aclare personalmente quién se ha llevado el dinero, que ha salido del bolsillo de todos los castellonenses”.
Cronología
- Origen del primer contrato: expediente 30916/2016. Informe de necesidad de equipamiento de la sala de Emergencias, firma firmado por el 2º Teniente de Alcalde, es decir, Antonio Lorenzo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco, y por el Intendente Julián Sánchez, “se ha generado la necesidad de fusionar todas las salas en una (sala de coordinación de emergencias, la de bomberos, la de PLCS y la sala de gestión y control de tráfico) para dar una respuesta coordinada”. Se anuncia que la redacción del pliego de condiciones técnicas se externaliza y se encarga a la empresa ALT 165.
- Diciembre de 2016: Se adjudica el contrato de equipamiento integral de la Sala de Emergencias. El precio inicial por valor de 899.030 € (iva incluido) y se acabó adjudicando en 4 lotes por un valor cercano a los 791.105 €. Es decir, nos costó a todos los castellonenses casi 800.000 euros.
Los cuatro lotes fueron adjudicados inicialmente a la empresa Eurocop, con sede en San Lorenzo del Escorial, igual que ALT 165, si bien una de las empresas recurrió el procedimiento de selección y adjudicación del lote 2, y acabó ganándolo en los tribunales, demostrando que, al menos, había un interés especial en que los cuatro contratos recayesen en la misma firma.
Lote cuatro: En el objeto del contrato, el día 26 de Septiembre de 2016, figura en la cláusula primera, que el Lote 4 tiene por objeto el “Suministro, instalación y puesta en servicio de un nuevo equipamiento de Cámaras de Seguridad CCTV con análisis de video en diferentes sedes municipales con conexión a la Sala Cecop del Área de Seguridad Pública y Emergencias”.El importe máximo de este Lote 4 era de 136.000 euros más 28.560 euros en concepto de IVA.
2 de diciembre de 2016: en la mesa de contratación de 2 de Diciembre de 2016, se dio cuenta de los informes técnicos de ALT165 con el conforme del Sr Carque, proponiendo la adjudicación a esta sociedad.
23 de diciembre de 2016: A propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Lorenzo, número 2 del PSOE y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco, se lleva a la Junta de Gobierno Local, que preside la citada Amparo Marco, en sesión celebrada el día 23 de Diciembre de 2.016, un acuerdo que sale adelante con la adjudicación de este Lote 4 a la mercantil Eurocop, igual que los lotes 1, 2 y 3.
- 23 de marzo de 2017: el Intendente General, JLC, envía un escrito a la Jefa de Patrimonio y Contratación, Pilar Simó, proponiendo una modificación de contrato
- 7 de abril de 2017: la Jefa de Contratación responde que tal y como dice la Ley “la modificación del contrato no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación”. Y que “lo contrario equivaldría a un nuevo contrato”.
- 17 de abril de 2017: el Intendente Jefe JLC recepciona los Lotes 1, 3 y 4 de parte de Eurocop Security Systems.
- 30 de septiembre de 2017: asalto a la azotea de las dependencias del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Castellón. La versión oficial del equipo de gobierno de Amparo Marco fue que las cámaras no funcionaban. Ninguna. Algunas, al parecer desde el 13 de septiembre, otras, según la versión del número 2 del PSOE en el Ayuntamiento de Castellón, responsable de la Seguridad Ciudadana en la ciudad e impulsor del proyecto, que costó 800.000 euros, las cámaras de video no funcionaban.
- 21 de noviembre de 2017: Formalización de un segundo contrato menor, es decir, 'a dedo', con el objeto de sustituir las cámaras analógicas del interior del Ayuntamiento y del exterior por otras más modernas y, sobre todo, que en teoría funcionases.
- 28 de noviembre de 2017: formalización de un segundo contrato con este mismo objeto.
"Si el PP tiene pruebas de algún acto ilegal, que acuda directamente al juzgado"
Tras la rueda de prensa del Grupo Municipal Popular, fuentes del equipo de gobierno han declarado:"Le pedimos al PP que si tiene pruebas sobre algún ilícito, acuda directamente al juzgado. Que no pierda ni un minuto en la comisión de investigación o en ruedas de prensa".
Por otra parte, indican en su comunicado, el PP debería explicar porqué, si tiene tantas sospechas sobre la empresa Eurocop, la contrató hasta en veinte ocasiones cuando gobernaba entre los años 2006 y 2014, tal y como consta en la documentación de la comisión.
Fuentes del equipo de gobierno señalan: El PP siembra sospechas también sobre la externalización de los pliegos de la sala de emergencias, cuando informes técnicos y jurídicos que ya han pasado por la comisión constatan que es una fórmula absolutamente legal, contemplada en la ley de contratos del sector público. Además, la normativa vigente en el momento de la contratación permitía también que los redactores de pliegos pudieran concurrir después a la licitación de contratos, según recogen los informes. Por lo tanto, todo se hizo conforme a ley, a la luz de la documentación técnica y jurídica aportada a la comisión y a la que todos los grupos municipales tienen acceso.
Por otra parte, manifiestan, cabe recordar que "cuando llegamos al Gobierno municipal constatamos graves deficiencias en las instalaciones de los servicios de emergencias (sistemas informáticos y comunicaciones obsoletos, descatalogados o no integrados, lo que dificultaba la comunicación y el cruce de datos entre departamentos; instalación eléctrica deficiente con cortes de luz y cableado en mal estado, además de un espacio físico muy limitado para el desempeño de las funciones). Por tanto, estaba plenamente justificada la creación de la nueva sala de emergencias. El PP debería reflexionar sobre en qué situación estaba la seguridad de esta ciudad hasta 2015".
Por lo que respecta a la labor de fiscalización de la oposición, el Gobierno municipal ha dado todas las facilidades para la celebración de la comisión de investigación y en ella han podido solicitar y revisar toda la información que han considerado oportuna.
