Los vecinos alegan contra la zona de Bajas Emisiones, piden rebaja de impuestos, denuncian la delincuencia y piden inversiones en seguridad
Castelló celebrará pleno extraordinario el próximo viernes para: prorrogar el presupuesto de 2022; rechazar las alegaciones presentadas por varias asociaciones de vecinos contra las cuentas de 2023, y finalmente aprobar definitivamente el presupuesto municipal de este año.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Castelló ha acordado el procedimiento por el que se desarrollará el pleno extraordinario convocado para el próximo viernes.
En esta sesión se prorrogará el presupuesto de 2022, se rechazarán alegaciones contra las cuentas de 2023 y se aprobará el nuevo presupuesto de este año. Y no, no es un trabalenguas ni un acertijo. Es procedimiento administrativo.
Pero para entenderlo es preciso ir por partes.
El 30 de diciembre del pasado año se celebraba un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Castelló, en el que se aprobó por mayoría el presupuesto general (incluido el de sus patronatos) para su gestión durante este año 2023.
Ahora bien, la normativa indica que esa aprobación es solo provisional, ya que por la importancia de este documento debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público durante un plazo de 15 días. Durante ese periodo los vecinos o entidades públicas o privadas pueden presentar alegaciones.
También, como indican las normativas, si el presupuesto no está listo para entrar en vigor el uno de enero del año en ejercicio, el ayuntamiento está obligado a ‘aprobar la prórroga’ del presupuesto del año anterior, es decir el elaborado en 2022.
Y eso es lo que tendrá que hacer, de forma oficial el pleno del viernes.
Si el presupuesto aprobado el 30 de diciembre no hubiera recibido alegación alguna durante los 15 días de exposición al público, habría pasado a entrar en vigor de forma automática discurrido ese plazo.
Pero como se presentaron dos alegaciones, la entidad municipal ha tenido que admitirlas porque cumplían en tiempo y forma, pese a que posteriormente los informes técnicos dictaminen su desestimación.
Por consiguiente, el pleno del viernes, después de prorrogar el presupuesto de 2022 deberá resolver las alegaciones, que serán desestimadas.
Y una vez desestimadas y en la misma sesión, la entidad municipal podrá aprobar definitivamente los presupuestos de 2023 para que entre en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las alegaciones presentadas
El presupuesto aprobado el 30 de diciembre ha sido objeto de dos alegaciones.
Reducción de impuestos y suprimir obras absurdas
La primera de ellas, presentada por la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios de Castelló, que preside Amalio Palacios.
El texto presentado ‘alega’ el presupuesto por el hecho de que no reduce la presión fiscal sobre los vecinos y está carente de sensibilidad para con las circunstancias que atraviesa la población de la ciudad: consecuencias de la Covid y la fuerte inflación.
Solicita también la revisión el capítulo 6 de inversiones para que se supriman “las obras absurdas y su sustitución por otras más necesarias demandadas por los vecinos, como las que formaban parte de los presupuestos participativos”.
Y finalmente, reclaman “el aumento de la dotación presupuestaria en el área de Seguridad ciudadana, y la creación del Consejo Municipal de Seguridad de la ciudad ante el aumento constante de los índices de delincuencia”.
Los informes técnicos indican que ninguna de estas reclamaciones se ajusta a los supuestos establecidos por ley para poder impugnar el presupuesto, y deberían haberse presentado como una reclamación durante el procedimiento de elaboración de las cuentas.
Supresión de la Zona de Bajas Emisiones
La segunda reclamación ha sido presentada por la Asociación de Vecinos Rafalafena, que preside Vicky Amores, en la que protesta por el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, del que pide su retirada. Señala en la alegación, que esta ZBE reducirá enormemente la circulación y el estacionamiento de vehículos, en perjuicio de los ciudadanos. Se queja de que la ZBE será muy negativa para el comercio del centro de Castelló; y además protesta por las más de 65.000 multas impuestas por la entidad municipal en 2022, para afirmar que, con la nueva ZBE el ayuntamiento solo persigue afán recaudatorio. Finalmente, denuncia que no se ha realizado ningún proceso de participación ciudadana.
El informe técnico que desestima esta alegación. Alude a la normativa de establecer zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes. El informe refiere también, que el proceso de participación ciudadana es una de las condiciones que habrá de cumplir la empresa concesionaria, que ya está diseñando un proceso que se llevará a cabo entre los meses de febrero y marzo.
Las asociaciones cuyas alegaciones serán rechazadas el viernes, tendrán la potestad de interponer recurso judicial por la vía del contencioso administrativo.
