La decisión llega con casi 4 meses de retraso, con una Comisión de Investigación y una tramitación de película de terror
La Junta de Gobierno de Castelló ha adjudicado por fin el sistema informático de una Sala de Seguridad que se encuentra bajo la investigación de una Comisión especial. La adjudicación se realiza con casi 4 meses de retraso tras la sentencia del Tribunal, que consideraba que esta empresa era la única que cumplía los requerimientos, y con una tramitación digna de una serie de televisión.
Esperanza Molina/ Castellón Información
La Sala de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón contará por fin con el sistema informático necesario para hacer funcionar el centro de operaciones. Una Sala que se encuentra sometida a investigación por una Comisión municipal Especial en la que nada ha resultado ser lo que parecía.
La Sala de Seguridad de Castelló Salió a concurso en 2016, con un presupuesto inicial que rondaba los 900.000 euros. Se planificó con objetivos muy ambiciosos: conectar todos los servicios municipales a un sistema único que pudiera centralizar todos los datos, y a la vez, optimizar todas las actuaciones.
Hasta aquí la historia parecía potente. Sin embargo, el Ayuntamiento contrató a una empresa externa para que elaborara el pliego de condiciones y asesorara en la adjudicación de los cuatro lotes del proyecto.
Una empresa, que como se vio posteriormente en la Comisión de Investigación, no consta que haya realizado actividad, ni que tenga empleados, ni que dispusiera de experiencia para ello.
Con estos mimbres, la Mesa de Contratación optó por adjudicar los cuatro lotes a una misma empresa, Eurocop, con la que ya trabajaba el Ayuntamiento, y que curiosamente tiene su sede social en la misma localidad madrileña donde estaba radicada la entidad que elaboró el pliego de condiciones y que asesoró la adjudicación. Pero uno de los lotes se escapó al control de Eurocop, tras las reclamaciones de otra de las empresas que optaban al concurso.
Concurso del sistema informático
En 2017, el Ayuntamiento anunciaba la necesidad de una nueva inversión en la Sala de Seguridad, que pasaba por la contratación del ‘cerebro informático’, que posibilitara que la Sala, tal como había sido concebida, pudiera funcionar y centralizar los datos.
El concurso público se publicaba por fin en octubre de 2018, con un precio de salida que rondaba los 700.000 euros.
Si la oposición estaba ya calentita porque afirmaba que no se les había facilitado información sobre todo el proceso, este nuevo concurso encendía aún más las llamas.
Una vez más, concursaron varias empresas, y una vez más, se adjudicaba el proyecto a Eurocop, la misma empresa que ya había gestionado tres de los cuatro lotes de la fase anterior.
Pero en este caso Eurocop cometió un error notable. En el proceso de licitación introdujo su oferta económica en la fase en la que solo debía desarrollar su proyecto. “En el sobre B introdujo la documentación del sobre C”.
Y puede parecer una tontería, pero no lo consideró así el Tribunal Administrativo Local (TAC), que el 30 de mayo estimaba parcialmente el recurso interpuesto por la otra empresa competidora, la UTE Sistelcor-Vinfoval.
El tribunal, que no dudó en ningún momento de la capacidad de los técnicos municipales, si declaró tajantemente, que se había incumplido el procedimiento. Eurocop había podido influir en la valoración final, al comunicar antes de tiempo la valoración económica de su proyecto, al incluirla en un momento y en un sobre erróneo.
En resumidas cuentas, el TAC anulaba la adjudicación del sistema informático a Eurocop e instaba al Ayuntamiento a retomar el procedimiento de adjudicación, excluyendo a Eurocop del concurso. Blanco y en botella, el proyecto del 'cerebro electrónico' quedaba en manos de la otra empresa concursante, la recurrente: UTE Sistelcor-Vinfoval.
Con esta resolución, la Junta de Gobierno que había adjudicado el proyecto a Eurocop dio un paso atrás y anuló la adjudicación realizada antes.
Pero aunque parezca mentira, las cosas no se quedaron ahí. Ni el Ayuntamiento adjudicó el proyecto a la UTE, ni Eurocop dio su brazo a torcer. La historia, digna de una serie de televisión, se desarrolló entre julio de 2019 y el 31 de octubre.
Mientras el Ayuntamiento solicitaba información complementaria a la UTE, Eurocop comenzó a remitir escritos para denunciar a su competencia.
Estrategias de película policiaca
El planteamiento pasaba porque, si las dos empresas hubieran incumplido el procedimiento reglado la introducir valoración de sus ofertas antes de tiempo, el la entidad municipal no tendría otro remedio que anular todo el procedimiento y volver a convocar el mismo concurso desde el principio. Eurocop tenía una oportunidad.
Pero ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo demostrarlo?
Entre los escritos que pasaron al Ayuntamiento y solicitaron los informes técnicos del personal municipal, se encontraba la denuncia de que también la UTE había introducido información sensible en ese ‘sobre B’, antes de tiempo.
Y para que esta formulación tuviera sentido, solo quedaba apelar a que se revisaran los sobres y las documentaciones aportadas por ambas empresas en el procedimiento de la presentación de ofertas.
Y las ofertas volvieron a revisarse, y según los argumentos del personal municipal, las propuestas no se habían valorado convenientemente y sí, La UTE de Infoval, también había incumplido el procedimiento porque en su relación de los materiales que pensaba utilizar incluía tecnologías o elementos que podrían ser valorados como mejoras.
Informes por aquí, más informes por allá, el dictamen técnico aconsejaba al equipo de Gobierno que hiciera uso de la fórmula del ‘desestimiento’, por la que se había borrón y cuenta nueva y se iniciaría de nuevo el concurso público.
Con fecha de 31 de octubre la Junta de Gobierno acordaba el desestimiento (anulación) del procedimiento en base a los informes técnicos.
El TAC vuelve a dictar sentencia
La cosa, no se quedó aquí. La UTE Sistelcor-Vinfoval volvió a reclamar al Tribunal Administrativode Contratación
La sentencia se dictaba el 30 de enero de 2020 y no tiene desperdicio.
La conclusión por parte del Tribunal, es que si bien las propuestas de las dos empresas debieron revisarse con mayor detalle durante el procedimiento, el Ayuntamiento no puede realizar ‘desentimiento’ (anulación) de un contrato público, salvo que se hubiera producido un fallo insubsanable, pero objetivo durante el proceso.
Y el TAC señalaba también, que no era comparable el hecho de que Eurocop hubiera adelantado antes de tiempo su oferta económica, a que pudiera entenderse que el material presentado por la UTE como una ventaja objetiva del mismo calado.
En resumen. El Tribunal daba la razón a la UTE Sistelcor-Vinfoval, anulaba el acuerdo de desestimiento de la licitación por parte del Ayuntamiento de Castelló; dejaba fuera de todo procedimiento a Eurocop y planteaba la obligación de mantener la contratación del sistema informático con la UTE.
La Junta de Gobierno del Ayuntameinto de Castelló ha acordado en su reunión de hoy, casi 4 meses después, atacar la sentencia y ha adjudicado a UTE Sistelcor-Vinfoval el 'Suministro de una plataforma informática integral multi-agencia destinada a los Servicios de Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Castelló por un importe de 578.000 euros.
La historia de la Sala de Seguridad no se acaba aquí, ya que la Comisión de Investigación habrá de volver a convocarse y continuar con su gestión una vez pase el estado de alarma.
