Las rencillas políticas entre el ayuntamiento y la conselleria dejan ‘al pairo’ la creación de 80 plazas públicas para los mayores
La Residencia pública de Tercera Edad que ayuntamiento y conselleria se comprometieron a crear en 2016 sufre ya varios años de retraso por los enfrentamientos políticos entre ambas instituciones. El acuerdo, adoptado en 2016, todavía no tiene forma ni fechas. Conselleria emitió el informe de idoneidad sobre la parcela en febrero de 2019 pero el ayuntamiento ha tardado más de año y medio en autorizar la cesión, y además, de forma condicionada y ‘con amenazas veladas’
Esperanza Molina/Castellón Información
La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra y la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, se comprometieron en una reunión mantenida el 30 de mayo de 2016 a la creación de una nueva Residencia de Tercera Edad pública en la capital de la Plana. “La realidad, manifestaba entonces la alcaldesa, es que estamos en un proceso de envejecimiento poblacional y Castellón necesita más plazas en centros públicos para mayores, por lo que el Ayuntamiento y la Conselleria hemos iniciado las conversaciones para construir una segunda residencia en la ciudad de Castellón, ya que el ahorro en la reforma de Lledó se podría destinar a esta nueva edificación”.
Apenas había pasado un año desde el cambio de gobierno en el ayuntamiento y en la Generalitat. El Pacto del Grau en la capital de la Plana y el del Botánico en Valencia presumían de liderar las políticas sociales y de mantener las mejores relaciones entre Castelló y Valencia…
Pero las relaciones no han sido tan idílicas como se prometía.
La creación de la residencia de tercera edad en Castelló respondía a las demandas del ayuntamiento ante la polémica generada con las reformas de la conselleria en la Residencia Lledó y las protestas de familiares y usuarios ante la posibilidad de que se los trasladara a otros centros.
En la reunión de mayo de 2016, el ayuntamiento se comprometió a ceder los terrenos y la conselleria a construir y dotar la nueva infraestructura social. Pero pasados más de 4 años proliferan las residencias privadas y la pública sigue sin construirse. ¿Tan difícil ha sido poner de acuerdo a las entidades municipal y autonómica? ¿O es que las relaciones políticas entre Castelló y Valencia no eran tan magníficas como se prometía? ¿Qué ha pasado entre ambas administraciones que justifiquen el retraso de todo este proceso?
Según la documentación a que ha podido acceder Castellón Información, pese a las buenas palabras intercambiadas entre las titulares municipal y autonómica, Las cosas no ‘han rodado como la seda’
Para empezar el ayuntamiento ofreció varias parcelas a Conselleria hasta poder acceder al informe de ‘idoneidad’ de los terrenos, condición fundamental para activar la construcción de la residencia.
Llama la atención el cruce de escritos entre ayuntamiento y conselleria entre finales de 2018 y febrero de 2019, y sobre todo el más de año y medio transcurrido hasta que, por fin, la Junta de Gobierno Local autorizaba el viernes la cesión de los terrenos, pero ojo, con condiciones y hasta con ‘amenazas veladas’. ¿Qué se esconde en este mar de fondo?
Cruce de escritos: "le recuerdo que..."
Con fecha de 19 de diciembre de 2018, la conselleria remitía escrito al ayuntamiento para reclamar la cesión de la parcela prometida (que evidentemente no se había producido) y no solo eso, sino que recordaba a la entidad municipal los trámites que debía cumplir la entidad municipal:
Que el acuerdo de cesión hubiera sido aprobado en pleno municipal por mayoría absoluta; debía de justificar documentalmente a la conselleria, su titularidad sobre los terrenos, que estos estuvieran inscritos en el inventario de bienes municipales sin que pesara sobre ellos la liquidación de deudas a cargo del presupuesto municipal; y que la parcela ofrecida no estuviera afectada en planes de ordenación de reforma o adaptación en un periodo de, al menos diez años.
Además, el ayuntamiento debía justificar la cesión a la entidad autonómica con una memoria que indicara el beneficio que se obtenía con ello para los castellonenses.
El Ayuntamiento de Castellón respondía a Conselleria con un escrito registrado con fecha de 18 de enero de 2019. El documento municipal confirmaba el ofrecimiento (entre otras parcelas) de la situada en la confluencia de la calle Onda y Ribelles Comins, inscrita como patrimonio municipal. Certificaba la calificación jurídica de la parcela como bien de dominio público y recordaba la normativa que autorizaba a Conselleria al ‘uso demanial’ de la parcela de Castelló sujeta a las condiciones de uso previamente conveniados. Es decir, que la conselleria podría tener titularidad de este suelo, pero siempre que se utilizara para los fines previstos de la residencia de tercera edad acordada y para nada más.
Dicho esto, el ayuntamiento requería, a su vez de la conselleria, la documentación que certificara su uso para servicio público, los planos o informes técnicos que confirmaran la superficie que se iba a utilizar y sus lindes, y la memoria justificativa del destino de la parcela, que se utilizaba para huertos urbanos, con la suficiente antelación (plazo máximo de 3 meses) para poder trasladar los huertos a otro punto del término municipal.
Sentadas las bases por ambos organismos, en los que recordaban sus obligaciones a la otra parte, un mes después, entre el 11 y el 13 de febrero de 2019, conselleria publicaba el escrito en el que justificaba la necesidad de crear nuevas plazas para la atención de personas de tercera edad.
El documento reconocía que “en la ciudad de Castellón, con una población superior a las 30.000 personas mayores de 65 años, existe una dotación de 795 plazas residenciales, de las cuales, 336 son plazas públicas (gestión directa y concertada), lejos de la ratio aconsejable de 5 plazas por cada mayor de 65 años”
Y admitía que, ante la insuficiencia de plazas públicas de atención residencial en la ciudad de Castellón “se hace necesario la construcción de una Residencia de 80 usuarios”
También ratificaba la ‘idoneidad’ y la necesidad de la superficie dotacional ofrecida por el Ayuntamiento de Castellón: Una parcela dotacional, calificada de para uso benéfico asistencial, compatible, que contaba con una superficie de 3.816,27 metros cuadrados, de titularidad municipal.
El documento oficial describía que los terrenos condicionaban la construcción en altura de 4 plantas o 13 metros y una ocupación del 50%. Con arreglo a estas condiciones, la dirección general proponía el desarrollo de cuatro módulos convivenciales de planta baja y dos alturas y certificaba que: “la superficie construida sobre rasante sería de 5.724 metros cuadrados. En el sótano, señalaba, se incluirían todos aquellos espacios de servicios generales no accesibles a los usuarios. Y Añadía la creación de un jardín/ espacio libre de, al menos el 50% de la parcela (menos de 1980 metros cuadrados) que permitiría generar una superficie construida de entre 6.800 y 7.000 metros cuadrados”. La nueva residencia contaría, por tanto, con 80 plazas públicas.
Paralelamente, la Dirección Territorial de Igualdad y Polìticas Inclusivas aceptaba la parcela ofrecida y las condiciones del uso demanial del suelo.
Sin embargo, poco o nada más se supo de la gestión de la nueva residencia, salvo lo apuntado en declaraciones públicas: que el ayuntamiento se negaba a ceder los terrenos hasta que la conselleria no redactara el proyecto y consignara la financiación, y que la conselleria no podía consignar el gasto ni redactar el proyecto en tanto no se hiciera efectiva la cesión de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento.
Curiosamente, hubo de ser una moción del PP, (7 de julio de 2020) la que puso de acuerdo a todos los grupos municipales en el pleno municipal, para ceder el suelo a la conselleria, y la declaración institucional para solicitar a la conselleria la construcción de la residencia (30 de julio de 2020)
El último capítulo de la película se escribía en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, que aprobaba la cesión de la parcela situada entre la calle Onda y Ribelles Comins. Ahora bien, también establecía un plazo de dos años para el inicio de las obras o, en su caso, que discurrido el plazo si no había comenzado la edificación, se efectuara una revisión del estado del proyecto “para valorar si es pertinente revertir el solar al patrimonio municipal”…
¿Por qué ha tenido que pasar más de años y medio hasta dar este paso? ¿Incluye algún tipo de amenaza velada por parte del ayuntamiento a conselleria?
