La situación afecta a una familia con menores de la Calle Río Anna, aunque se ha logrado paralizar hasta el uno de septiembre
La Calle Río Anna núm.12 de Castelló ha sido hoy testimonio de un episodio cargado de angustia: un desahucio. Con solo entrar en lo que es el principio de la calle, ya se podía saborear la tensión del ambiente, que conjugaba a la perfección con los nueve agentes de la Policía Nacional uniformados, listos para entrar a la acción. Aunque finalmente no ha hecho falta gracias a la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), que han podido frenarlo a tiempo. “El caso nos entró ayer y en 20 horas lo único que hemos podido hacer ha sido contactar con Solvia y llegar a un acuerdo para suspender el lanzamiento de hoy”, explica la activista de la PAH Nicole Tudorache. Así pues, mediante una diligencia firmada por todos, se ha llegado al acuerdo de hacer una entrega voluntaria de las llaves de la vivienda el 1 de septiembre de 2020 a las 12:00.
Inés Romero/Tàrsila Galdón/Castellón Información
El drama de los desahucios ha vuelto, ya que el 4 de junio de 2020 se volvieron a tramitar todos los procesos judiciales suspendidos debido a la pandemia. Este diario ya fue testigo de un desahucio el pasado 21 de julio (Vivienda ya ha podido ofrecer una solución habitacional a los afectados de entonces), cuando no solo se tuvo que presenciar el desalojo, sino también, la actuación de la concejal de vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, y del concejal de Transición Ecológica, Fernando Navarro, para tratar de detenerlo. Estas actuaciones generaron mucho revuelo tanto dentro del ayuntamiento como, entre las propias filas de la Policía Local, quienes se sintieron ultrajados cuando solo “hacían su trabajo”, tal y como también informó Castellón Información.
Esta vez, se trata de una familia que vive desde hace 9 años en una casa que pertenece a Solvia, la inmobiliaria del banco Sabadell. Padres, hijos y nietos podrían haberse quedado hoy sin un techo donde dormir. El padre de la familia, Miguel Giménez Membrado, cuenta cómo ha vivido los momentos previos a la firma del acuerdo: “Yo estaba asustado por mis nietos. Se me caía el mundo encima”, asegura nervioso fumándose un cigarrillo cuando todo ha pasado ya: “Las cosas están muy mal porque no hay viviendas en Castelló, pero ahora tenemos dos meses más para seguir buscando”, añade.
No obstante, lo que sí es seguro es que la familia, tarde o temprano, deberá abandonar el que ha sido su hogar desde hace casi una década. La miembro de la PAH declara que no hay forma de pactar un alquiler social porque “la vivienda no tiene la célula de habitabilidad”, es decir, no cumple con los requisitos mínimos para que un espacio pueda ser habitado por personas a nivel de salubridad, higiene y solidez. Por tanto, Tudorache ha asegurado que le han pasado parte al ayuntamiento, aunque por el momento “estamos a la espera de que salga una vivienda adecuada para la familia”. Sin embargo, desde la PAH manifiestan que “hay que tener un poco de responsabilidad” porque “9 años dan para mucho” y “podrían haber hablado antes con nosotros para buscar una solución con tiempo”.
Este medio de comunicación ha contactado con fuentes del ayuntamiento y han confirmado la prórroga hasta el uno de septiembre. Ante la pregunta de qué pasará a partir de la fecha marcada para abandonar la casa, matizan que o bien se les buscará un alquiler social por parte de la entidad financiera o un realojo. Fuentes del ayuntamiento detallan que actualmente hay 221 viviendas municipales y una lista de espera de 300 personas. Pero los trámites son lentos.
Asimismo, María Sonia Jiménez Giménez, madre de la familia afectada, explica que ya obtuvieron dos vales de comida y ahora, desde Asistencia Social, se les tramitará una nueva ayuda. Así pues, con suerte, el próximo uno de septiembre esta familia ya habrá encontrado otro lugar en el que vivir.
Una historia que se arrastra nueve años atrás...
Esta situación se lleva arrastrando desde hace al menos nueve años y presenta numerosos actores y ahora, con el Estado de Alarma, la situación cobra un sentido mas dramático, vulnerable. De hecho, este edificio ya intentó ser desalojado en octubre, pero no se llevó a cabo el desahucio porque presentaron una causa de vulnerabilidad.
Fuentes de la Comisión Judicial que se encontraban esta mañana en medio del desahucio, han matizado que se les dio una prórroga de seis meses y ahora, han pasado nueve: “el expediente está agotado y es muy antiguo”. Asimismo, las fuentes judiciales han asegurado que la familia “no pagaba nada desde el año 2015”.
Por otra parte, el pasado quince de enero también se volvió a intentar desahuciar a la familia del lugar, pero no fue posible por la pandemia. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo ha impuesto una serie de medidas especiales para proteger a las personas que se encuentran en vulnerabilidad debido a la crisis sanitaria.
Pero no son aplicables todos los casos
Con este decreto, se suspendían los desahucios por un plazo máximo de seis meses a partir del dos de abril de 2020 y hasta (como máximo) el uno de octubre de 2020. Así pues, las personas que se vieran en esta situación, podían solicitar esta suspensión de desahucio. El principal problema es que esta familia ya estaba en situación de vulnerabilidad, no ha sido debido a la crisis sanitaria.
¿Entonces?
La suspensión de los plazos procesales se levantó el 4 de junio de 2020 (también los desahucios ya iniciados y los lanzamientos que tenían una fecha para llevarse a cabo). Es decir, todo se empezó a tramitar de nuevo. Por eso, María Sonia Jiménez Giménez volvió a asistir el otro día a los Servicios Sociales porque su abogado le indicó que pidiera el papel de la vulnerabilidad, pero no se lo pudieron hacer.
Y aquí está el ‘quid’ del asunto: para poder acogerse a la suspensión del procedimiento de desahucio, es necesario que la familia tenga una situación de vulnerabilidad económica y social provocada por la crisis del coronavirus. El problema de esta familia, pues, es que no se pueden acoger al Real Decreto aprobado el 31 de marzo porque además, su caso ya estaba iniciado antes del Estado de Alarma.
