Santiago Beltrán. Abogado.
Aproximadamente la mitad de la población española actual, unos 23 millones de personas, no había nacido cuando falleció Franco. Casi 30 millones de personas (un 65% por ciento del total) tenían 10 o menos años en el momento de desaparecer el anterior dictador. Los más de 18 millones de habitantes que a día de hoy tienen 32 o menos años de edad, no eran parte de la sociedad española que sufrió el golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
El 80% de españoles de menos de 45 años de edad accede asiduamente a internet.
Para la gran mayoría de todos ellos, hechos tan significativos para el país como el final de la dictadura franquista, la reforma política, la transición a la democracia, las primeras elecciones libres, la aprobación de la Constitución o los intentos de acabar con el actual régimen de derechos y libertades, solo son parte de la historia contemporánea más próxima.
Cualquier vivencia con los acontecimientos políticos y sociales enumerados, es, para quienes tienen menos de 40 años de edad, con lo que ello significa, de pura referencia, y solo a través de lo que perciben a través de los medios de comunicación son capaces de entender con un mínimo de criterio crítico aquel período de convulsiones prácticamente diarias.
Qué decir de los jóvenes universitarios que ahora empiezan o terminan sus carreras universitarias, o de quienes no habiendo estudiado esperan que la fortuna les sonría con un primer empleo.
Nadie les va a convencer de la necesidad de ciertos pactos políticos contra natura, que debieron darse para posibilitar que estemos en 2013 en el más largo período democrático de nuestra historia. Nada comprenden de apaños y componendas 'transicionales', ni de imposiciones o conveniencias institucionales. Es difícil entender, para este segmento poblacional, como se ha permitido durante tanto tiempo (más de 34 años) que la representación política esté intrínsecamente mediatizada y minimizada por un sistema electoral escasamente democrático; que se tolere la perpetuación y alternancia ‘sine die’ en el poder de dos formaciones políticas, con nulas posibilidades de acceso al gobierno de los grupos minoritarios; la sobrevaloración inaceptable de los nacionalismos periféricos, capaces de determinar y condicionar las políticas estatales; el mantenimiento de una jefatura del estado en manos de una monarquía sexista, hereditaria y ornamental, sin poder decisorio, irresponsable y decrépita; la ausencia absoluta de controles que impidan la corrupción política, institucional, empresarial, sindical, financiera y social; y fundamentalmente que el ‘tancredismo’ imperante del establishment de las elites dominantes obstaculice con todos los medios a su alcance (básicamente con la mentira y la coacción al pueblo, en forma de advertencias de desgracias ‘bíblicas’) que los ciudadanos puedan siquiera plantear justas reivindicaciones puntuales y una obligada y general refundación democrática del Estado.
Las nuevas generaciones (no confundir con la de adscripción política) exigen y merecen un nuevo marco constitucional, actualizado, reformado, natural, abierto, limpio, humanizado, igualitario, exigente y responsable, donde la participación ciudadana sea el eje y motor de todo el sistema. No solo el corazón y el cerebro sino todo el sistema circulatorio y nervioso.
Los avances tecnológicos, hoy tan extendidos y asequibles, permiten que no haya más excusas ni excepciones, y las redes de comunicación social son armas inmensamente poderosas, si se utilizan adecuadamente al servicio de los ciudadanos. La participación directa del individuo en el gobierno colectivo no solo es posible sino que se ha convertido en una exigencia de los tiempos. Poner barreras al campo solo puede provocar que esa mitad de españoles que solo sabe de dictaduras lo que refieren los libros de historia, pueda llegar a sufrirla en sus propias carnes.
