Otra cuestión en la que insiste el informe de la Sindicatura es que los presupuestos no entrasen en vigor hasta el 20 de enero de 2011, una vez comenzado el ejercicio. Precisamente, tanto los presupuestos de 2012 y 2013 se han aprobado dentro de plazo con margen suficiente para que pudiesen entrar en vigor antes de acabar el año, como así ha sucedido los dos primeros ejercicios de Moliner al frente de la Diputación.
“El diagnóstico que hace la Sindicatura de Cuentas de la evolución de la Diputación hasta 2011 es muy similar al que hizo entonces el nuevo equipo de Gobierno de Moliner y, por ello, hoy casi todas sus observaciones ya están resueltas. Agradecemos a la Sindicatura todas sus sugerencias y aunque nada de lo que nos piden sea legalmente exigible, aquellas recomendaciones que no sean excesivamente gravosas y supongan un mejor funcionamiento de la Diputación, las iremos incorporando en nuestra actividad diaria”, ha explicado Miguel Barrachina.
La Diputación de Castellón ya ha adaptado su funcionamiento administrativo y económico en apenas año y medio, lo que le permite cumplir la mayoría de las recomendaciones que figuran en el informe que ha elaborado la Sindicatura de Comptes respecto a 2011, que acaba de ser finalizado. A raíz del mismo, se fijan algunos aspectos a mejorar que, de hecho, la institución ya está cumpliendo desde hace tiempo, aunque el informe no se ha conocido hasta ahora.
En el diagnóstico que hace el Sìndic de Comptes se incluye la recomendación de que la Diputación disponga de un reglamento del funcionamiento orgánico, algo que precisamente está a punto de aprobar la institución provincial. De hecho, existe un acuerdo unánime de todos los grupos políticos de aprobarlo y que, de existir el consenso pretendido, podría ver la luz en el pleno de agosto incluyendo un capítulo específico sobre transparencia, algo en lo que la Diputación de Castellón será pionera.
Este informe también aconseja incluir en la web institucional determinada información de servicios y de las cuentas que, de hecho, ya figuran desde que Javier Moliner presentase la nueva web provincial en abril de 2012. Hay que tener en cuenta que el informe de la Sindicatura hace referencia al año 2011 y que el nuevo portal de las institución provincial entró en funcionamiento en 2012, además en solo unos meses se pasó en los índices internacionales de transparencia de ofrecer 26 parámetros informativos a 62.
El informe de la Sindicatura también advierte que debe figurar la información precisa sobre los entes dependientes de la Diputación, especialmente los mercantiles, pero desde la supresión de Vicasdi, ya no existe ninguno con actividad. Además, la institución provincial también eliminó dos de sus cuatro organismos autónomos.
Por otra parte, en la comparativa que establecen desde 2009 hasta 2011, fecha a la que hace referencia este estudio, cuestionan que haya un aumento del personal del 3,4% en esos dos años. Precisamente esta comparación, en la actualidad, tiene todos los parámetros inversos. Si hasta 2011 hubo aumento ahora hay decrecimiento. De hecho, frente a ese aumento del 3,4% entre 2009 y 2011 contrasta con la reducción del 12% del personal entre 2011 y 2013, habrá un total de 77 empleados públicos menos cuando acabe el año con respecto al punto de inicio de la legislatura.
Inversión de 800.000 euros para mejorar el servicio de Recaudación
Sobre el servicio de Recaudación, el informe de la Sindicatura de Comptes sugiere proporcionar una mejor información y una mayor coordinación. Precisamente, para eso, la Diputación ha invertido en los dos últimos años 800.000 euros en un nuevo aplicativo informático que ya está funcionando, aunque todavía aún no está concluida su implantación. Gracias a ello, la Diputación permite a los ayuntamientos ver mensualmente la evolución del cobro de sus tributos.
También incide el documento en la conveniencia de reducir los reconocimientos extrajudiciales para tener un mayor control del gasto. En este punto, la Sindicatura ha asumido la alegación de la institución provincial y que demuestra que de los 3.729.000 euros de reconocimientos extrajudiciales que hubo en 2011, en 2012, apenas un año después de la llegada de Moliner a la presidencia de la Diputación, ya se habían reducido este tipo de pagos a apenas 947.000 euros.
Otro aspecto en el que ha hecho un esfuerzo especial la Diputación esta legislatura es en el de la reducción de la deuda, algo que también aconsejaba este informe respecto a la situación existente en 2011. Tanto es así, que después de advertir que entre 2009 y 2011 aumentó la deuda de 95 a 140 millones de euros, el ejercicio 2013 se cerrará con 103 millones de euros de deuda tanto con las entidades financieras como con el Estado.
Cambio de tendencia para poder invertir ya
En esta línea, hablan de la “necesidad de financiación” que había en 2011 de 36 millones de euros en negativo para la Diputación. Este dato contrasta con el hecho de que ya solo un año después, en 2012, como refleja la Liquidación del Presupuesto aprobada la Diputación de Castellón ya tenía una “capacidad de financiación” de 20 millones de euros. Esto significa que, en apenas un año, la institución provincial pasó de necesitar 36 millones de euros para sus compromisos, a disponer de 20 millones de euros para asumir nuevos proyectos e inversiones sin necesidad de endeudarse.
Otra cuestión especialmente relevante del informe de la Sindicatura es que aconseja, a la vista de los datos de 2011, mejorar el periodo medio de pago a los proveedores, ya que en 2011 era de 47 días de media, según su estimación. Precisamente, el último informe de morosidad demuestra que la Diputación de Castellón es una institución modélica a nivel nacional, ya que está asumiendo sus pagos en apenas 17 días.
Esto se ha conseguido gracias, entre otras cosas, al sistema de trazabilidad de las facturas impuesto por Moliner y Barrachina, vicepresidente Hacienda y Contratación, que evita que se queden en los cajones. El compromiso de la Diputación es máximo en este aspecto, como demuestra el hecho de que hace apenas un año se comprometiese el Presidente a retrasar el cobro de su nómina si los proveedores no cobraban dentro del plazo legal de 30 días, algo que han venido recibiendo sin ningún tipo de contratiempo en todo este periodo.
