Susana Ros. Diputada socialista por Castellón en el Congreso.
La Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que pretende realizar el PP es una privatización y desmantelamiento de los servicios públicos municipales. Es un nuevo engaño
No es cierto que se vayan a ahorrar 3.500 M€, ni que el objetivo sea una mayor eficacia y eficiencia de las corporaciones locales. Es, simple y llanamente, un nuevo hachazo al Estado del Bienestar, en este caso en el tronco de los ayuntamientos
El PP está privatizando la sanidad, la educación y, ahora, les toca privatizar los servicios públicos municipales.
La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno dejará al 82 por ciento de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de mil habitantes. Pero no es nada nuevo porque ya el 81% de los concejales de nuestro país no percibe ningún salario.
Porque la propuesta presentada ni evita duplicidades, ni produce ahorro, ni aclara las competencias municipales, ni mucho menos garantiza su financiación. Lo que realmente hace es quitar competencias a los ayuntamientos para dárselas a las Diputaciones.
Los Ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes quedarán sin capacidad para poder ejercer sus competencias que pasarán a depender de las Diputaciones Provinciales. Esto es un retroceso democrático que nos devuelve a los años 70, porque traslada a las Diputaciones -cuyos miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos- la capacidad de decidir sobre los servicios que éstos reciben, mientras sus alcaldes electos quedan supeditados a la voluntad de la propia Diputación e incluso a la del Secretario/Interventor del Ayuntamiento.
Porque la Reforma contempla que las Diputaciones se queden con las competencias, pero que los servicios públicos se presten a través de empresas concesionarias, a las que van a dar garantía de negocio. Por ejemplo, el abastecimiento de agua, la recogida de basuras y el transporte público de viajeros se reservan para el sector público en régimen de monopolio. Así las empresas concesionarias que presten estos servicios podrán subir los precios, sin tener ningún competidor en el mercado.
Y aquí ya sabemos como actúa la Diputación. La última gastarse más de 7.000 euros para veinte entradas de toros cuando rechaza asumir el servicio de teleasistencia.
Transparencia, regeneración democrática, nuevos cauces de participación ciudadana…algunos ingredientes que urge en la sociedad.
