Enrique Domínguez. Economista.
A pesar de lo complejas y difíciles que son las estimaciones de las actividades que no tienen ni luz ni taquígrafos, las cifras publicadas recientemente por los técnicos de Hacienda no admiten dudas: Más de una cuarta parte de la actividad económica de la provincia no tiene papeles que la avalen, ni albaranes, ni facturas, ni impuestos satisfechos por ellas.
En la provincia de Castellón superamos la media española y, al igual que en el conjunto del país, el peso de lo que llamamos economía sumergida o irregular se ha incrementado varios puntos desde el inicio de la crisis. La crisis, pues, ha acentuado el problema y, gracias a ello, aunque parezca contraproducente, se ha evitado una mayor crispación social.
Porque, si una parte no pequeña de los cerca de seis millones de parados en España o de los ochenta y cinco mil de Castellón, según datos de la Encuesta de Población Activa, no se dedicaran a esas actividades “sumergidas” la situación social sería mucho más complicada.
Pero también han contribuido a ello nuestras peticiones de transacciones económicas sin factura, la no cotización de trabajadores por parte de algunas empresas, los profesionales que no hacen facturas, una parte de las ventas de productos agrícolas, así como actividades más delicadas como la prostitución o el narcotráfico y determinadas ingenierías financieras, así como las “ventajas impositivas” que las grandes empresas, generalmente, saben utilizar.
Se dice que los elevados impuestos propician ese aumento de la economía sumergida; puede ser, pero creo que la razón es más profunda. Aunque se sea liberal o progresista, aunque se crea que los impuestos deben ser los mínimos o los necesarios, si se tiene la convicción de que deben pagarse, otro gallo nos cantaría.
Y no ayuda nada el constatar que, en ocasiones, quien gestiona nuestros impuestos los despilfarra o no es trigo limpio. Y, por si fuera poco, no sabemos exigir en qué se gastan nuestros impuestos.
Con esto no quiero justificar una parte de esa economía sumergida, pero sí decir que hace más difícil ser fiel a los principios.
Todavía en nuestra sociedad el evadir tiene su prestigio y el “distraer” ciertos ingresos se considera normal porque “más malgastan los que nos gobiernan”.
Pero, ¿cómo conseguir reducir ese porcentaje de más del veinticinco por ciento de economía sumergida? Erradicarla totalmente es una utopía, pero rebajarla a los niveles de Alemania o Francia debería ser un objetivo a medio plazo ¿Podemos?
Se puede aumentar la inspección fiscal, laboral, antidroga, tecnológica,..; plantearse la legalización de algunas actividades sumergidas como la marihuana o la prostitución, y, en particular, actuar sobre lo que debe ser en mi opinión la base de la solución del problema: Concienciar al ciudadano y a la empresa en la necesidad de gestionar en la superficie todas las actividades, no sumergirlas, y, por supuesto, como contrapartida, en hacerles ver la imperiosa necesidad de saber defender sus derechos, de saber exigir a quien corresponda el destino de esos impuestos, los mínimos o los necesarios.
Y no es soñar despierto todo lo que antecede. La encuesta periódica del Centro de Investigaciones Sociológicas señala desde hace bastantes meses a la clase política como un problema relevante. Da la impresión que cada piedra que levantamos esconde corrupción; y, en opinión de algunos, debemos dar gracias porque sólo es vox populi una pequeña parte.
Por todo eso es importante esa concienciación. Si esa elevada tasa de economía sumergida ha contribuido en una parte relevante a que esta crisis que no acaba no haya producido más crispación social, hay que luchar para reducirla porque un país así es cada vez más ingobernable. ¿Qué opinan ustedes?
