Enrique Domínguez. Economista.
Hay un dicho muy conocido y que se cumple desde hace bastantes años cuando nos referimos a la política y, sobre todo, a las promesas de los políticos. Es aquel que dice, “del dicho al hecho hay un gran trecho”.
Recientemente se ha publicado la ‘Estrategia de vivienda y regeneración urbana de la Comunidad Valenciana 2014-2020’ y su primer objetivo genérico es el de “propiciar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna, y especialmente a los que han quedado en situación especialmente desfavorecida como consecuencia de la crisis económica”. Nada más loable.
En esos mismos objetivos genéricos, son curiosas las palabras que en cada uno de los cuatro objetivos destacan en negrita: “acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna”, “generación de actividad y empleo”, “calidad de vida de los ciudadanos” y “respeto por los valores urbanos, patrimoniales, naturales y medioambientales”. Totalmente loable.
¡Qué bonito si fuera verdad! Se intenta, al menos, me dirán ustedes. Es cierto, se intenta. Pero los medios que se ponen en marcha (y eso es complicado en una comunidad tan endeudada) son escasos. Muy pocos recursos para tan grandes palabras. Y mucho más en tiempo de elecciones.
En realidad lo que se firma es un “convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Valenciana para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación urbanas 2013-2016”.
El acceso a la vivienda se refiere a las viviendas públicas y se reconoce que el parque público de viviendas de la Generalitat Valenciana data en su mayor parte de los años 50-60 del pasado siglo y que tiene necesidades de regeneración/rehabilitación que aseguren unas condiciones adecuadas de habitabilidad.
Es cierto lo anterior, pero las necesidades de las personas sin recursos suficientes y sin techo y con la imperiosa necesidad de encontrar un lugar digno y habitable están ahí y no pueden esperar. Y el parque de viviendas públicas es escaso.
Sin embargo, existe un gran número de viviendas terminadas y vacías propiciado por la pasada burbuja inmobiliaria y que se están deteriorando por el no uso. ¿Deben seguir así o se puede arbitrar un alquiler social que permita su utilización? Los desahucios que cada día se producen, ¿no pueden reconducirse?
En todo caso, las 35 páginas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de prolija descripción de todos los pasos del convenio junto al manual de gestión del mismo, reflejan una actuación excesivamente encorsetada para dar solución, al menos con la urgencia que requiere, al problema que presentan demasiadas familias valencianas en el tema del alquiler de vivienda.
Otro de los programas que incluye el convenio hace referencia al fomento de la rehabilitación edificatoria. Esto es muy importante para el sector cerámico porque le permite poder participar en la reforma de los trece millones de viviendas ubicadas en edificios anteriores a 1981 en toda España. Se trata de un plan PIVE para las viviendas y que, tras la conclusión del anterior en 2012, no se había puesto en marcha todavía. Cuando salga la convocatoria en febrero habrá que ver si también entran en las ayudas las obras realizadas en 2013 y 2014.
Bueno es que existan ayudas que propicien la actividad en el sector de la construcción y en todos los relacionados con ella, entre ellos el cerámico, pero, para que un ciudadano invierta en la reforma de su residencia habitual necesita de unos ingresos más o menos seguros y de capacidad financiera para endeudarse. Por eso es primordial la dinamización del mercado interior y las políticas activas de empleo que mejoren los ingresos de las familias y propicien el plantearse reformas.
En todo caso, deberían incluirse también las viviendas de segunda residencia porque sus problemas son los mismos que los de la vivienda habitual. Y este es un problema relevante en las zonas turísticas.
Al final, el éxito o fracaso de esta estrategia va a depender de los medios financieros que se arbitren, de la mayor o menor burocracia para optar a las ayudas y de la rapidez en recibirlas. Por eso, del dicho al hecho, ¿habrá un gran trecho?
