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El Ayuntamiento de Castellón ha cerrado el acuerdo con Facsa para evitar cortes en el suministro de agua a familias en situación de vulnerabilidad, una medida que se enmarca dentro del compromiso del Gobierno Municipal de reducir los niveles de pobreza energética. El teniente de alcalde y concejal de Juventud, Bienestar Social y Dependencia, José Luis López, ha mantenido esta semana una reunión con técnicos de la empresa para acordar la manera en que se tramitarán estos casos.
Este acuerdo llega solo una semana después de que la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, mantuviese reuniones con representantes de empresas de suministro de luz, gas y agua, quienes se pusieron a disposición del Gobierno Municipal para ampliar el protocolo de atención a la pobreza energética. El concejal José Luis López ha subrayado que “cada vez son más las familias en riesgo de exclusión social que necesitan que se les ayude a hacer frente al pago de los recibos del agua para evitar el corte del suministro”.
El responsable del área de Bienestar Social y Dependencia ha detallado el procedimiento acordado para atender a estas familias. “El Ayuntamiento identificará las necesidades de las familias a través de un estudio y valoración de la situación y, después, elaborará una propuesta de concesión de las ayudas”, ha explicado López, quien ha subrayado que “se hará de acuerdo a los criterios de la comisión de evaluación de Bienestar Social, que estudiará caso a caso”.
Una vez identificados y evaluados los casos, el Ayuntamiento de Castellón se lo comunicará a Facsa, “que se ha comprometido a paralizar el corte de suministro de agua cuando le notifiquemos que el usuario es un beneficiario de una ayuda municipal para hacer frente al pago del recibo”.
La concesión de esta ayuda supondrá la inscripción del beneficiario como demandante de emergencia social y seguirá el protocolo habitual en estos casos. “No se trata de pagar estas facturas sin más, sino que el objetivo final es que, a través de la mediación de los trabajadores sociales, la situación de estas personas se normalice”, ha explicado el concejal de Bienestar Social José Luis López.
La ampliación del protocolo de pobreza energética para incluir también el suministro de agua se hará con cargo a la partida de 335.000 euros acordada por la Junta Local de Gobierno para incrementar las prestaciones de emergencia social con el objetivo de ayudar a la gente que más lo necesita.
