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La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha anunciado que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja formal presentada por todos los diputados y senadores valencianos del PP contra el decreto del “chantaje lingüístico educativo” valenciano aprobado por el Consell.
Beatriz Gascó ha explicado que la queja "está motivada en que este decreto discrimina a los niños y jóvenes de habla castellana corrompiendo su derecho constitucional, desnaturaliza el Estatuto de Autonomía y, además, va en contra de leyes orgánicas educativas”.
En el texto se solicita al Defensor del Pueblo que realice las actuaciones pertinentes para “restituir la igualdad de trato para las dos lenguas oficiales, el respeto para quienes libremente elijan castellano, que educarse en la lengua materna no suponga estigmatización, que no haya recompensa con titulación en inglés para quien abandone su lengua, que sigan siendo madres y padres quienes elijan y que no se declare a ninguna lengua 'de manera general' como exclusiva en el ámbito escolar, donde las relaciones deben estar presididas por la libertad y no por la imposición”.
Gascó ha subrayado que “el decreto del Consell incumple la legalidad al vulnerar los derechos de quienes opten por estudiar en castellano al verse penalizados. Se discrimina en función de la lengua y es evidente que con esta norma los alumnos castellanohablantes van a ser discriminados y van a tener muchas menos opciones académicas en el presente y laborales en el futuro”.
Asimismo, ha indicado que la norma “es adoctrinadora y va más allá de la regulación estrictamente educativa. Dice expresamente que ‘se deben dar pasos más allá de las aulas y ayudar a los alumnos a construirse una identidad’. Están copiando la hoja de ruta diseñada por el independentismo catalán”.
La diputada popular ha añadido que estamos “ante un chantaje a las familias, una coacción y una extorsión porque da más inglés a cambio de más horas en valenciano. Si se quiere aprender inglés hay que pasar por el aro de Compromís. Es un chantaje que condiciona a las familias. Incluso suprime la enseñanza en inglés en infantil desde los tres años, un retroceso sin ninguna evaluación que lo justifique”.
