Jorge Fuentes. Embajador de España.
Hace algunos años el genial cineasta Luis García Berlanga dirigió el film ‘Todos a la cárcel’ en que numerosos políticos, empresarios y religiosos de moral dudosa, acababan en ‘chirona’ purgando culpas y haciendo negocios. Hoy se está produciendo el fenómeno contrario: terroristas, asesinos y violadores salen masivamente a la calle ¿Qué está ocurriendo?
Todo arranca una vez más de los tiempos de Franco. La situación en la España de aquellos tiempos estaba tan controlada también desde el punto de vista de la seguridad ciudadana que el régimen pudo permitirse el lujo de aprobar un código penal ‘blando’ en que la pena máxima era de 30 años revisable a la baja por beneficios penitenciarios. Al morir Franco en 1975, nadie en los sucesivos gobiernos de UCD, PSOE o PP, cayó en la cuenta de que el aumento de libertades propio de la democracia, podía llevar consigo el crecimiento de la inseguridad, grave contradicción que ha llevado en muchos casos a sentir nostalgia por pasados tiempos autoritarios.
Los veinte años comprendidos entre 1975 y 1995, año este último en que se aprueba la reforma del Código Penal se cuentan entre los más convulsos de la Historia de España, con constantes atentados terroristas y comisión de crímenes atroces. Pero he ahí que los criminales seguían siendo juzgados según las normas del tolerante código franquista. Cuando ya en el siglo XXI se elaboró la Doctrina Parot para intentar evitar las inminentes excarcelaciones, era demasiado tarde. La Doctrina era ilegal pues quebraba el principio de irretroactividad de las leyes; podía aplicarse a los delitos cometidos después de 1995 pero no a los que se habían perpetrado antes.
Por eso el Tribunal de Estrasburgo ordenó las excarcelaciones y por eso en los últimos días hemos visto a 54 etarras y media docena de otros asesinos comunes, sembrando la inquietud en los pueblos de España.
¿Quién es culpable de este estado de inseguridad que se está creando en nuestro país? En primer lugar sin duda, los terroristas y los restantes asesinos que fueron quienes delinquieron. Pero inmediatamente después, los miembros de los poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo y judicial que fueron incapaces de prever la que se nos venía encima. Tuvieron al menos veinte años para reformar las leyes y acoplarlas a las nuevas necesidades, pero los perdieron. Debían haber previsto que estas excarcelaciones masivas y la consiguiente alarma social se iban a producir, pero no lo hicieron.
El resultado ahí está: la sociedad española está cada vez más indignada con las iniquidades que se están produciendo ante sus asombrados ojos: los etarras son festejados en sus localidades como verdaderos héroes; los responsables vascos de seguridad insisten en que aquello no es enaltecimiento del terrorismo; los ertzaintzas miran a otro lado; los violadores y asesinos salen de la cárcel encapuchados para ocultar su actual imagen y gozar de impunidad para la comisión de nuevos delitos, como auguran los psiquiatras.
Y los poderes del Estado columpiándose una vez más incapaces de prever los acontecimientos y de ponerles algún remedio, mejor que lo hubieran hecho a priori pero al menos haberlos hecho a posteriori. Por ejemplo, retrasando tanto como hubiera sido posible la aplicación de las decisiones de Estrasburgo.
